Son cuatro años, al menos, desde que la primera 'alarma' del conocido como caso Mascarillas comenzó a sonar. En junio de 2021, la UCO detuvo al vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, en el marco de una operación dirigida desde los juzgados de Barcelona que investigaba a Kilian López, un empresario vinculado al narcotráfico y blanqueo. El nombre de López y Liria conectaron a través de una presunta comisión que la Guardia Civil cifró en casi un millón de euros después de la adjudicación de un contrato para la compra de mascarillas en 2020 a una empresa del empresario, Azor Corporate.
Entonces, el vicepresidente tercero del órgano provincial (PP) fue detenido. De hecho, se creó incluso una comisión especial en la Diputación para ahondar en qué había ocurrido para que Liria acabara detenido por la UCO, aunque posteriormente los partidos de la oposición, principalmente el PSOE, denunciaría que la comisión, que presidió el extinto Ciudadanos, no sirvió más que como cortina de humo, puesto que se habrían vetado iniciativas y comparecencias como, por ejemplo, las de empresarios y responsables de Azor Corporate.
Durante los siguientes años, entre 2022 y 2023, debieron saltar otras alarmas en San Telmo. Entonces, la investigación, que se trasladó hacia el Juzgado de Instrucción nº1 de Almería, fueron citados a testificar en calidad de investigados el entonces vicepresidente, Fernando Giménez, familiares de Óscar Liria, la concejal provincial Ana Belén López y el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Entre otros. También en 2024, miembros del PP almeriense y de la Diputación acudieron a la Comisión que se había abierto en el Congreso de los Diputados para esclarecer dicho caso, entre los que se encontró su presidente, Javier Aureliano García.
Finalmente, la alarma que hace que todo salte por los aires llega en noviembre de este mismo año, cuando el 18 de noviembre son detenidos el presidente de la institución, Aureliano García, el vicepresidente, Giménez, el alcalde de Fines y su hijo y un técnico de Obras Públicas. Además, acabarían siendo más los detenidos e investigaos y caerían de sus cargos públicos todos los citados excepto el alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, también implicado en la trama pero que continúa en su puesto como regidor.
"Indulgencia"
Los partidos políticos de la oposición culparon al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, de ser "cómplice" al no haber actuado durante estos cuatro años, y tan solo hacerlo cuando "ya había saltado a la prensa nacional" lo que estaba pasando en Almería el pasado noviembre. Mientras el presidente continúa diciendo que actuó en "cuatro horas", la propia hemeroteca la deja en un lugar dudoso, dado que afirmó que "se enteró" por la prensa de las detenciones y que cuando trató de contactar con los implicados "no le cogían" el teléfono.
"Usted es el presidente del 'no sé' ", le reprochaba la portavoz socialista, María Márquez: "Cuando detuvieron" a cargos del PP almeriense, "que tras cuatro años de investigación usted dijo que no le cogían el teléfono. Del 'Luis sé fuerte' a 'ojalá se demuestre la inocencia de gente que tenía pistolas en los cajones', en relación al hallazgo de la UCO en una caja de cartón en la casa del exvicepresidente popular, con una pistola detonadora dentro de ella.
"Con toda la escandalera del PP de Almería con mordidas en lo peor de la pandemia, con registro con billetes, armas, usted ha sido indulgente", le reprochaba la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. Del mismo modo que el diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, le recordaba la "corrupción selectiva" de Moreno, sobre los casos de "corrupción" que molestan al presidente (los que presuntamente puedan afectar a Ábalos, Koldo y Cerdán) y sobre los que no se pronuncia, como el caso de Almería.
Lenguaje encriptado
El juez que investigaba la causa del caso Mascarillas señaló "indicios racionales" de criminalidad contra el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, a quien atribuye una "aquiescencia" activa en la trama de cobro de comisiones ilegales camuflada bajo un "lenguaje encriptado". Estos mensajes que el juez indicó como "indicios racionales" son alusiones a ir al dentista, donde los implicados se referirían al cobro de las presuntas mordidas millonarias que se investigan en este caso.
Frases como "tengo que ir al dentista y no sé cuándo ir"; "Yo también me tengo que hacer una limpieza", son alguno de los mensajes que se intercambiaron Aureliano García, el exvicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, y el exvicepresidente tercero y también investigado, Óscar Liria.
Estos tres hombres del PP almeriense habrían mantenido conversaciones particulares y también a través del grupo de Whatsapp 'Naranjito' en el que hacían continuas alusiones a términos odontológicos que el juez vio vinculados a la tramitación de contratos públicos que se gestionaban desde, al menos, 2016 en la Diputación. Como ejemplo, el juez que instruía la causa, Eduardo Martínez Gamero, señaló un contrato correspondiente al 11 de junio de 2018, cuando Óscar Liria preguntaba a Aureliano García si había visto el "orden del día", pudiéndose referir a la Junta local en la que se aprobaban las contrataciones, a lo que el exvicepresidente de la Diputación contestaba: "esperaba poder ir al dentista", a lo que Liria respondió: "Te vas a poder cambiar la piñata entera".
"El uso de esta terminología es muy recurrente y se encuentra totalmente desvinculado del contenido material de las conversaciones", agregó el instructor, quien expuso una docena de ejemplo más donde los implicados estarían utilizando este lenguaje en 'clave', 'encriptado', para referirse a las presuntas mordidas millonarias que se están investigando.
Contratos de la Junta con empresas implicadas
Del mismo modo, este miércoles, antes de la sesión de control al presidente de la Junta, el PSOE-A denunciaba posibles vínculos entre empresas relacionadas con la trama y la Junta de Andalucía, a través de un hilo de contratación a través de la vía de emergencia.
Las tres empresas relacionadas con altos cargos del PP almeriense, gestionadas por familiares o personas vinculadas a políticos del PP recibieron de la Junta de Andalucía un total de 301.873,37 euros. Las empresas, OYC Servicios Urbanos SL, Hijos de David Martínez SL y Tagilis SRL, tienen relación directamente con investigados en el caso Mascarillas, por supuestas mordidas millonarias por contratos de emergencias o irregularidades en contratos menores de obra pública por gestores de la Diputación almeriense.
La parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, denunciaba los "vínculos" que existían entre la Junta de Andalucía y las citadas empresas. Los contratos que se denuncian, facilitados a ElPlural.com, son 10 en total, que alcanzan la citada suma: 301.873,37 euros. Las actuaciones para llevar a cabo dichas obras o servicios fueron realizadas desde la Delegación Territorial de Fomento en Almería, la Delegación de Turismo de Granada, el Servicio Andaluz de Salud o la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo, encabezada por el almeriense y ex alcalde de la capital almeriense, Ramón Fernández Pacheco, que es donde se produce el grueso de contratación. Solo por parte de esta consejería, la Junta destinó a una sola empresa, la de Tagilis SRL, un total de 176.536,1 euros.