La investigación de las ayudas a la formación va para largo. La instructora está aplicando el mismo modelo de investigación que en el caso de los ERE, solicitando un importante volumen de documentación cuyo examen y gestión por el juzgado amenaza con alargar durante un tiempo indefinido la instrucción. La solicitud de documentación abarca en este caso los años 2009, 2010 y 2011 y va dirigida a esclarecer la licitud de las ayudas concedidas a los agentes sociales. La juez Mercedes Alaya ha reclamado a la Junta de Andalucía que remita una copia compulsada de los acuerdos del Consejo de Gobierno de los años 2009 y 2010 correspondientes a la concesión de todas las subvenciones que hayan sido otorgadas a UGT, CCOO y Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) mediante convenio de colaboración en materia de formación. El escándalo de la formación se ha convertida en la gran pesadilla política del mandato de Susana Díaz, si bien las explicaciones que ha venido dando en el Parlamento han sido mucha más amplias y reiteradas que las ofrecidas sobre los ERE en los mandatos de sus antecesores. Esa transparencia fue posible en muy gran medida por la decisiva presión de Izquierda Unida desde el Gobierno de coalición. En un auto notificado este lunes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada dice que estas actuaciones "se han incoado en virtud de atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se evidencian graves irregularidades en las concesiones de subvenciones a cursos de formación por parte de la Consejería de Empleo" de la Junta. La juez, en este auto fechado el pasado 4 de mayo, reclama a la Junta de Andalucía que, en el plazo de diez días, remita también las propuestas de dichos acuerdos con sus correspondientes memoria y documentación anexa. También pide a la Junta una copia compulsada de las actas de la Comisión de Viceconsejeros --los llamados 'consejillos'-- previas relativas a los posteriores acuerdos de los años 2009, 2010 y 2011 de concesión de subvenciones en materia de formación a los sindicatos aludidos y a la CEA. De igual modo, reclama una copia compulsada de los convenios específicos suscritos entre el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las referidas organizaciones correspondientes a las diferentes subvenciones concedidas en los años 2009, 2010 y 2011. Asimismo, libra mandamiento a la Dirección General de Formación para que, también en el plazo de diez días, remita al Juzgado una copia compulsada de los informes de los expedientes de reintegro que se hayan iniciado correspondientes a cada una de las subvenciones que hayan sido otorgadas a UGT, CCOO y CEA mediante convenio de colaboración en materia de formación en esos mismos tres años. Por último, reclama también una copia compulsada de las resoluciones de exoneración que hubiere en los años 2008, 2012 y 2013, "y en caso contrario se certifique su inexistencia".