El viernes la Embajada Permanente de España ante la Unión Europea recibía una carta de la Comisión Europea advirtiendo de sanciones. Bruselas llama a España al orden sobre el colapso hídrico y medioambiental que sufre el humedal más relevante del continente, el de Doñana.
La directora general de Medio Ambiente de la Comisión, Florika Fink Hooijer, asegura en su misiva que tomarán “todas las medidas necesarias” si la legalización de hectáreas de regadío sigue adelante en Andalucía. El caso amenaza con llevar la gestión de la mayor reserva natural del sur de Europa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
A pesar de la sequía, llueve sobre mojado y la carta retoma una serie de advertencias: en enero de 2022 Bruselas ya reaccionó con “inquietud y estupefacción” por el plan del gobierno de Moreno Bonilla para legalizar hectáreas de regadío –muchas de ellas ilegales– que extraen agua del acuífero sobre el que yace la reserva de Doñana, patrimonio de la humanidad desde 1994.
La legalización de los regadíos de Doñana es un tema que repite en la confrontación del actual mapa política español. Con el PP al volante de la Junta de Andalucía y competencias en ordenación del territorio, Moreno propone legalizar explotaciones agrarias ilegales, granjeándose el apoyo de las poblaciones que rodean Doñana. La actual medida afecta directamente , según cálculos de la Junta, a 650 familias.
Mientras, desde Madrid, y con las competencias en agua, a la ministra de Transición Ecológica le toca decir que no es no. No habrá agua y no se puede ignorar la ley. Teresa Ribera califica la propuesta de PP y de Vox –que aún debe debatirse en el Parlamento de Andalucía– como propia de “negacionistas de la protección ambiental".
Desde la Junta de Andalucía, el portavoz y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, lamentaba que el gobierno de Pedro Sánchez esté enturbiando la visión de Bruselas sobre lo que su gobierno pretende hacer en Doñana, “la interpretación que está haciendo la Comisión Europea no es correcta”, sentencia.
La Junta mantiene que “no se tocará el acuífero” y que solo está planificando sobre el agua en superficie. Pero esa agua en superficie aún no existe, ni podrá llegar a la región porque no hay transvases construidos.
La propuesta de legalizar los regadíos de la corona norte de Doñana, la zona del Condado, ya salió a la palestra en las anteriores elecciones andaluzas, las autonómicas que le dieron a Moreno Bonilla su flamante mayoría absoluta. El PP, a la puerta de unas municipales y con varias de las localidades de Huelva en manos de gobiernos socialistas, vuelve a usar la guerra del agua para los agricultores… aunque estemos en una de las mayores sequías que se recuerdan.
El TJUE ya sancionó a España por los pozos ilegales de Doñana en junio de 2021. La sanción se hizo eco de las denuncias de movimientos ambientalistas que, durante décadas, alertaban de que el boom de la agricultura de regadío en la zona esquilma un acuífero que, en julio de 2020, ya tuvo que ser declarado como sobreexplotado.
“Esta nueva llamada al orden de Bruselas no me sorprende, el PP presenta la misma propuesta cambiando términos, pero la idea es la misma”, explica el portavoz de WWF para Doñana, Juanjo Carmona, cuya entidad forma parte de los órganos de participación en la gestión del Parque Natural junto a agricultores y administraciones. “No entiendo como la Junta, en lugar de hacer lo que le compete en materia de ordenación del territorio, propone regular agua cuando ni hay agua ni es su competencia”.
La confrontación política a raíz de Doñana con el reparto de cartas actual es curioso, pues el PP propone incumplir un Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) que se firmó bajo un ministerio del propio PP en 2004.
Desde WWF exigen que se proceda al cierre de pozos ilegales, pero con control y evaluación. A pesar de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anuncia periódicamente el cierre de decenas de pozos, los ambientalistas ofrecen evidencias de que se siguen abriendo.
“Estamos viviendo un momento muy oscuro en nuestra política y en la historia del Parlamento de Andalucía, la ordenación del territorio la hacen los técnicos, pero el PP se lleva esto al Parlamento por cálculo electoral”, advierte Carmona.
El PP de Andalucía esgrime los derechos adquiridos por parte de los agricultores que explotan el acuífero ilegalmente desde hace años. La UE sentencia que hay que “garantizar de forma inmediata la protección estricta de los excepcionales valores naturales de Doñana” y el gobierno de España se alinea en la protección ambiental.
Ante este choque de trenes, hay propuestas alternativas que quieren evitar una confrontación enquistada que, simplemente, prolongue la actual situación con un acuífero esquilmado y una sequía galopante.
“Necesitamos contar con una visión del agua con criterios sociales que reduzcan el impacto”, reflexiona Leandro del Moral, catedrático y experto en gestión del agua, miembro de la Mesa Social del Agua, uno de los entes de diálogo sobre Doñana. La propuesta se apoya en los avances tecnológicos que permitirían analizar el uso del acuífero, la producción que genera y el tipo de explotaciones. “Es la mejor manera de que, tras muchos años, se cumpla la ley y el POTAD”.
“Durante décadas, los agricultores vienen dando por hecho que nadie cumplirá la ley, así, bocado a bocado, los campos de secano van pasando a regadío y nadie actúa. Hay falta de medios en las administraciones, pero también falta de voluntad política”, apunta Carmona.
La voluntad política de la Junta de Andalucía pretende ahora, precisamente, garantizar derechos supuestamente históricos a los agricultores que tras la ordenación del territorio de 2004 y su revisión en 2014 obviaron las limitaciones y desarrollaron campos de regadío. Mientras, las más de 200 mil aves acuáticas de más de 300 especies que anidaban en las marismas de Doñana se quedan sin sitio. Las elecciones no son buen momento para la biodiversidad.
