La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, a raíz de un presunto caso de prevaricación en la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva en la firma de los contratos, aprovechándose de la menor carga burocrática de los procedimientos de emergencia de contratación que se habilitaron durante la pandemia para agilizar la respuesta ante la pandemia.
El juez Francisco Javier Santamaría, encargado de investigar una denuncia del PSOE por un presunto delito de prevaricación, ya ha elevado la documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El requerimiento de estos expedientes ya está registrado en el auto que incoa diligencais previas por el presunto delito, sin perjuicio de lo que pueda surgir de la fase de instrucción de la causa.
Antecedentes de la causa
En concreto, son 79 los contratos con clínicas privadas que están bajo investigación. Surgen del Expediente 110/2021, Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021, firmado por el director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, que más tarde se desempeñó como viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, con un presupuesto inicial de 70 millones de euros, y un periodo de ejecución de febrero a diciembre de ese año. El gobierno andaluz siguió añadiendo apéndices y prórrogas a cada uno de los contratos durante año y medio "debido al incremento de contagios de la sexta ola de pandemia", como justificaron en aquel momento.
Los 70 millones de euros iniciales se vieron aumentados con otros 55,7 millones a lo largo de 2021 y 100,9 millones más durante 2022. Hasta septiembre de ese año, la Junta multiplicó por tres el presupuesto inicial para estas adjudicaciones, que fueron a parar, a dedo, a clínicas privadas. En marzo de 2023, la cifra total de adjudicaciones a dedo alcanzaba los 243 millones de euros.
En total, fueron cuatro las resoluciones de prórrogas aprobadas por el SAS, entre 2021 y 2023, amparadas en dos preceptos legales: el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para contratos de emergencia, que ya existía antes de la pandemia pensado para responder a situaciones de crisis, y el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central durante el primer estado de alarma para "justificar la necesidad de actuar de inmediato" y responder ante las necesidades generadas por la pandemia. Aquel marco normativo permitió a las comunidades autónomas la ejecución de contratos públicos sin concurso y con mayor celeridad que lo habitual, con el objetivo inicial de combatir el virus más fervientemente. En la práctica, ese atajo para que los Gobiernos pudieran hacer frente a la emergencia supuso un menor número de controles y fiscalización del dinero público por parte de los organismos encargados de su control.
Por su parte, el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, ha asegurado que el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya asumido la investigación del caso "pone de manifiesto la gravedad de los hechos". "Un modus operandi de desvío masivo, de forma irregular, de cientos de millones de euros de la sanidad pública a la sanidad privada", ha subrayado.
"Ya va tarde el señor Moreno de Bonilla para dar las explicaciones. Le exigimos transparencia, explicaciones y asunción de responsabilidades en un caso que entendemos que es de una enorme gravedad", ha sentenciado.