Abengoa ha solicitado finalmente la declaración de concurso voluntario de acreedores debido a que no ha logrado que los acreedores financieros otorguen los consentimientos para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración.

Líder mundial en energías renovables, la compañía andaluza construyó en 2007 la primera planta termosolar comercial del mundo en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Ahora quedan en el aire cerca de 15.000 empleos en todo el mundo, de los cuales alrededor de 3.000 están en España y a su vez la mayoría de estos en Andalucía.

La caída

La crisis económica, la supresión drástica por el Gobierno de Mariano Rajoy de los generosos incentivos fiscales y de inversión a las renovables aprobados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y una imprudente estrategia de apalancamiento por parte de sus gestores habrían de combinarse fatalmente como una tormenta perfecta en torno a Abengoa.

De hecho, cuando, en el contexto de la crisis financiera mundial, comenzaron sus problemas debido al encarecimiento del crédito que había utilizado como palanca para llevar a cabo su ambiciosa política planetaria de expansión, Abengoa representaba nada menos que la cuarta parte de los gigavatios producidos en todo el mundo mediante plantas termoslares. 

La quiebra de la compañía se llevará previsiblemente por delante miles de empleos, buena parte de ellos en Andalucía, y además ha hecho que se evaporen los ahorros de miles de pequeños inversores que habían invertido en ella, en muchos casos atendiendo al consejo de los bancos donde guardaban su dinero.

El comunicado

La firma sevillana de ingeniería de vanguardia notificó su decisión en un comunicado remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde afirmaba que la decisión era "la más adecuada para salvaguardar los intereses de la sociedad y de todos los acreedores".

Como se sabe, un concurso de acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores abarca las situaciones de quiebra y las de suspensión de pagos.

Hasta el pasado 19 de febrero, se ha ido extendido el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto, a la vez que la firma ha trabajado, en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles alternativas ante la no aportación de 20 millones de euros por la Junta de Andalucía.

Sin alternativas

El consejo de administración de la empresa ha señalado que cada vez existen "mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas".

En este sentido, ha subrayado su compromiso de "buscar alternativas" que eviten la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor. Para dicho objetivo, Abengoa ha solicitado "a todos aquellos que tienen interés en la sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos".

El consejo de administración de la compañía informó este mismo lunes que se iba a reunir de forma inmediata al no haberse obtenido un nuevo consentimiento para la extensión del plazo, de forma que el acuerdo de reestructuración quebaba automáticamente resuelto y la operación de financiación no podía ser ya ejecutada.

Patrimonio negativo de 388 millones

Abengoa SA, que es la sociedad que cotiza estaba en causa de disolución desde el pasado 19 de mayo, al arrojar un patrimonio negativo de 388 millones de euros, y solicitó el preconcurso de acreedores a finales de agosto.

A principios de ese mes, la compañía, presidida entonces por Gonzalo Urquijo, había alcanzado un acuerdo con la banca que contaba con el visto bueno del ICO, pero que incluía también la aportación de 20 millones de la Junta de Andalucía.

La idea era firmar la reestructuración antes del 30 de septiembre, pero los 20 M€ comprometidos por la Junta de Andalucía nunca llegaron con el argumento de que esta no tiene "mecanismos jurídicos" para conceder una ayuda directa a una gran empresa.

A la espera de 20 millones de la Junta

En noviembre pasado, la Junta de Andalucía recalcaba que "los 20 millones de euros que Abengoa reclama" a la Administración autonómica "suponen algo más de un 3% del montante total de la operación financiera que necesita la empresa, por lo que no parece razonable que la imposibilidad legal de obtener dicha cantidad sea motivo para irse de Andalucía".

Desde la Junta insistían en que "esos 20 millones no se pueden dar no por falta de voluntad política" de la Administración andaluza, sino "porque no existe hasta el momento ningún informe favorable de los servicios jurídicos a dicha operación".

En cambio, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se mostraba muy crítica con la Junta al conocer su negativa: "Es una muy mala noticia para Andalucía, para su economía y el empleo. La falta de compromiso del Gobierno andaluz cuesta caro a nuestra tierra en el peor momento posible", aseguraba en un tuit.

Con anterioridad, Díaz había exigido al presidente de la Junta que "no dejara caer a Abengoa" y le urgía a "respaldarla con los 20 millones de euros que prometió". También criticó la "inacción" del presidente Moreno Bonilla, afeándole "la estrategia de demonización del apoyo a las empresas" que el "PP ha desarrollado en Andalucía durante años".

El futuro de 3.000 familias

La semana pasada, los comités de empresa de las distintas sociedades con representación sindical en el grupo Abengoa reclamaron al Gobierno, los acreedores, accionistas, clientes y la propia compañía que el acuerdo que pudiera alcanzarse fuera "solo un acuerdo financiero", sino también empresarial en el que se asegure el empleo para todos los profesionales.

Los comités de empresas pidieron el compromiso explícito de retener a estos profesionales y motivarles teniendo en cuenta que "son y serán los artífices de la viabilidad de la compañía".

Los comités de empresas que se unieron para realizar estas peticiones fueron los de Abengoa Puertollano CSP O&M S.L.U, comité de empresa Abengoa Solar Plataforma Solar Helioenergy (Écija), Inabensa 'C.P. Alcalá' (Alcalá de Henares), comité de empresa Abengoa Solar PS-CLM, el de Abengoa Abenewco 1 CPA (Sevilla), Abengoa Abenewco 1 MPA (Madrid), comité de Empresa Eucomsa Utrera (Sevilla), Abengoa Agua CPA (Sevilla), comité de Empresa Abengoa Energía CPA (Sevilla), comité de empresa Plataforma Solúcar Sanlúcar la Mayor (Sevilla), el de Plataforma Solar El Carpio (Córdoba), comité de empresa Inabensa Torrecuellar, el de Inabensa Murcia y el comité de empresa Plataforma Solar Extremadura- Solaben Logrosan (Cáceres).