La Oficina Andaluza Antifraude ha puesto bajo la lupa al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por presuntos sobresueldos ilegales a dos cargos intermedios de enfermería, un caso que estalla en pleno epicentro de la crisis por los fallos en el cribado de cáncer de mama y que podría revelar una práctica extendida en la red hospitalaria andaluza. La investigación se centra en dos coordinadoras de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción, que habrían percibido durante años complementos por nocturnidades y turnos festivos sin haberlos realizado. La denuncia apunta, además, a un posible modus operandi que afectaría a otros cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde múltiples responsables habrían asumido funciones de gestión sin un reconocimiento administrativo claro, una situación que abre la puerta a irregularidades retributivas aún por cuantificar.
El expediente no lo investiga únicamente Antifraude. Tal y como apunta ‘El País’, el Servicio Andaluz de Salud analiza de manera interna la documentación relacionada y el Defensor del Pueblo andaluz también ha iniciado sus propias diligencias. La denuncia presentada el pasado 29 de octubre sostiene que las dos coordinadoras, seleccionadas como personal de confianza, dejaron de realizar funciones asistenciales para dedicarse exclusivamente a tareas administrativas de apoyo y gestión. A pesar de ello, habrían mantenido el cobro de los complementos salariales correspondientes a noches, festivos o turnos rotatorios.
El documento remitido a Antifraude detalla que estas profesionales ejercían en un horario estable de lunes a viernes por la mañana, sin obligación de guardias ni turnos irregulares, mientras seguían recibiendo las cuantías asociadas a esas jornadas especiales. El organismo fiscalizador confirma que la denuncia continúa en análisis y que, si observa indicios de delito —como malversación de fondos públicos—, trasladará el caso a la Fiscalía.
Más de 100.000 euros en pagos cuestionados
Los denunciantes estiman el supuesto fraude en unos 108.000 euros acumulados en los últimos cinco años, a lo que habría que añadir el complemento de rendimiento profesional, cifrado en unos 3.000 euros anuales. Para verificar la información, proponen contrastar las planillas de turnos del supervisor de la unidad, los registros de firma de presencia y las nóminas abonadas durante el periodo investigado.
Por ahora, el SAS se limita a señalar que “ha recibido una comunicación a través del sistema interno de información y lleva a cabo un análisis de la información recibida con el máximo rigor y transparencia”. El organismo sanitario no aclara si exigirá la devolución de las cantidades que pudieran haberse cobrado de forma indebida ni si existen más responsables implicados entre los 266 cargos intermedios y 23 directivos del hospital.
El supervisor de enfermería de la unidad, identificado como S. A., presentó inicialmente su dimisión tras conocerse la denuncia, aunque después decidió retomarla. En un mensaje interno comunicó: “Desde hoy soy vuestro supervisor. He revocado la dimisión, y en principio estoy solo en el despacho. En breve llegará un nuevo supervisor y seremos dos oficialmente”. El supervisor era responsable directo de las dos coordinadoras señaladas y ha declinado responder a este medio.
Un problema arraigado: interinidades y vacíos normativos
La denuncia ha destapado una dificultad estructural dentro del SAS: la falta de normalización en los nombramientos de cargos intermedios, que con frecuencia ejercen funciones de coordinación sin que su nombramiento sea oficial. El Decreto 132/2021 regula estos puestos, pero su aplicación no es homogénea, según confirman varios responsables consultados.
En la práctica, muchas personas que asumen una responsabilidad dejan de recibir los complementos salariales por noches y festivos, por lo que su sueldo disminuye respecto al que tenían antes. Esta paradoja provoca que algunos rechacen asumir puestos de coordinación y que otros los ocupen sin regulación formal, generando interinidades prolongadas.
Un hospital ya señalado por el fiasco de los cribados
El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ya era centro de una crisis sin precedentes antes de que surgieran las denuncias por sobresueldos: desde comienzos de 2024 el hospital acumula graves fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama, que han afectado a miles de mujeres en Andalucía.
De hecho, las autoridades autonómicas reconocen que hasta un 90 % de los errores en los cribados se concentran en ese centro. Las consecuencias para muchas pacientes han sido dramáticas: mamografías con resultados “no concluyentes” o dudosos que no fueron acompañadas de un seguimiento adecuado, demoras en citas de control o revisiones, e incluso casos de cáncer avanzado que habrían podido detectarse antes si el protocolo hubiese funcionado con normalidad.
Las mujeres afectadas —según fuentes oficiales y asociaciones de pacientes— se cuentan por miles. La indignación social se ha traducido en manifestaciones frente al gobierno regional y en demandas judiciales por posible negligencia. Para intentar atajar la crisis, la administración andaluza ha activado un plan de choque: citaciones para realizar nuevas mamografías y ecografías, refuerzo del personal sanitario y promesas de reestructuración de la unidad de mama del hospital.
Ahora, con la investigación de Antifraude, ese mismo hospital —ya cuestionado por su gestión clínica— se enfrenta a una investigación por posibles irregularidades económicas internas. La combinación de ambos escándalos podría ampliar el alcance de las repercusiones y obligar a revisar no solo protocolos de salud, sino también modelos de gestión, control interno, transparencia y rendición de cuentas.