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Este martes el Gobierno de España ha anunciado la aprobación de dos decretos-ley para abordar la crisis de vivienda, después de que el desahucio de Mari Carmen acelerara todos los plazos y urgencias, con la respectiva movilización ciudadana que, tal y como reconoce el Coordinador General de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha sido clave para aprobar estas medidas. Los dos decretos incluyen la prórroga ampliada de dos años de los contratos de alquiler, su renovación automática, la prohibición de comprar viviendas a los fondos buitre hasta 2028 y la paralización de los desahucios hasta el año 2030, entre otras medidas, que tratan de satisfacer tanto al resto de socios políticos como a las planteadas por el Sindicato de Inquilinas.
En Andalucía, el eco de las protestas también se hizo notar este lunes, cuando miles de personas salieron a las calles a movilizarse por el derecho a la vivienda. Ahora, tras conocerse el acuerdo en el seno del Gobierno, los diferentes partidos andaluces han reaccionado a este, donde la nota más crítica se encuentra en la formación andalucista que dirige José Ignacio García.
"Hoy el PSOE y Sumar pretenden engañarnos y seguir con una política de vivienda al servicio de los especuladores, al servicio de los fondos de inversión", ha expresado el portavoz. Para García, este "troceo" de los decretos no es más que una "táctica" para "engañarnos", ya que el que contiene las medidas "más ambiciosas" nace con "ningún interés en que se aprueben", lo que considera que es un "engaño y mentira a la ciudadanía y clase trabajadora".
Para el andalucista una de las propuestas clave de los decretos debería ser la "limitación de los precios de alquileres, expropiar a los fondos buitre o alquileres indefinidos". Sin embargo, arguye, el PSOE y Sumar "proponen medidas absolutamente absurdas". Por último, García ha clamado por la necesidad de convocar una huelga general, apuntando directamente a que los "culpables de los siete desahucios al día en Andalucía" están en "San Telmo y Moncloa".
Montero exige un debate general sobre Vivienda en el Parlamento
Asimismo, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado que su grupo planteará la celebración de un debate urgente en la Cámara andaluza sobre vivienda para que cada partido presente las medidas que "den respuesta" a las necesidades de la ciudadanía, con el objetivo de que sean de "obligado cumplimiento" por parte del Gobierno de Moreno.
Así lo ha anunciado la socialista después de destacar que el PSOE es la "única fuerza política en alcanzar acuerdos, en dirigirse a su izquierda y a su derecha para alcanzar acuerdos en todas las materias y particularmente en aquellas más controvertidas, como la política de vivienda", celebraba la dirigente socialista tras el anuncio del Gobierno central.
En este sentido, le ha dado la "bienvenida" a los dos decretos ley aprobados por el Gobierno de España "absolutamente imprescindibles", ha dicho, "para que seamos capaces de una vez por todas de abordar en serio el problema de la vivienda, además desde lo público, en la construcción pública con la capacidad insisto de intervenir el mercado". A su juicio, éste "no funciona", ya que "no pueden estar creciendo de forma descontrolada los precios de la compra y los precios del alquiler", por lo que el Gobierno de España "cree que hay una oportunidad para concitar estos apoyos que nos permitan sacar una normativa que acabe con que la vivienda sea un bien de especulación".
Así, ha destacado la intención socialista de que ese mismo acuerdo que se ha buscado desde el Gobierno de España "se busque desde el Gobierno andaluz, aunque sabemos que su política de vivienda es radicalmente contraria a la que se plantea por parte del Partido Socialista", ya que Moreno Bonilla ha dicho que "esto no es una cuestión de ideología, pues que venga Dios y lo vea porque evidentemente intervenir o no el mercado es una cuestión ideológica, se está del lado de los especuladores o se está del lado de los ciudadanos".
Maíllo anima a la movilización
Por su parte, el Coordinador general de IU y portavoz parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que la aprobación de estos dos reales decretos ha sido posible gracias a la presión social y a la movilización popular, reconociendo que el PSOE se mostró inicialmente reticente a acometer reformas profundas. El coordinador federal de Izquierda Unida ha subrayado que la norma incluye demandas esenciales del Sindicato de Inquilinas, como la regulación de los pisos de temporada y de habitaciones, la prórroga automática de los contratos y la prohibición de que los fondos buitre compren viviendas, elementos clave para evitar dramas como el reciente desahucio en Cerdanyola y frenar los desalojos de personas vulnerables hasta 2030.
Asimismo, Maíllo ha animado a mantener e intensificar la movilización ciudadana de cara al próximo viernes, fecha en la que se votará la ratificación de los decretos en el Congreso de los Diputados. El dirigente de IU ha advertido que esta votación es el "principio de una batalla" y ha exigido que los grupos parlamentarios se definan públicamente, advirtiéndoles de que oponerse a estas medidas y dar la espalda a las familias vulnerables supondrá un coste electoral inevitable.
Moreno pide "menos ideología"
Para el líder del PP andaluz "lo mejor que se puede hacer con la vivienda es gestionar y sacar la ideología de la gestión", por lo que ha insistido en apostar por "más gestión y menos ideología", porque "ideologizar un problema, como tantas y tantas cosas que se han hecho en los últimos años, no conlleva la resolución", según ha apuntado. En este punto, Moreno ha apuntado hacia un análisis de la problemática, que sitúa en el "desfase tan grande entre la oferta y la demanda y, como consecuencia de ese desfase, los precios evidentemente son muy altos".
"No puede ser que tengamos suelo congelado, como hemos tenido en Andalucía durante muchos años", según ha advertido en esa línea el presidente de la Junta, que en ese punto ha reivindicado que actualmente la andaluza es la comunidad autónoma que "más viviendas construye de España", gracias a que desde la Junta se ido sacando "suelo público" que "estaba inerte" y "en el que se va a poder construir casi 45.000 viviendas".
Tras señalar que se teme "lo peor" del decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros, Moreno ha aseverado que "el intervencionismo y la falta de seguridad jurídica ya se ha demostrado que no funciona", tras lo que ha advertido de que hay "ahora mismo en zonas de Andalucía un 30% del mercado del alquiler retenido", y eso "significa que los propietarios no ponen su vivienda en alquiler", algo que ha atribuido a "miedos" a cuestiones como que "no te ocupen tu vivienda y que te tires un año y medio en litigio judicial para que la abandonen, con los costes judiciales" que eso conlleva. No es la única vez que Moreno alude al problema de la ocupación en Andalucía, que responde más a un recurso ideológico que a una realidad. Tan solo en 2025 se realizaron en Andalucía más desahucios que ocupaciones.
