Al mismo tiempo que el Congreso convalidaba ayer sin ningún voto en contra y la abstención de Vox el decreto ley del Gobierno que crea el Ingreso Mínimo Vital (IMV), alcaldes andaluces del PP se apresuraban a exigir medios al Ejecutivo para gestionar ese subsidio y trascendía que Junta de Andalucía ha enviado una carta a los ayuntamientos alertándolos de que dejará de tramitar las peticiones de beneficiarios de su Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA), en vigor desde 2017.

¿La razón? La entrada en vigor del IMV, ayuda esta última que tendrán que solicitar en todo caso y aunque ya fueran beneficiarias de las Renta Mínima andaluza.

Desde la Consejería de Igualdad, en manos de Ciudadanos, se asegura que la suspensión de la RMI es provisional y obedece a la necesidad de "armonización" de la misma que será preciso llevar a cabo como consecuencia de la entrada en vigor del IMV. En principio, las comunidades autónomas deberán decidir si mantienen sus actuales prestaciones para complementar el IMV.

La misiva de Igualdad a los ayuntamientos señala que “desde las Delegaciones Territoriales de esta Consejería, a partir del día 15 de junio, en que se puede solicitar el ingreso mínimo vital, en tanto que no se tenga constancia de resolución del IMV por parte de las personas integrantes de la unidad familiar no se podrán iniciar los trámites de la RMI en Andalucía, tanto en los procedimientos de tramitación ordinaria, como en los procedimientos extraordinarios”.

En todo caso, la Dirección General de Servicios Sociales ha hecho pública "una nota aclaratoria" sobre la incidencia del decreto del Gobierno en la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA), para despejar "las dudas surgidas por el comunicado remitido con fecha de 10 de junio a las entidades locales".

La nota de la Consejería, firmada por el director general de Servicios Sociales, Francisco José Vidal Mazo, tiene estos dos puntos:

 1.- La RMISA no se suspende, debiéndose informar debidamente a la ciudadanía del actual carácter subsidiario de esta prestación conforme al art.5.c del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.

2.- Actualmente desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por medio de la Dirección General de Servicios Sociales se trabaja en la armonización de ambas prestaciones.

Como se sabe, alrededor de 200.000 andaluces podrían tener derecho al ingreso gubernamental del Gobierno, una cifra muy superior a las 14.615 familias que este año se han beneficiado de la ayuda andaluza, situada en 419 euros al mes.

Por su parte, regidores populares que participaron ayer en el Consejo de Alcaldes de Córdoba ya se quejaban de que el Gobierno de Sánchez establece este IMV pero no incluye ningún fondo adicional para que los ayuntamientos puedan hacerse cargo de la gestión de esta nueva prestación.

"Es más grave aún, puesto que el decreto ley establece que los gastos que se deriven de la gestión del IMV deberán ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo al presupuesto corriente", añadía su portavoz y presidete del PP de Cordoba, Adolfo Molina.