Más de 1.200 personas han rubricado ya la petición para que el Consejo General del Poder Judicial firme la suspensión cautelar en el ejercicio de sus funciones del juez Salvador Alba por haber mantenido una conversación en sede judicial con un empresario en la que supuestamente le solicitaba facilitase información que sirviera al ex ministro Jose Manuel Soria en su querella contra la magistrada Victoria Rossell. Esta conversación aparece grabada en unas cintas.

En la solicitud de firmas, que se puede leer en este enlace se explica como el día 5 de octubre, se tuvo conocimiento, a través de los medios de comunicación, “de la grabación original de una conversación mantenida entre el todavía juez Salvador Alba Mesa y el influyente empresario canario Miguel Ángel Ramírez, en sede judicial”.

“Dicha grabación fue aportada en el procedimiento judicial que investiga la actuación presuntamente delictiva del juez Salvador Alba, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, explica la solicitud. Y añade: “En esta conversación se oye como el juez Salvador Alba Mesa pactó con el empresario la posibilidad de archivar su procedimiento, a cambio de que le facilitase información con la que el entonces ministro, Sr. José Manuel Soria, pudiera presentar una querella contra la señora Victoria Rosell, diputada en el Congreso en aquel momento.”

Lo que dijo el  juez Alba

Las frases que se recogen en la petición de Change.org son estas:

“EMPRESARIO RAMÍREZ: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?

JUEZ ALBA: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...

RAMÍREZ: Sí, ya está, admitirla a trámite.

ALBA: Sí, por supuesto, pero esto, ya ....”

O frases como:

“Juez Salvador Alba: “Cuando yo te haga esas preguntas y tú contestes, lo que sí tienes que decir es que voluntariamente, porque si yo te requiero no me sirve. Voluntariamente yo esto lo puedo demostrar, ¿sí?”.

Empresario Miguel Ángel Ramírez: “No, cuando tú me haces la pregunta, me podrás decir: ¿pero esto usted que me está diciendo lo puede demostrar?

Juez: “Exactamente”.

Empresario: “Y yo te diré: sí claro, señoría, yo no me estoy inventando nada”.

Juez: “¿Eso es demostrable? Sí. Pues si es demostrable. Pues lo acreditas y lo hacemos así. Y lo llevamos al procedimiento, y en el momento que vayamos al procedimiento ponemos en marcha la maquinaria”

“Es intolerable”

Los firmantes aseguran: “Consideramos intolerable que esta persona no haya sido suspendido cautelarmente de su función de juez ya que, mientras tanto, quien tanta y tan justificada alarma social ha ocasionado, sigue enjuiciando los delitos más graves previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Careciendo de toda legitimidad ética y moral para juzgar la actuación de otras personas”.

Añaden: “Porque la justicia se ejerce en nombre del pueblo, creemos que el Juez Salvador Alba no puede permanecer ni un minuto más en el ejercicio de juez. ¿Cómo creen ustedes que se sienten las personas que ven que son juzgadas por este magistrado?”

El  pasado día 25 la magistrada Margarita Varona dio por válida la grabación encontrado por la guardia civil en un dispositivo al parecer empleado por el empresario Miguel Ángel Ramírez para registrar esta conversación con el juez Alba. Ordenó su transcripción y la incorporación a la causa que contra Alba instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Las acusaciones son de presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionario público.

Fue durante la etapa en la que actuó de juez sustituto de ese juzgado, del que es titular Victoria Rosell, cuando al parecer “conspiró” contra ella para encontrar indicios que pudieran engrosar la querella que contra la ex diputada de Podemos había interpuesto en el Supremo el ex ministro de Industria José Manuel Soria.

Al Congreso con Podemos

El origen de este conflicto data de la candidatura de la jueza Victoria Rossell a las elecciones generales.  Ella solicitó la excedencia el 15 de octubre y una semana después, el día 22, abandonó el juzgado para encabezar la lista de Podemos al Congreso por Las Palmas

En diciembre de 2015 se abrieron diligencias de investigaciones de la Fiscalía de Las Palmas en relación con la instrucción de Rosell en una causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. La Fiscalía investigaba si la magistrada debió apartarse del caso pues su pareja estaba en tratos profesionales con el empresario si bien no resolvieron hasta seis días después de que la jueza abandonase su juzgado.

La sospecha de la magistrada ha sido siempre que "detrás" de esta situación se encuentra el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, el “popular” José Manuel Soria, con quien su pareja ha tenido diversos pleitos judiciales. Soria denunció a Rosell en diciembre de 2015 por un supuesto delito de injurias por hacer unas "acusaciones muy graves" sobre él respecto a la investigación que había abierto la Fiscalía de Las Palmas sobre la juez.

El abogado de Soria “copió”el escrito de Alba

La querella inicialmente planteada ante el juzgado de instrucción número 27 de Madrid pasó al Tribunal Supremo al ser ya diputada la jueza y por tanto aforada. Su dimisión del cargo electo supuso que la instrucción retornara al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Según saltó a los medios de comunicación se dio la curiosa circunstancia de que el abogado de José Manuel Soria, al parecer había fusilado párrafos enteros de un informe reservado del juez Salvador Alba contra Victoria Rosell en el texto de ampliación de su querella ante el Tribunal Supremo en febrero de 2016.

Así las cosas, la magistrada ha presentado dos denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Alba por posibles faltas disciplinarias graves sin conseguir respuesta. El 12 de mayo de este año el CGPJ se dio por enterado de la famosa grabación que aparenta “amañar” pruebas contra la jueza y la unieron a la denuncia presentada el 25 de abril. Nada que ver con otros jueces a los que el Consejo General del Poder Judicial se apresuró en su día a expedientar e incluso inhabilitar. Ahora la acción de los firmantes de Change.org pretende que el asunto no se olvide.