El paso por los tribunales de los que fueran altos cargos del Servicio Andaluz de Salud se daba con el objetivo de seguir avanzando en la investigación de un posible delito de prevaricación en los contratos firmados por el SAS con clínicas privadas, así como con la intención de ahondar en un punto concreto de esta presunta trama sobre el que está siendo difícil arrojar luz, siendo este el de hallar a la persona que ordenó retirar la fiscalización previa de los contratos sanitarios para sustituirla por auditorías que se llevaran a cabo posteriormente.
Se trata este de un aspecto que adquiere gran relevancia, ya que el juez instructor del caso busca esclarecer si haber neutralizado los controles previos que llevaban a cabo los interventores de la Junta de Andalucía pudo jugar un papel en las irregularidades que se habrían dado en los contratos concedidos, presuntamente, a dedo por parte del SAS a la sanidad privada. Estas prácticas que se habrían llevado a cabo obviando la normativa establecida fueron denunciadas, precisamente, por los mismos interventores de la Junta de Andalucía en los informes de contabilidad redactados sobre los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, en los que mostraron sus dudas en torno a la transparencia y legalidad de un montante de 243 millones de euros en contratos que, como se mencionaba, habrían sido adjudicados sin seguir el proceso adecuado.
Las dudas mostradas por los interventores gozarían de una base sólida basada en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 6 de octubre de 2020, en el que figuran las firmas tanto del que fuera por aquel entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, y del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. En dicho acuerdo, se decidió eliminar los controles previos de la Intervención sobre esos contratos de emergencia del SAS.
¿Qué es lo que se investiga en los tribunales? La lupa está sobre el proceso previo a la firma del acuerdo en el Consejo de Gobierno. De esta manera, el magistrado José Antonio Gómez busca concluir quién es la persona que consideró que debía tomarse esa decisión, tarea que se está complicando tras las declaraciones en los tribunales esta semana de Amelia Martínez, Roberto Ochoa, José Antonio Miranda y Catalina García, ya que ninguno de ellos ha admitido ser el responsable directo.
Cruce de acusaciones a la hora de responder a las preguntas de José Antonio Gomez. Los cuatro figuran como testigos en esta causa. Sus respuestas no han ayudado mucho al juez a avanzar en la investigación, al remover las aguas en lugar de hacerlas mantener una calma que permita ver el fondo. No obstante, sí ha habido un punto en el que han coincido, siendo este el de asegurar que el sistema de control permanente, que es el que se lleva a cabo tras conformarse los contratos, es más ágil y eficaz que la fiscalización previa, algo que subrayaban era especialmente necesario durante la pandemia ante la gran cantidad de conciertos que debía realizar el SAS.
De esta manera, los cuatro testigos concluyeron que era mejor establecer el control posterior de la Intervención, si bien ninguno de ellos se ha atribuido el mérito de tomar esa decisión que habría mejorado el sistema. Es más, se acusan los unos a los otros, como se pudo comprobar cuando afrontaron las preguntas del juez y la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, que entonces era la interventora general de la Junta, responsabilizó directamente a la actual consejera de Medio Ambiente, Catalina García, que entonces ocupaba el puesto de viceconsejera de Salud, y al exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa.
Por su parte, Catalina García y Roberto Ochoa no mostraban acuerdo con la versión ofrecida por Amelia Martínez y señalaron que, sin especificar nombres, fue una estrategia elaborada por los "equipos técnicos". Ahora bien, Catalina García sí terminó por apuntar a una persona en su declaración, señalando al que fuera responsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda. Estando la pelota sobre su tejado, Mirando expuso al juez instructor que los hechos no eran así.
Cuatro declaraciones ante el juez que no dejan nada en claro y que mantienen la investigación en el aire mientras se busca al responsable de haber decidido llevar a cabo aquel cambio en los procedimientos de contratación.