El Congreso ha declarado este martes nula la sentencia por la que fue ejecutado el presidente de la Generalitat Lluís Companys en octubre de 1940, gracias a una iniciativa del PSOE que sale adelante con el apoyo de Unidos Podemos y el PdeCat y la abstención de Ciudadanos, mientras PP y ERC votan en contra.
En el texto de la iniciativa que se ha votado en la tarde de este martes, el Congreso declara "ilegítimas, radicalmente nulas e injustas" las sentencias franquistas contra Companys de 1939 y 1940 -esta última supuso su condena a muerte-, y subraya que "carecen absolutamente de eficacia y validez".
Esta nulidad que declara la iniciativa parlamentaria no tiene, no obstante, efectos jurídicos.
Se reitera además la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Represión y los consejos de guerra del franquismo, así como las condenas y sanciones que dictaron.
Reconocer la "honorabilidad de todas las víctimas" del franquismo
A esta declaración se suma una enmienda transaccional firmada con Unidos Podemos que reconoce la "honorabilidad de todas las víctimas de la represión franquista" como "acto de reparación del dolor que sufrieron" y como "restitución de su memoria".
En la defensa de esta propuesta, la socialista Meritxell Batet ha admitido que la ilegitimidad de los tribunales y sentencias franquistas que declaraba la ley de memoria histórica "no ha sido suficiente para reparar la herida" de las víctimas. Ha admitido además que aunque La Fiscalía General del Estado consideró entonces que la ilegitimidad recogida en la ley conllevaba "nulidad de pleno derecho", las víctimas asociaciones y buena parte de la sociedad han seguido pidiendo estos años la nulidad de las sentencias.
Por eso ha defendido Batet este gesto del Congreso con la figura de Companys y en memoria de todas las víctimas. Una apuesta a la que se ha sumado Unidos Podemos, aunque en su intervención Xavier Domènech, el portavoz de En Comú Podem, ha advertido de que esta proposición no de ley no es suficiente y hay que tener "más valentía" y buscar que se declaren nulas todas las sentencias del franquismo.
Ha dicho además tener "sensaciones encontradas", al recordar que los socialistas no apoyaron la nulidad cuando la pidió ERC, y defienden ahora la iniciativa en "plena crisis de relaciones entre Cataluña y el Estado español".
El PdeCat apoya esta iniciativa pero su diputado Jordi Xuclá ha insistido también en la necesidad de "ir más allá" reformando la ley de memoria histórica -así lo ha pedido su grupo en una enmienda rechazada por los socialistas-. Y también ha advertido a los socialistas que aunque lo hagan como un gesto con Cataluña, el momento político actual requiere "algo más profundo" que lo discutido en este debate.
En contra: PP y ERC
Joan Tardà (ERC) también ha reclamado la reforma de la ley de memoria histórica, y ha vuelto a reprochar a los socialistas que no apoyaran en su momento las múltiples iniciativas presentadas para declarar esta nulidad con un cambio legal, y no solo con una proposición como ésta.
Por eso ha justificado su negativa a la propuesta socialista, además de pedir que no se "manipule" a las "víctimas de ERC".
El PP, al igual que ERC, no ha apoyado la propuesta, aunque por razones muy distintas. La 'popular' Alicia Sánchez Camacho ha considerado que los primeros artículos de la ley de memoria histórica ya han reconocido la reparación a las víctimas y sus familias, y está amparada ya la ilegitimidad de las sentencias franquistas.
Y tras reprochar que se hable de este asunto en un momento en que en Cataluña "se vulneran los derechos de los diputados, la Constitución y el Estatuto", ha dicho que para ella y muchos catalanes Lluís Companys "no es un símbolo" y "no fue el presidente de todos los catalanes". "Estoy cansada como catalana y española de que se tergiverse la historia y el futuro de mi país", ha añadido.
Todo en un debate en el que Ciudadanos se ha abstenido. José Manuel Villegas ha admitido que hay que restituir a las víctimas del franquismo pero ha subrayado el consenso que ya recoge la ley de memoria.
