Las alertas de AEMET de riesgo extremo de incendios, a consecuencia de altas temperaturas y sequía, han incitado a la Junta de Castilla y León a declarar época de peligro medio en pleno mes de abril, pero esa declaración se traduce sólo en prohibiciones de uso del fuego, dado que, según los sindicatos CSIF y USCAL, la Administración no ha reforzado el operativo, y la insuficiencia de medios de extinción sigue siendo la misma que en junio de 2022, cuando estalló el primer incendio en la Sierra de la Culebra, también en época de peligro medio.

Los responsables de ambos sindicatos, Agustín Argulo, de CSIF, y Esaú Escolar, de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (APAMCYL, USCAL), alertan de que la Consejería de Medio Ambiente de Juan Carlos Suárez Quiñones “está ‘jugando a la ruleta rusa’ con el fuego, a la espera de ver a qué comarca, o a qué provincia le toca este año la lotería del desastre del año pasado”, afirman.

Según sus datos, “la única diferencia con el mes de junio de 2022 es que hay más autobombas, a través de llamamientos, temporales, y algunas, aprovechan ahora para tomarse las vacaciones”; pero, además, las torres de vigilancia están vacías, los centros provinciales de mando cerrados desde las diez de la noche a las ocho de la mañana, y a las cuadrillas de tierra se las está contratando ‘de urgencia’ estos días.

Lo mismo ocurre, señaló Escolar, con respecto a los agentes medioambientales. “El peligro es el mismo que en junio del año pasado, y los agentes de guardia son los mismos que había en diciembre y enero, cuando estaba lloviendo y nevando: tres agentes en las provincias de menor riesgo y seis en las de mayor riesgo, para toda la provincia”, incidió, “y lo único que ha cambiado la Junta de Castilla y León en época de peligro medio es el horario de los agentes, en lugar de incrementar su número”.

Activar al 50% del operativo

Ambos sindicatos afirman que la Consejería de Medio Ambiente “no hace su trabajo”; reclaman que la época de peligro medio lleve aparejada la activación de, al menos, el 50% del operativo de incendios, de igual modo que la época de peligro alto conlleva la disponibilidad del operativo al 100%, y denuncian que la Junta de Castilla y León no cumple el Real Decreto-ley del Estado de agosto de 2022.

El Real Decreto exigía la elaboración de un Plan Anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios antes del comienzo de 2023, que en Castilla y León se publicó hace sólo unos días, a pesar de que, señalan, los sindicatos han venido reivindicando a la Consejería desde septiembre “que se pongan a trabajar”.

Mientras tanto, denuncian, Medio Ambiente presenta “decretazos” de guardias vía urgencia que los trabajadores consideran “impuestos” y contra los que ya han convocado movilizaciones.

CSIF Y APAMCYL hablan de “desidia e incompetencia” de la Consejería de Quiñones, pero también de “desorganización brutal” y de “mentir continuamente”.

Cambiazo en el Plan Anual publicado

Especialmente llamativo es que, el Plan Anual presentado a los trabajadores el 10 de abril y el que finalmente se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma días después, son textos distintos, de modo que, denuncian, “nos han dado el cambiazo”, puesto que el primero, que presentaron en la Mesa General de empleados públicos del operativo de incendios, tenía 184 páginas, mientras que el publicado tiene 247.

Entre las diferencias que los sindicatos están cotejando entre ambos planes se encuentra, por ejemplo, que, en el publicado, ha desaparecido la determinación de cuatro meses de época de peligro alto.

“Tiene que haber unos servicios mínimos, una cobertura suficiente desde que comienza la época de peligro medio, y es necesario que se establezca la época de peligro alto, que no puede ser la misma que hace diez años, de julio a septiembre, por motivos climáticos evidentes”, añadieron.

Una empresa privada investiga los incendios

Ambas centrales sindicales reclaman, además, la creación de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, algo que aprobaron las Cortes de Castilla y León la pasada legislatura, pero que, a fecha de hoy, sigue sin materializarse.

Más aún, CSIF y APAMCYL denuncian que estos trabajos, es decir, la realización de los informes de investigación de causalidad de los incendios forestales en Castilla y León vienen siendo encargados por parte de la Junta a una empresa privada desde hace veinte años.

Escolar denuncia que esta empresa sólo investiga los incendios “de especial relevancia”, es decir, los grandes incendios forestales. Sin embargo, señala, “todo incendio grande empezó siendo pequeño, de modo que es importante investigar el origen de todos los incendios”.

“A nadie se le ocurriría que a su casa, si hay un robo con fuerza, en vez de llegar la policía, llegara una empresa privada a investigar lo que ha pasado”, concluye, “los agentes medioambientales, que somos funcionarios públicos, tenemos suficiente solvencia, y hemos colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al más alto nivel en todo tipo de investigaciones, sin necesidad de estar pagando a una empresa privada, que es algo que hemos denunciado siempre”.