La Comisión Europea ha enviado este jueves un dictamen motivado a España, segunda fase de un procedimiento de infracción, por considerar que no ha examinado en detalle, tal como exigen las normas de la UE, el impacto medioambiental del dragado del último tramo del río Guadalquivir y en particular los efectos negativos sobre los espacios protegidos cercanos, como el parque natural de Doñana. Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para adoptar medidas correctivas. En ausencia de una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. En su dictamen motivado, el Ejecutivo comunitario pide a España "prudencia" en la modernización del acceso marítimo al puerto de Sevilla, y que evalúe de nuevo los posibles efectos negativos en Doñana y en otros sitios protegidos por la red Natura 2000. EL ESTUDIO CIENTÍFICO Bruselas se remite a un estudio científico llevado a cabo recientemente por las autoridades españolas que indica que "el dragado del canal de navegación tendría efectos negativos graves sobre la forma del estuario y su biodiversidad, que repercutirían sobre los sitios naturales protegidos vecinos". La Directiva de Hábitat de la UE exige que todo proyecto susceptible de tener un efecto significativo sobre un sitio protegido debe ser objeto de una evaluación de impacto apropiada. La norma autoriza, por razones imperativas de interés público mayor, la realización de proyectos que hayan recibido una evaluación negativa, pero en ese caso exige medidas compensatorias para los espacios protegidos. LA DENUNCIA DE WWF ESPAÑA Fue en octubre del año 2013 cuando la Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de "infracción contra España" por el proyecto de dragado del Guadalquivir impulsado por la Autoridad Portuaria de Sevilla, a raíz de la queja interpuesta por WWF España, confirmando de esta manera las autoridades europeas que este proyecto puede "vulnerar la normativa comunitaria de protección de la naturaleza, por los graves impactos que ocasionaría sobre Doñana y otros espacios de la Red Natura 2000", según indicada entonces WWF en un comunicado. Por ello, la organización conservacionista reclamaba al entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Miguel Arias Cañete, a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que se abandonara "definitivamente este proyecto ilegal" y se pusiera "en marcha la recuperación del Guadalquivir". En mayo de 2012, WWF España presentó una queja ante la Comisión Europea contra el dragado de ensanche y profundización del estuario del río Guadalquivir, que la Autoridad Portuaria de Sevilla pretendía llevar a cabo dentro del proyecto 'Actuaciones de mejora en accesos marítimos al puerto de Sevilla'. La organización conservacionista presentó la queja al considerar, de acuerdo con los dictámenes científicos -como el de la Comisión para el estudio de las afecciones del dragado del río Guadalquivir-, que el proyecto dañaría gravemente la integridad de espacios protegidos por la legislación europea, como el Parque Nacional de Doñana o el propio estuario. LA SENTENCIA DEL SUPREMO A principios de este mismo mes de marzo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo declaraba la nulidad del dragado del canal del Puerto de Sevilla en el río Guadalquivir al estimar parcialmente el recurso que también presentó la asociación ecologista WWF-Adena contra el Real Decreto por el que se aprobó el Plan Hidrológico del Guadalquivir. Con esta obra, promovida por el Puerto de Sevilla, la capital aspiraba a captar la llegada de grandes barcos y cruceros. Según la resolución, también se declara la nulidad de la calificación de dicha obra de dragado como "medida complementaria". El dragado del canal que ahora se declara nulo preveía incrementarse 6,8 metros a 8 metros la profundidad en el tramo de la desembocadura. Y de 6,5 metros hasta los 7,60 metros en el canal fluvial.