A través de un informe aprobado este martes en el Parlamento de Andalucía para garantizar la protección de menores ante el acceso a la pornografía en Internet, el Partido Popular en la Junta de Andalucía ha vuelto a plegarse a las exigencias de la extrema derecha, a pesar de tener la mayoría absoluta en la Cámara autonómica.
Según han denunciado desde la oposición, el informe incluye “una versión camuflada de una propuesta de Vox que exige ‘respeto desde todas las instituciones al derecho de los padres a educar conforme a sus valores y convicciones’”. A raíz de ello, desde el Grupo Socialista en la Junta lamentan que “le dan a Vox lo que Vox pide porque en el PP piensan igual que ellos”. Y aclaran: “Por no cambiar, de hecho, no han cambiado ni el lenguaje sexista de la medida”.
Asimismo, desde el ala socialista reprochan que no se haya dado luz verde a la propuesta que ellos planteaban para impartir una asignatura obligatoria de Educación Afectivo Sexual “basada en la evidencia científica en todos los niveles educativos, desde Infantil a Bachillerato como recomienda la OMS y la UNESCO”. “Ausencias e incorporaciones que lo dicen todo. Ni rastro de moderación en el Gobierno de Moreno Bonilla sino al contrario: cada vez más radicales hacia postulados regresivos y peligrosos como hemos visto en la ponencia política redactada por el presidente del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía”, agregan.
Los derechos LGTBI, las otras víctimas de las concesiones
Al margen de este “pin parental camuflado”, este pasado sábado los socialistas en el Parlamento andaluz se pronunciaban en un ámbito similar. Con motivo de la celebración del mes del orgullo LGTBI, desde la oposición acusaban al presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, de actuar como cómplice en los retrocesos que se están dando en esta materia, al acercar filas con la extrema derecha e implementar medidas que impiden la consolidación de una sociedad justa, libre e igualitaria.
De esta forma, la vicesecretaria general del PSOE en el parlamento andaluz, María Márquez, cargaba contra el Ejecutivo del PP de Moreno Bonilla por ser parte implicada en el retroceso de los derechos del colectivo LGTBI, refiriéndose al presidente autonómico como “el responsable directo de un documento que blanquea pactos que vulneran derechos fundamentales”. En su crítica puso el foco en los acuerdos que el PP andaluz ha firmado con Vox en detrimento de este colectivo. Así, según ha expuesto este sábado Márquez, el PP de Moreno Bonilla, "presume en su ponencia de los pactos con la extrema derecha, acuerdos que han derivado en la retirada de banderas LGTBI, bancos arcoíris y otros símbolos en numerosos municipios".
En el mismo orden de cosas, la portavoz socialista advirtió del retroceso general que se está produciendo en esta materia en este tiempo, insistiendo en el auge de corrientes extremistas y mensajes de odio. "Estamos en un momento decisivo para el curso de la historia, con más radicales que nunca, con más gente metiendo palo en la candela del odio", señaló. Por ello, Márquez llamó a "reivindicar todo el trabajo logrado y dejar claro que el compromiso del socialismo y del progresismo con los derechos LGTBI es absoluto e irrenunciable".
"Deuda histórica" con los ayuntamientos
De forma paralela a estas concesiones a la extrema derecha, los socialistas en el Parlamento andaluz denunciaban hace escasos días la “deuda histórica” con los ayuntamientos de la autonomía. Cuando se cumplen dos años de la renovación de los consistorios, el PSOE-A lanzaba una acusación contundente contra la Junta: más de 1.265 millones en deuda con los municipios por la congelación de la Patrica, la participación en los tributos autonómicos. Los alcaldes socialistas hablan de “ahogo económico” y se preparan para un pulso judicial si no se revierte lo que califican de “incumplimiento sistemático” por parte del Gobierno de Moreno Bonilla.
El secretario de Política Municipal del PSOE andaluz, Esteban Morales, ha denunciado que la Junta mantiene bloqueada esta partida a pesar de contar “con el mayor presupuesto de su historia”. Según sus cálculos, si el Gobierno del PP hubiera trasladado a los municipios andaluces el incremento de los recursos disponibles, la Patrica debería alcanzar los 856 millones de euros en 2025. Sin embargo, la aportación se mantiene congelada en 535 millones, con apenas una subida de 5 millones este año.
“No sólo es insuficiente, sino que implica una reducción real”, ha advertido Morales, quien ha recordado que la inflación acumulada desde 2018 supera el 22%, mientras que la Patrica apenas ha crecido un 11,5%. Así las cosas, El PSOE-A considera que esta “infrafinanciación impuesta” limita gravemente la capacidad de los consistorios para afrontar servicios esenciales, obras y políticas públicas, convirtiéndose en una estrategia de asfixia política.