Prevaricación, malversación, fraude de subvenciones, clientelismo político… Donde la juez Mercedes Alaya, que en 2015 ordenó decenas de detenciones, veía indicios de todos esos delitos, el Tribunal de Cuentas no ve nada. Por eso acaba de archivar las actuaciones encaminadas al reintegro de las subvenciones para formación profesional del Servicio Andaluz de Empleo supuestamente defraudadas.
Como se recordará, en unas recientes declaraciones al diario ABC de Sevilla, la magistrada denunció un complot urdido conjuntamente por el PP y el PSOE por "el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación".
Las irregularidades administrativas detectadas en su día por la Cámara de Cuentas de Andalucía no derivaron en menoscabo alguno de fondos públicos. Por otra parte, los sucesivos archivos en distintos juzgados andaluces han ido ceritificando que tampoco existieron –en contra de lo que sostenía Alaya– unas supuestas órdenes políticas desde la Consejería de Empleo para que no se controlaran las subvenciones otorgadas.
Según el auto del Tribunal de Cuentas, el Ministerio Fiscal decidió no interponer demanda "al concluir que los hechos descritos no eran susceptibles de generar un presunto alcance en los fondos públicos".
El consejero apunta al PP
El consejero andaluz de Empleo, Javier Carnero, se ha congratulado de que el Tribunal de Cuentas haya archivado la causa de los cursos de formación al no apreciar "responsabilidad contable", y ha pedido al PP que "asuma su responsabilidad" por haber tratado de "judicializar" este asunto, informa Efe.
"Toda la causa abierta en torno a la formación y alentada por el Partido Popular se está diluyendo como un azucarillo; la realidad es que ya son más de cien las causas archivadas en materia de formación en instancias penales y ahora, además, hay una resolución del Tribunal de Cuentas, que determina con claridad que no existe responsabilidad contable", ha recalcado.
En la misma línea, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha comentado que el archivo "evidencia que hay dos juicios paralelos, el mediático y el jurisdiccional". La líder sindical espera que este desenlace acabe “con la imagen distorsionada que a veces se da, intencionadamente o no, de Andalucía".
Los cursos de Delphi
Según adelantaba hoy el Diario de Sevilla, el Tribunal de Cuentas ha archivado la causa por las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre los años 2009 y 2010 para los cursos de formación porque no generaron menoscabo de fondos públicos.
Entre las ayudas investigadas, resalta la información firmada por Jorge Muñoz, se encuentran las que fueron otorgadas en su día al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda para la realización de cursos de formación dirigidos a los ex trabajadores de Delphi.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, el responsable de Empleo ha recalcado que la Junta ha "esperado pacientemente a que la Justicia actúe en todos los ámbitos", por lo que ahora también espera que "el Partido Popular asuma también la responsabilidad de haber tratado de judicializar un tema que en absoluto debía haber sido judicializado".
Graves perjuicios
Según Carnero, los tribunales penales y el Tribunal de Cuentas "derivarán la responsabilidad a quien tenga que ser, pero no hacia el Gobierno andaluz, pues ya ha dicho con claridad que no es el responsable de esta causa", ha insistido.
No obstante, ha lamentado el "grave perjuicio" que ha supuesto para todos los andaluces y, especialmente, para aquellos que tenían que recibir unos cursos de formación que "tuvieron que ser parados a causa de la judicialización", aunque ha recordado ya están de nuevo en marcha.
