El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha absuelto a un concejal del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, del partido independiente Cambia San Juan, acusado de llamar “gitana de mierda” a una edil del Partido Popular. Así, la sentencia descarta tanto el delito leve de amenazas como el delito de odio que se habían planteado en el procedimiento al no considerar acreditados los hechos denunciados.
El origen del caso se remonta al 23 del pasado mes de junio, cuando ambos cargos públicos mantuvieron una discusión en una nave municipal situada en la Plaza de la Mujer Trabajadora. Según la denuncia presentada por la concejala del PP y delegada de Asuntos Sociales, el edil la insultó con expresiones de carácter racista y profirió amenazas durante un enfrentamiento verbal relacionado con la gestión de material municipal. El procedimiento judicial se celebró el pasado 28 de enero. Durante la vista, la denunciante sostuvo que el acusado se dirigió a ella con la expresión “gitana de mierda” y que la situación fue lo suficientemente grave como para “temer por su integridad”. Por su parte, el concejal negó haber realizado manifestaciones de carácter racista o haber amenazado a la edil, afirmando que se trató de una discusión en el marco de la actividad municipal.
Entre las pruebas analizadas por el juzgado se encontraba la grabación de una cámara de seguridad instalada en el lugar de los hechos. El vídeo, sin audio, recogía el intercambio entre ambos ediles, pero el magistrado concluye en la sentencia que las imágenes no permiten acreditar de forma concluyente la existencia de los insultos denunciados ni de una conducta amenazante.
Asimismo, la resolución judicial señala que, ante la falta de pruebas suficientes y la existencia de versiones contradictorias, no procede dictar una condena penal. Asimismo, el juez considera que no se cumplen los requisitos exigidos para apreciar un delito de odio en los términos previstos en el Código Penal.
El procedimiento se enmarca en un contexto de enfrentamiento político municipal surgido a raíz de discrepancias internas en la gestión del Ayuntamiento. Por su parte, el PSOE de San Juan de Aznalfarache ha exigido a la alcaldesa del municipio, María Luisa Moya (PP), “la dimisión inmediata de la delegada de Asuntos Sociales, Dolores Amaya (PP)”, además de explicaciones públicas por “los hechos derivados del procedimiento judicial iniciado por la propia Amaya contra su compañero de Gobierno, Carlos Navarrete (Cambia San Juan)”.
Del mismo modo, el partido socialista ha señalado la situación como una “grave falta de control político y de liderazgo”, manifestándose “la debilidad del actual gobierno municipal”. Igualmente, ha obligado a la alcaldesa a “explicar a la ciudadanía cómo se ha gestionado este conflicto dentro de su gobierno y por qué ha permitido que se judicialicen enfrentamientos internos con el daño institucional que ello supone.
La Fiscalía pidió la absolución
Durante el juicio, la Fiscalía solicitó la absolución del acusado al entender que las pruebas practicadas no acreditaban los delitos denunciados. El Ministerio Público sostuvo que no quedaba demostrada la existencia de amenazas ni de expresiones constitutivas de delito de odio.
La sentencia también hace referencia al testimonio de uno de los testigos que declaró en el procedimiento. El magistrado aprecia contradicciones entre su declaración en sede judicial y la realizada previamente ante la Policía, lo que ha llevado a acordar la deducción de testimonio para que se valore si procede investigar dichas discrepancias.
El procedimiento se enmarca en un contexto de enfrentamiento político municipal surgido a raíz de discrepancias internas en la gestión de determinadas áreas del Ayuntamiento. Con esta resolución, el órgano judicial cierra en primera instancia el procedimiento al no apreciar responsabilidad penal en la conducta del concejal acusado.
