El jerezano Antonio Sanz se ha convertido, recientemente, en el cuarto consejero de Salud que Juan Manuel Moreno Bonilla nombra desde que llegara a la presidencia andaluz en 2018. El primero fue Jesús Aguirre, a quien siguió la jienense Catalina García, que fue destituida en el 2024 por el exponencial aumento de las listas de espera, y hace escasas dos semanas, apenas un año más tarde, Rocío Hernández se veía obligada a presentar su dimisión ante el escándalo de los cribados de cáncer de mama.
Antonio Sanz pasa ahora a ser el responsable del área sanitaria de Andalucía, un nombramiento express que le pone un importante reto por delante: tratar de salvar la imagen del Servicio Andaluz de Salud (SAS) antes de las elecciones autónomicas de 2026. Moreno Bonilla elige a su mano derecha para abordar esta tarea, una labor complicada ante el enorme descontento ciudadano, que ha sido creciente en los últimos años, como han evidenciado las continuas denuncias y otras tantas manifestaciones contra la gestión que el Ejecutivo andaluz ha venido realizando en este ámbito, donde el considerable crecimiento de las listas de espera o la limitación de los recursos, entre otros asuntos, ha provocado gran irritación entre los andaluces. Al contexto previo se ha sumado hace unas semanas la gota que si no ha colmado el vaso a punto está de hacerlo. El caos surgido en los cribados del cáncer de mama está provocando gran temor entre la población, donde aumenta el nerviosismo por si esta situación, en la que no se está informando a los pacientes de los resultados de sus pruebas oncológicas, podría estar replicándose en otro tipo de enfermedades, como apuntan distintos testimonios de afectados que se están conociendo. Además, el nerviosismo entre las mujeres es extenso, pues muchas desconocen los resultados de las pruebas que se realizaron hace uno o dos años y, si estas fueran positivas, viven intranquilas por si el cáncer pudiera estar avanzando en sus fases.
Como se hacía mención, Sanz será el cuarto consejero de Salud en siete años. En este punto cabe recordar dos asuntos, el primero que, a pesar de los problemas mencionados por los que pasa el sistema sanitario público andaluz, dos de sus más altos cargos de gestión como son la viceconsejera de este área, María Luisa del Moral, y la gerente del SAS, Valle García, siguen en sus cargos desde el año 2023. Es decir, se mantienen en su posición a pesar de este último escándalo, el aumento de las listas de espera o el cierre de especialidades en Hospitales de Alta Resolución, entre otros asuntos. Además, aunque no pase, por el momento, a ocupar cargos en la Consejería de Salud, el viceconsejero de Antonio Sanz en el área de Presidencia, Tomás Burgos, sigue ostentando el mismo puesto aunque saliera a la luz que mintió al decir que era médico.
Sanz arranca en la Consejería de Salud con un bulo
En una entrevista reciente, Antonio Sanz ha dejado distintas declaraciones que han resultado un poco llamativas, sobre todo atendiendo a los episodios vividos en las últimas semanas, las informaciones que se han ido conociendo y procedimientos marcados que han salido a la luz. En este sentido, además de cargar de manera continuada contra María Jesús Montero, el nuevo consejero de Salud aludía a que, ante los fallos que se han dado en el SAS en lo relativo a los cribados del cáncer de mama, un solo error le "rompe el corazón", algo que según él también le ocurre a Moreno Bonilla, afirmando que "no cabe ninguna justificación". Si bien, cuando saltó a los titulares este escándalo, el presidente andaluz trataba de justificarse alegando que los médicos ante pruebas no concluyentes pero con posibles indicios, decidían no comunicar los resultados y esperar a pruebas posteriores, con la intención de no provocar incomodidad.
De hecho, esto último era algo en lo que tanto Moreno Bonilla como Juan Bravo trataban de resguardarse para tratar de frenar el aluvión de críticas que el Gobierno andaluz estaba recibiendo por el gran fallo que se había dado dentro del SAS y ante el cual estaban dando pocas respuestas a los vecinos de esta comunidad autónoma. Así, ambos propagaron un bulo con el que buscaron derivar responsabilidades hacía María Jesús Montero, quien en fuera hace más de una década consejera de Salud en Andalucía.
Así, en el Congreso de los Diputados, el popular Juan Bravo señalaba directamente a la actual vicepresidenta del Gobierno de España, afirmando con seguridad "fue usted la que eliminó la obligación de informar a los pacientes". A la palabras de Bravo, se sumaban las de Moreno Bonilla en una rueda de prensa, quien aseguraba que "cuando la prueba era no concluyente, en muchos casos las mujeres no eran informadas porque en el protocolo vigente, que fue aprobado en el año 2011, se eliminó la obligación de informar a las mujeres que no tenían un diagnóstico claro. La primera decisión que ha adoptado mi gobierno en cuanto hemos sido conscientes de esta situación, que fue la semana pasada, fue la de cambiar ese protocolo de manera inmediata".
No obstante, en relación a este asunto hay dos puntos a tener en cuenta. El primero, el hecho de ser un bulo, ya que en el Protocolo Asistencial Integrado del cáncer de mama al que hacían referencia se expresa textualmente en el Anexo 1 que la paciente deberá ser informada del resultado del estudio sea cual fuere, el diagnóstico y las alternativas de tratamiento más adecuadas en su caso. No solo a la persona a quien se realizan las pruebas, sino que también se habla de las familias. Además, en el 2021, con Jesús Aguirre como consejero de Salud, el Gobierno andaluz ponía en marcha la Estrategia de Cáncer en Andalucía, en la que resaltaba que además de prever una atención prioritaria a la detección precoz, subrayaba la importancia que se daba a reducir los tiempos de espera para conocer los resultados de las pruebas diagnósticas.
Una serie de elementos que Antonio Sanz parecía no tener en cuenta al afirmar, nuevamente, en la entrevista que "el protocolo del 2011 no obligaba a informar a las mujeres ante un resultado no concluyente", como justificación a este suceso.
¿Resta importancia a las listas de espera?
En las respuestas que concedió, aunque Sanz mencionaba que se debía seguir trabajando en este asunto, alcanzaba a decir que "bueno, las listas de espera existen en toda España, tanto en el ámbito quirúrgico como en el diagnóstico". En este sentido, cabe señalar que Andalucía es una de las cinco comunidades autónomas españolas que no comunican las cifras relativas a las pruebas diagnósticas.
Los indicadores que marcan la demora que los pacientes afrontan a la hora de poder disponer de una cita con un médico especialista o someterse a una cirugía, por ejemplo, se vuelven claves para conocer el estado en el que se encuentra el sistema sanitario de un determinado territorio. No obstante, a pesar de aprobarse en el 2003 el Real Decreto 605 de aquel año, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud y en el que se indica que las comunidades autónomas deben hacer públicas las listas de espera de primera consulta con el especialista, las de las determinadas cirugías y las de las pruebas diagnósticas, hasta cinco regiones españolas parecen venir haciendo caso omiso a esta obligación al no trasladar los datos correspondientes al tercer ámbito marcado, siendo estas Andalucía, Baleares, Valencia, Aragón y Navarra.
Este es un aspecto que adquiere gran relevancia, pues a la hora de entender si un sistema sanitario rueda con normalidad o a duras penas hay que conocer estas estadísticas de manera conjunta, ya que se encuentran directamente relacionadas. Es decir, una reducción del tiempo de espera para ser operado no es tal si las pruebas diagnósticas que se realizan previamente experimentan un importante retraso. Por ello, aunque Sanz subraye que en Andalucía se ha logrado reducir un 60% la cifra de pacientes que aguardaba una operación, se desconoce cuánto tiempo se tarda en realizar las pruebas previas necesarias o en conocerse los resultados.
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