La Iglesia católica en España goza de la titularidad de un numeroso patrimonio histórico gracias a una ley franquista que amplió José María Aznar y que convierte mediante un mecanismo sencillo y barato en propietario privado de un templo, una ermita o la propia Mezquita de Córdoba a la Iglesia. Es lo que se conoce como inmatriculación de bienes.

5.000 bienes inmatriculados por la Iglesia en España
Aunque el caso más sonado haya sido el de la Mezquita de Córdoba - al que la Junta de Andalucía se opone- por la importancia y universalidad del templo declarado Patrimonio de la Humanidad, la Iglesia mediante esta triquiñuela legal se apropió de más de 5.000 bienes en toda España inmatriculándolos en el periodo 1998 a 2007. Volviendo a la Mezquita, el templo pasó a propiedad de la Iglesia en el año 2006 por solo 30 euros y actualmente los templos propiedad de la Iglesia mediante este truco legal son más de 5.000 en todo el país "autoadjudicados" entre 1998 y 2007.

Iglesia: "Licencia para inmatricular"
Pero el mecanismo es anterior a esta fecha, concretamente desde 1946. Desde ese año la Iglesia tiene "licencia para inmatricular", o lo que es lo mismo poner a su nombre cualquier inmueble sin que medie la obligación de que exista un documento demostrativo de su pertenencia, tal y como si fuera un poder del Estado. De manera simple se puede afirmar que es suficiente con que un cura vaya al Registro de la Propiedad e inmatricule el bien deseado solicitado. Así de fácil. Y siendo fácil ese proceso, el Gobierno de José María Aznar en 1998 allanó aun mas el camino al modificar la normativa y ampliar esa competencia a los inmuebles dedicados al culto

La Reforma de la Ley Hipotecaria legalizará el botín patrimonial de la Iglesia
Se da la circunstancia de que en estos momentos el Consejo de Ministros ha dado luz verde para iniciar el proyecto de Reforma de la Ley Hipotecaria pero lejos de quitarle este anacrónico poder a la Iglesia lo que hace es consolidar y darle carta de naturaleza a los bienes ya obtenidos pues aunque retira a los obispos la potestad de inmatricular propiedades, la modificación legislativa afectaría en exclusiva a los futuros inmuebles, no a los que ya están a su nombre, con lo cual "legaliza" para siempre el "botín patrimonial" recaudado, entre ellos la Mezquita de Córdoba.

En realidad aunque esta reforma anula el privilegio de la inmatriculación, solo tendría validez desde la aprobación de la nueva ley  y sin carácter retroactivo, por lo que estaría legalizando las realizadas hasta el momento por la Iglesia incluida la de la Mezquita de Córdoba.

Iniciativa del Parlamento de Andalucía para declarar inconstitucional la ley
Ante esta situación ha sido una iniciativa legislativa de IU en el Parlamento de Andalucía que ha contado con los votos favorables del PSOE y, como no, con los contrarios del PP, la que insta a poner en marcha "los mecanismos jurídicos y políticos oportunos" que procedan para que se declare la inconstitucional la actual Ley Hipotecaria.

Inscripciones de patrimonio para la Iglesia "a gogó" y "a tutiplén"
La parlamentaria andaluza de IU Alba Doblas ha explicado que en realidad se trata de promover un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Junta de Andalucía. La modificación legislativa que plantea la coalición de izquierdas con el apoyo de su socio de gobierno, el PSOE, afectaría concretamente a los artículos 206 y 304 que son los que posibilitaron la inscripciones en abundancia, "a gogó" y "a tutiplén" en favor de la Iglesia católica, entre ellos la Mezquita de Córdoba.

La Iglesia como un poder del Estado
La propuesta de recurso de inconstitucionalidad aprobada esta semana por el Parlamento andaluz se basa en el espíritu de la plataforma cordobesa "Mezquita-Catedral, patrimonio de todos", que ha liderado las acciones para que la Mezquita sea bien público y no privado del Obispado tal y como en ocasiones hemos informado desde ELPLURAL.COM. Para IU la inmatriculación que el Obispado de Córdoba hizo de la Mezquita y el resto de las ejecutadas a favor de la Iglesia, "equiparan la Iglesia católica con el Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público a la hora de facilitar la inscripción, lo que ha supuesto la apropiación por la Iglesia del patrimonio de todo el pueblo andaluz, por lo que se hace necesaria la actuación del gobierno para su protección".