El escándalo de la trama de contratos ilegales en la sanidad andaluza ha puesto al Ejecutivo regional, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, frente al espejo de la corrupción. El tiempo del PP al frente de la Junta de Andalucía quedará marcado por la imputación de tres altos cargos del SAS (Servicio Andaluz de Salud) -la actual gerente, Valle García Sánchez, y sus dos predecesores-, por el fraude en la contratación sanitaria. Desde la oposición aseguran que 2024 "pasará a la historia" como el año en el que Moreno Bonilla "consintió, toleró y no frenó este sistema irregular que mantuvo en el tiempo y que lo extendió a lo largo y ancho de todo el territorio de Andalucía".
Así lo ha manifestado Rafael Márquez, coordinador de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, quien señala que este año "no puede terminar sin que Moreno Bonilla cese a la directora-gerente del SAS". El PSOE-A presentó una segunda ampliación de su querella, para que la comisión de investigación amplíe sus pesquisas a los ocho directores provinciales de la plataforma de contratación sanitaria, a quienes acusan de seguir "contratando de emergencia, a pesar de las advertencias de la propia instrucción de la Dirección General de Contratación, de que sabían que la norma estaba derogada y a pesar de los informes de la Intervención de la Junta".
Este hecho deja claro que las contrataciones irregulares "se extendieron como una mancha de aceite a lo largo de toda Andalucía y a lo largo del conjunto del Servicio Andaluz de Salud", señala Márquez. En el marco de la imputación de los tres altos cargos del servicio sanitario autonómico, el pasado viernes se emitió un auto, gracias al cual se va a "conocer las notas, los documentos de trabajo, los borradores de los distintos informes de la Cámara de Cuentas de la contratación de emergencia, tal como pedía la Fiscalía Anticorrupción", explica el socialista. El auto no hace sino "echar por tierra" los argumentos del Ejecutivo regional, y deja claro que "no son meros ajustes presupuestarios, sino que son actos singulares de contratación con empresas concretas sin presuntamente habilitación legal o presupuestaria".
"Corrupción y deterioro": el año negro de la sanidad andaluza
Además de "consentir" la corrupción en el seno de la sanidad andaluza, la labor del Gobierno de Moreno Bonilla quedará marcada por "el desvío de dinero público hacia las clínicas privadas y el progresivo deterioro de la sanidad pública". En el debate del estado de la comunidad del pasado jueves, Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, recordó que Andalucía, por primera vez, es la comunidad autónoma que tiene las mayores listas de espera sanitarias de España y la peor calidad de su sistema, además de criticar cómo desde 2018 el presupuesto destinado a la sanidad privada ha crecido en 304 millones, un aumento del 74%, contratando “con las mismas seis grandes corporaciones por un sistema ilegal ante la contratación de emergencia o negociados sin publicidad".
Ante esto, Márquez es claro: "Ni los reportajes casi diarios ni los millones de publicidad institucional son ya capaces de ocultar el sufrimiento de la gente. Las calles de Andalucía están día sí y día no tomadas por las protestas de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los sanitarios y de los pacientes, de los docentes y de las AMPA, de los trabajadores de la dependencia y de la discapacidad". Durante este año, los socialistas han presentado más de 100 PNL, 150 comparecencias, y 5.000 preguntas escritas para "ponerle voz y rostro a los problemas de la gente".
Moreno Bonilla se escuda tras la encuesta de Centra, que tiene "credibilidad cero"
La corrupción sanitaria del PP pone en jaque su argumentario contra sus predecesores. Más aún con el giro en el caso de los ERE de Andalucía, como también expone el portavoz socialista: "Primero el Tribunal Constitucional y ahora el Supremo desmontan definitivamente el discurso del Partido Popular del señor Moreno Bonilla de los 680 millones de euros robados al pagar ayudas a 6.000 trabajadores de empresas en crisis con los ERES. Lo desmontan de una manera clara”, Márquez apunta que “el Tribunal Supremo repite, como antes ya lo hizo el Tribunal Constitucional, que ese sistema de pago de ayudas sociolaborales se amparaba en normas con rango de ley y, por tanto, que eran legales que en ningún caso fueron puestas en duda su constitucionalidad".
El portavoz socialista ha hablado también del barómetro del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), publicado el pasado lunes y que daba un 43,5% de los votos al PP. Una encuesta que elabora un organismo dependiente de la Junta de Andalucía, y que "no es más que un instrumento, una herramienta importante en la estrategia de propaganda y mediática que tiene el Partido Popular", lamenta Márquez. El socialista achaca la defensa de Moreno Bonilla tras el CENTRA a "la oposición que está haciendo el señor Espadas", y defiende que intenta deslegitimarle "porque no está cómodo".