Al consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, le ha costado hoy dar el dato de cuántos extrabajadores beneficiarios del fondo de 680 millones de los ERE –malversados según sentencia judicial– siguen cobrando con regularidad.

A día de hoy, están cobrando 3.251 extrabajadores, de un total de 4.131 que lo venían haciendo desde octubre de 2012, cuando el Parlamento andaluz aprobó sin ningún voto en contra seguir pagando las ayudas, pese a haber sido otorgadas con un procedimiento ya investigado entonces por la justicia y declarado ahora ilegal. El total de beneficiarios por las ayudas otorgadas desde 2000 a 2009 es de 6.382, aunque hay quienes la elevan a más de 7.000.

Hasta 2025, el Gobierno autonómico desembolsará 62,9 millones de euros por este concepto. Con ello quedarán saldados los compromisos adquiridos en la primera década de 2000 por la Junta de Andalucía y calificados por la justicia como fraudulentos.

Las cifras

Antes de dar ese dato de los beneficiarios, en respuesta a la pregunta de un periodista ya al final de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Bravo había desgranado un aluvión de cifras con las que puso de manifiesto las dificultades para recuperar el dinero otorgado a trabajadores intrusos o a empresas y entidades que no tenían derecho a percibirlo.

Estas son las cifras dadas por Bravo este mediodía y recogidas también en la web institucional de la Junta de Andalucía, aunque hasta la llegada del nuevo Gobierno "no ha existido una base de datos con información unificada" de la Consejería de Empleo, la de Hacienda y los Servicios Jurídicos:

-El importe total efectivamente reintegrado en virtud de los expedientes que se han revisado de oficio es de 15 millones de euros. La Junta da por irrecuperables 71 millones.

-En el ámbito del derecho administrativo, hay 218 expedientes de revisión de oficio. 

-De ellos, 91 se han discutido en el seno de la jurisdicción contencioso-administrativa, con 28 sentencias ya favorables a la Administración por un importe de 18 millones de euros. 20 expedientes, por una cantidad global de 13,7 millones, están a la espera de sentencia.

-Igualmente, hay 96 expedientes finalizados mediante una orden o resolución de la Consejería de Empleo declarando la nulidad de las ayudas y la devolución de las sumas, sin que hayan sido recurridas, y que suman un importe de 36,1 millones de euros. 

-También hay 18 expedientes de resolución que, o bien por el informe del gabinete jurídico o por el dictamen del Consejo Consultivo, declaran la no procedencia del oficio y que suman 35,5 millones de euros). Seis expedientes más están en revisión de oficio, por un total de 5,7 millones de euros.

-Se ha declarado la insolvencia del obligado al reintegro en reclamaciones por un importe de 25,3 millones de euros.

-En el plano de la responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas inició diligencias provisionales en 2011. Desde entonces, la cuantía reclamada en este organismo asciende a 118 millones de euros, aunque será complicado recuperar una parte significativa. Hay una treintena de sentencias favorables que suman más de 17 millones de euros.

Las dudas

La que en principio iba a ser una comparecencia para aclarar todas las dudas que suscita el caso tras la sentencia condenatoria de 19 ex altos cargos socialistas, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán, ha dejado, sin embargo, más de un interrogante sin respuesta.

Las explicaciones de Bravo y del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, han aportado información valiosa, pero no han despejado esta paradoja: ¿cómo es posible que el montante malversado haya sido, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, de 680 millones de euros pero, simultáneamente, la Junta no solo no reclame a 4.131 extrabajadores beneficiarios los 402 millones que les ha pagado desde 2012, sino que además les vaya a abonar los 62,9 millones pendientes de pago hasta el año 2025 a un total de 3.251? Si todo el dinero era malversado, ¿no debería ser reclamado?

Esta última cifra de beneficiarios, 3.251, la desglosó así el consejero de Hacienda: 487 beneficiarios de pago directo; 1.744 beneficiarios de pólizas novadas; 901 beneficiarios de pólizas pendientes, y 119, extrabajadores de Hitemasa.

En la comparecencia, Bravo se ha ocupado de los números y Bendodo de los argumentos. El portavoz del Gobierno ha repetido que los socialistas no solo urdieron un sistema ilegal y arbitrario de concesión de ayudas, sino que lo complementaron con otro ideado para impedir la devolución de las ayudas.

Según Bendodo, había beneficiarios legales de las ayudas porque esa era la manera de poder colar a beneficiarios ilegales, mayoritariamente "amiguetes" del PSOE: “Para que pudiera haber intrusos, tenía que haber muchos legales, esa era la base del fraude”.

La aguja en el pajar

Bendodo también ha dicho tener la prueba concluyente que demostraría cómo empezó todo: “Es como si buscas una aguja en un pajar y la encuestas”.

La prueba es un documento, firmado por el último director general de IDEA en vísperas de que tomara posesión el nuevo gobierno del PP y Cs, según el cual en 1999 el Consejo de Gobierno aprobó un préstamo de casi 6 millones de euros a la empresa cárnica Hamsa sin los informes perceptivos –jurídico, presupuestario y de la Intervención– y sin pasar previamente por la reunión de viceconsejeros: "Sabían que era ilegal, porque la Unión Europea prohibía estas ayudas, y a pesar de ello lo hicieron".

Bendodo se mostró particularmente satisfecho por haber “encontrado la pieza que faltaba”, ya que este documento “confirma que el fraude de los ERE se diseñó en la sala de máquinas del Consejo de Gobierno de la Junta”.

Hoy se ha conocido que un juez investiga a Chaves y al exconsejero Gaspar Zarrías por esta ayuda. Fuentes socialistas han asegurado a este periódico que el juzgado solicitó esa documentación a la Junta el pasado 18 de noviembre y que por esa razón le fue entregada con la firma del director de IDEA a principios de enero, no porque fuera a tomar posesión el nuevo Gobierno.