Las agresiones al personal sanitario siguen al alza en Andalucía

Las agresiones al personal de la sanidad pública andaluza continúan aumentando y vuelven a situarse como una de las principales preocupaciones de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La reunión celebrada este jueves del Observatorio de Agresiones al Personal de Instituciones Sanitarias ha servido para constatar que la violencia contra trabajadores sanitarios y no sanitarios mantiene una tendencia elevada, al tiempo que los sindicatos reclaman nuevas medidas para frenar una problemática que califican de "inadmisible".

Durante el encuentro, celebrado en la Consejería de Salud y Consumo, la Administración anunció que trabaja en el desarrollo de una norma que regulará el régimen sancionador para los usuarios que agredan al personal del sistema sanitario público, una medida contemplada desde hace años en el Plan de Prevención frente a las Agresiones pero que todavía no se había desarrollado.

Desde UGT valoran positivamente este paso, aunque consideran que llega tarde y resulta insuficiente si no va acompañado de una revisión integral del propio plan de prevención, cuya actualización también estaba prevista y sigue pendiente pese al incremento sostenido de los incidentes.

Los datos conocidos durante la reunión reflejan la magnitud del problema. En 2025 se han contabilizado 1.976 agresiones en Andalucía, frente a las 1.866 registradas durante 2024, lo que supone un incremento cercano al 6%. Asimismo, Sevilla vuelve a situarse como la provincia con más casos, al pasar de 479 agresiones en 2024 a 569 este año.

UGT reclama revisar el plan de prevención

El sindicato sostiene que el incremento de las agresiones no puede entenderse únicamente como un problema de comportamiento individual de determinados usuarios, sino que está estrechamente relacionado con el deterioro de las condiciones en las que se presta la asistencia sanitaria.

En este sentido, UGT vincula el aumento de la conflictividad con la falta de profesionales, la elevada presión asistencial, las listas de espera, la saturación de los servicios de urgencias y el deterioro progresivo de la sanidad pública.

"Resulta del todo inadmisible que tengamos unas cifras de agresiones tan alarmantes en todas las provincias", señalan desde la organización sindical, que considera imprescindible la implicación de todas las administraciones para combatir esta situación.

Para el sindicato, garantizar unas condiciones laborales seguras no solo constituye un derecho de los trabajadores, sino que también repercute directamente en la calidad de la atención que reciben los pacientes.

Por ello, además del régimen sancionador, UGT reclama una actualización del Plan de Prevención frente a las Agresiones que incorpore nuevas herramientas de protección, protocolos adaptados a la realidad actual y una evaluación de las medidas implantadas desde su aprobación.

Una violencia que afecta también a la asistencia

Las organizaciones profesionales llevan años alertando de que las agresiones, tanto físicas como verbales, tienen consecuencias que van mucho más allá del daño inmediato sufrido por los trabajadores.

Los episodios de violencia generan un importante desgaste psicológico, aumentan el estrés laboral y favorecen situaciones de ansiedad, bajas médicas e incluso el abandono de determinados puestos considerados especialmente conflictivos.

Desde UGT advierten de que esa presión constante termina repercutiendo también en el funcionamiento del sistema sanitario. Un ambiente laboral marcado por la tensión dificulta la atención asistencial y perjudica tanto a los profesionales como a los propios usuarios.

El sindicato insiste en que la prevención debe convertirse en una prioridad para la Administración andaluza y reclama actuaciones coordinadas que combinen medidas de seguridad, campañas de sensibilización, refuerzo de plantillas y un marco sancionador efectivo para quienes agredan al personal sanitario.