Si entre los 32 puntos del documento firmado recientemente con la Junta a cambio de su voto favorable a los Presupuestos de 2021 Vox hubiera incluido la exigencia de ayudar a Abengoa, ¿seguiría siendo “imposible jurídicamente” para el Gobierno andaluz librar los 20 millones de euros que, según la multinacional, evitarían su deslocalización a Valencia?
Es sabido, y entra dentro de toda negociación presupuestaria, que las exigencias de Vox obligarán a la Junta a movilizar decenas de millones de euros en ayudas económicas a colectivos como los autónomos o los taurinos o destinadas a reflotar sectores como el turismo, la hostelería o el mueble.
Socios embarazosos
Y también es sabido que el Gobierno autonómico está obligado, sí o sí, a mostrarse receptivo a las exigencias de la extrema derecha, sin la cual el mandato del primer presidente conservador que ha tenido Andalucía en 37 años sería un infierno.
En ese sentido hay no pocas similitudes entre la conducta de Moreno en Andalucía y de Pedro Sánchez en España: la supervivencia de sus gobiernos y la aprobación de sus Presupuestos dependen de aliados singularmente embarazosos para partidos, como el PP y el PSOE, que aspiran a ocupar la zona ancha del centro político.
El hecho es que lo que vale para ayudar al turismo o la hostelería no parece valer para salvar a Abengoa. Es cierto que esta ha acumulado méritos de sobra para desconfiar de ella, pero no por eso deja de ser una multinacional andaluza y puntera en una comunidad sin multinacionales ni andaluzas ni punteras.
La ruina va por barrios
En octubre pasado, el diputado de Vox Manuel Gavira urgía al Gobierno andaluz “a salvar al sector turístico de la ruina”, recodando que “da de comer a cientos de miles de familias”.
Aunque referido expresamente a Abengoa, ese era también el argumento utilizado por la socialista Susana Díaz el pasado día 15 en el Parlamento: le reprochaba a Moreno su estrategia de “demonización del apoyo a las empresas” y le pedía que “no dejara caer” a una empresa que genera 3.000 empleos directos y 5.000 indirectos.
En el mismo sentido, Podemos Andalucía pedía este jueves a la Junta que actúe "con determinación" para evitar la marcha de Abengoa de Sevilla: una deslocalización, por cierto, muy destendida informativamente por los medios conservadores andaluces que tanto ruido hacían en el pasado cuando una gran empresa se iba de la comunidad.
A su vez, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido a la Junta que "se mueva" tras la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas cesdar al consejo de administración presidido por Gonzalo Urquijo y que "movilice recursos" para ayudar a la multinacional: "No podemos en este momento dejar caer a una empresa tan importante".
Meses de búsqueda
Los socialistas han acusado a la Junta de llevar “cinco meses sin dar respuestas concretas”, pero no deja de ser significativo que, estando como está tanto en juego, un partido con cuadros de gran solvencia profesional y que ha gobernado durante casi cuatro décadas no haya sido capaz de articular una propuesta viable jurídicamente para inyectar esos 20 M€ (si es que tal propuesta viable existe, aunque, de no existir, el PSOE debería decirlo).
Como debería decirlo el Gobierno andaluz, cuya acumulación de razones y argumentos para negarle a Abengoa los 20M€ que reclama se parecen demasiado a una excusa, además de alimentar la sospecha de otros motivos distintos de los propiamente jurídicos. Advertía el clásico que dar un solo motivo para negarse a hacer algo es una justificación, pero que dar varios suele ser una excusa.
El Gobierno de PP y Cs que preside Juan Manuel Moreno lleva meses diciendo que no ha cesado de buscar, en palabras del consejero de Hacienda, “un instrumento jurídico para, dentro de nuestras posibilidades, atender al compromiso con Abengoa y al resto de empresas”.
Juan Bravo esgrimió otro argumento para rechazar la petición desesperada de Abengoa: en el ejercicio 2018, la Cámara de Cuentas constató 120 millones de euros en avales de la Junta a empresas ejecutados y fallidos.
Nefastas experiencias
El vicepresidente Juan Marín abundaba ayer en el mismo sentido: "Ni Abengoa ni ninguna empresa va a recibir un euro de la Junta si no contamos con los informes jurídicos y de la Intervención General; estamos en esa tramitación de conseguir ese aval jurídico para poder aportar esa cantidad".
Daba Marín un par de razones más: la primera, que dado que la multinacional "necesita una financiación de 540 M€", no veía relación entre su posible traslado desde Sevilla a la Comunidad Valenciana y la negativa de la Junta a concederle ese dinero; la segunda, "las nefastas experiencias de gobiernos anteriores, algunas ya juzgadas y otras judicializadas, como la de Isofoton o el 'caso Avales', por ayudas 'sui generis' a empresas de dudosa viabilidad”: unas experiencias que “hacen extremar la cautela de los servicios jurídicos a la hora de dar el 'ok' a una operación de esta naturaleza".
Por ahora, el Gobierno andaluz intenta no darse por enterado de los planes de deslocalización de la compañía. A fin de cuentas, no deja de ser una situación embarazosa para un Gobierno que presume que estar haciendo lo que otros no hicieron para atraer empresas a Andalucía.
No deja de ser, en cualquier caso, paradójico que al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía le esté costando meses emitir un dictamen al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco parece sea una cuestión particularmente abstrusa saber si se puede o no se puede ayudar a una empresa.
El plan de rescate
El pasado mes de agosto, el grupo culminaba la firma del acuerdo con sus acreedores que iba a permitirle esquivar la amenaza de quiebra obteniendo nueva financiación y reestructurando su deuda.
Abengoa –que en 2016 ya evitó el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España después de verse acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros– cerraba un nuevo plan de 'rescate' financiero, el tercero en los últimos años, tras los de 2017 y 2019.
El acuerdo supone que AbenewCo 1, que es la sociedad cabecera de todos los negocios y para cuyas necesidades se deberán usar exclusivamente todos estos nuevos fondos, recibiría un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que se solicitó la garantía del ICO.
Además, se suscribía una nueva línea de avales 'revolving' a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, todo ello con el objeto de financiar las necesidades de liquidez y avales del grupo encabezado por AbenewCo 1 hasta finales de 2021.
Adicionalmente, estaba previsto que la Junta de Andalucía también aportase esos 20 millones de euros adicionales. La posición de la Junta se concretó inicialmente en el compromiso verbal de apoyar a la compañía, pero más tarde el Gobierno autonómico dio marcha atrás.
