¿Se imaginan que le cobraran por sentarse en un banco de una plaza de su pueblo? ¿Comprenderían que le impidieran el acceso a un parque o paseo público de su localidad? ¿A qué se quedarían perplejos y se sentirían molestos? Lógico, la ciudadanía entiende lo público o lo que no es de nadie en particular, como la naturaleza o el mar, como algo suyo, porque en el fondo lo es.

Esas sensaciones mencionadas de perplejidad y molestias, son las que comienzan a extenderse, cada vez más, entre los habitantes de Estepona ante la evolutiva y reiterada estrategia del Ayuntamiento de cobrar por el acceso a determinadas playas. Una estrategia que favorece a visitantes y a propietarios adinerados con segunda residencia en esta localidad.

Barreras como especie de línea fronteriza, y con entrada libre pero con pago de peaje

Desde hace años, el alcalde de Estepona, el popular José María García Urbano, viene restringiendo el acceso libre a determinadas zonas de este litoral, en función de su cercanía a urbanizaciones de lujo o establecimientos de ocio ubicados en la playa. Dicho de otra manera, se privatiza el acceso a las playas cuando se cobra por aparcar a los habitantes, además que se le dificulta, de esta manera y con barreras como especie de línea fronteriza, la entrada libre sin “peaje” como ocurre en la inmensa mayoría de las ciudades costeras.

Los socialistas locales vienen desde hace tiempo denunciando esta situación que se repite de nuevo ahora. La portavoz y líder del PSOE esteponero, Emma Molina, ha denunciado que el alcalde “está limitando el acceso público y gratuito de los vecinos a las playas del municipio, autorizando la instalación de barreras de control de acceso a zonas de aparcamiento junto a la costa”.

Para la también secretaria general socialista, García Urbano sigue poniendo en primer lugar el beneficio privado de unas cuantas empresas por encima del interés general de su habitantes. Se trataría de personas nacidas y residentes en Estepona que no entienden cómo diariamente hay menos espacios a su disposición para aparcar gratuitamente en la ciudad que les vio nacer.

Tiene su origen, en palabras de Molina, en “las ansias de privatización del alcalde que han generado que los esteponeros tengan que pagar hasta por ir a la playa, permitiendo a empresas privadas gestionar zonas de aparcamiento situadas junto a las playas, para uso exclusivo de sus clientes, que hasta ahora eran de uso público y gratuito”.

Pero lo cierto es que este veto de acceso a las playas, viene de antes y “llueve sobre mojado”. El PSOE lo ha denunciado en varias ocasiones, pero el gobierno local sigue sin actuar. Lo recuerda Molina al traer a colación como el verano pasado su partido ya denunció que, en la zona del Seghers, junto a la urbanización Doncella Beach, un restaurante “acaparó una treintena de plazas del vial paralelo a la avenida de El Carmen con la colocación de pivotes y cadenas”, algo que considera “abusivo”, y que el ayuntamiento no solo sancionó sino que se está repitiendo en la playa de El Cristo y en Laguna Village, con lo que se reducen en cantidad ingente las plazas de aparcamiento junto a la playa.

Han advertido desde la oposición socialista sobre la playa de El Cristo, revelando Molina que “está próxima la apertura de un beach club privado de lujo que contará con 46 plazas de aparcamiento”. Como consecuencia de ello, “se ha colocado una barrera de acceso, solo para el acceso de los exclusivos clientes”.

También recuerda Emma Molina como en la zona de Laguna Village, existía un convenio con la empresa explotadora del centro comercial que desde el año 2016 contemplaba la cesión gratuita las 24 horas del día al Ayuntamiento de 51 de las 200 plazas de aparcamiento de las que disponía. Ocurre que la empresa ha vuelto a instalar la barrera tras la reapertura del centro suprimiendo la gratuidad de esas 51 plazas de aparcamiento, algo que, a todas luces, contraviene las condiciones de la concesión”, aclara la portavoz socialista.

Ha concluido la portavoz socialista con una reflexión contundente: “Los residentes de Estepona tienen que pagar por ir a la playa, mientras los turistas y visitantes encuentran cada vez más facilidades para acceder a sus clubes de lujo. Es evidente cuál es la prioridad del alcalde. Basta de regalar lo público a los ricos. ¡Las playas son de todos!”.