Mucho se ha hablado, en los últimos años, de cómo se maneja la corrupción en ciertas regiones de España. Por ejemplo, era bien conocida la suerte de Carlos Fabra en el Juzgado número 1 de Nules (Castellón), por donde llegaron a pasar seis jueces por el proceso que ha acabado con él en la cárcel. O cómo las acusaciones de Francisco Camps por su implicación en la Gürtel, acabaron en el TSJV, de cuyo presidente, el dirigente popular llegó a decir que: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". O la bonita relación entre María Dolores de Cospedal y la jueza que aspiraba a llevar la batuta en los juicios Gürtel contra la formación que dirige la castellanomanchega como número dos. Se llamaba Concepción Espejel, pero Cospedal dijo de ella “que para todos es Concha y lo va a ser siempre”.
Sin embargo, estas coincidencias y sospechas se dan con bastante frecuencia en la Región de Murcia, aunque, por la razón que sea, no suelen trascender a las portadas nacionales ni abrir los principales informativos. Pero la serie de catastróficas desdichas en la política y la justicia murciana cada vez se espacian menos en el tiempo y cada vez tienen peor pinta.
Si hay que remontarse en el tiempo, podríamos empezar por el polémico nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM). El Partido Popular maniobró para que el cargo fuera para Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, pese a que había otra candidata con más méritos y logros. El nombramiento fue tumbado por el Tribunal Supremo, pero después se aceptó con la complicidad de dos miembros progresistas del CGPJ.
Contra el nombramiento de Riquelme intentó luchar Podemos, con una querella ante el Tribunal Supremo, que acabó siendo archivada. Este interés sobre quién preside el TSJRM es vital porque es este mismo tribunal el que ha tenido que decidir si atendía la petición de la magistrada de Lorca que pedía que se investigara al presidente murciano por ser aforado dentro del Caso Auditorio. Algo que finalmente aceptó el TSJRM el pasado día 2, eso sí, con Riquelme a la cabeza.
Veremos cómo acaba esta historia, pero de momento el líder murciano se ha salvado, por una curiosa carambola, en el caso de la presunta prevaricación de la pasarela sobre la rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, donde fue alcalde. El Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca ha tenido que archivar la causa al cumplirse los seis meses sin abrir diligencia que establece como máximo la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno de Rajoy. Esta ley sólo deja a los jueces un plazo de medio año, ampliable a 18 meses siempre y cuando se les conceda la petición de declarar el caso como “complejo”. Unos límites a la investigación de la corrupción que el PP se ha negado a modificar ante las peticiones de la oposición.
La rueda de las casualidades sigue girando, porque este miércoles hemos conocido que la casa del fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, fue asaltada hace un mes. Los allanadores ignoraron cualquier objeto de valor y se centraron en buscar algo en concreto, a la vista de que todo estaba revuelto. Y las especulaciones se han disparado, puesto que Lozano investiga casos de corrupción como Novo Carthago o Umbra y dirige varias pesquisas contra familiares del expresidente de Murcia y actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, y el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara.
Para más inri, la casa de Lozano ya había sufrido un asalto similar hace medio año, en el que se llevaron un ordenador portátil con documentos relativos a sus investigaciones. Episodios que parecen sacados de una novela negra, como los accidentes y muertes que rodean al caso Gürtel. Y es que ser fiscal en Murcia es casi una profesión de riesgo. Baste recordar la pillada de Vicente Martínez Pujlate –que ahora no puede presumir precisamente de ética ni de estética- de visita en la Fiscalía General del Estado. Una visita que llegó justo después de que amenazase con quejarse a la Fiscal General de la supuesta persecución que sufría su partido en Murcia por parte de la Fiscalía del TSJRM y que, según él, costaba mucho dinero al contribuyente.
Y otra noticia más, también conocida este miércoles a través de El Español: el juez Eloy Velasco podría tener los días contados al frente del juzgado que investiga la trama Púnica que, entre otros muchos dirigentes, afecta al presidente de Murcia. Todo gracias a la creación de un puesto de coordinador de un proyecto de cuatro años de la Unión Europea para Latinoamérica, al que Velasco aspira. El cargo tiene, eso sí, muchos novios. Aparte de los candidatos que quiere presentar la Fiscalía, el CGPJ propuso a tres magistrados: Luis Arcos, Manuel Olmedo y Eloy Velasco. Aunque el Gobierno de los jueces recomendó a Arcos porque “tiene muchísima experiencia”, algo que no hizo ninguna gracia al Ministerio de Justicia, donde ven con mucho más interés la opción de Velasco.
Y es que el juez tendría que dejar su investigación de la Púnica, como ya le pasó al juez Pablo Ruz con la Gürtel, para dedicarse a este jugoso proyecto que le permitiría trabajar desde Madrid, pero realizando varios viajes a París y Latinoamérica. Eso sí, se le guardaría su plaza para dentro de cuatro años, seguiría acumulando antigüedad en la carrera judicial y se quitaría de un plumazo el sumario de la Púnica. Todos ganan, aunque, como siempre, unos más que otros.
