La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia, tal y como ha podido saber ElPlural.com.
Un contrato no exento de polémica y que fue firmado por Dávila cuando ésta ocupaba el cargo de viceconsejera de Asistencia Sanitaria, puesto que ostentó entre septiembre de 2019 y octubre de 2020. Pese al ruido generado en torno al polémico contrato, que acabó cobrándose la vida política del otrora presidente del PP nacional, Pablo Casado, ser la encargada de su firma no ha limitado la carrera profesional de la actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Fue tras las elecciones de mayo de 2023, cuando Ayuso cosechó una aplastante mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, cuando la presidenta decidió que Dávila, encargada de firmar el contrato que acabó derivando en comisiones a su hermano, formase parte de su Ejecutivo.
Antes de su último paso, que la convierte en plenipotenciaria de la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León fue portavoz adjunta del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad de la Cámara Madrileña y portavoz en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Parlamento autonómico. Su carrera política comienza, sin embargo, en 2011, cuando forma parte de la corporación municipal de Las Rozas como delegada de Sanidad. Así, no es hasta 2017 cuando empieza a ocupar diferentes cargos en la Consejería de Sanidad.
Recreación de la polémica compra de mascarillas de Tomás Díaz Ayuso
La Comunidad de Madrid adjudicó a dedo y por el procedimiento de urgencia la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la compañía Priviet Sportive S.L. por valor de 1,5 millones de euros (IVA incluido). A partir de ahí, además del de la persona con la que la líder regional guarda parentesco, saltó a la palestra otro nombre, el de Daniel Alcázar Barranco, con quien tanto Ayuso como su familia mantienen amistad desde hace décadas.
Seguramente se trate del documento más trascendente de los últimos años, al menos políticamente hablando, dado que culminó con la defenestración de Pablo Casado después de que el antecesor de Alberto Núñez Feijóo denunciara la comisión de 283.000 euros -que la Fiscalía dejaría en 234.000- que Tomás Díaz Ayuso se había llevado de aquel negocio. “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio para vender mascarillas”, pronunció en la COPE. Una frase con la que Casado cavó su propia tumba política. Un escenario que se saldó con el abandono de la inmensa mayoría de la formación ‘popular’ hacia su persona, incluso de quienes le habían mostrado su respaldo.
La empresa con la que colaboraba Tomás Díaz Ayuso pagó 540.000 euros por la compra de mascarillas y posterior traslado a Madrid a Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment . Después cobró 1.512.500 euros de la región, lo que se traduce en un coste hasta tres veces superior al de origen.
La Comunidad de Madrid mostró una treintena de documentos a la prensa para mostrar la “legalidad” de la adjudicación, pero en el contrato no aparecía referencia alguna al hermano de la presidenta. En un comunicado público, añadió por aquel entonces que “la factura de a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”.
Para más inri, las mascarillas que llegaron desde China fueron KN95, un modelo que, como explica este medio, oscila con una protección intermediaria entre las que ofrece las FFP2 y las FFP3 y que, en definitiva, era más barato y no cumplía con los requisitos necesarios. Esta cuestión es una en las que el PP centra en estos momentos sus ataques a la administración de Francina Armengol -cuando ésta era presidenta de Baleares- en el marco del Caso Koldo.
El caso de las comisiones por la compra de mascarillas por parte del hermano de Ayuso supuso también un enfrentamiento a nivel jurídico, dado que la Fiscalía Española pidió que la investigación se quedara en Madrid mientras que su homóloga Europea peleó por quedarse ella el caso ante la posibilidad de que en el mismo hubiera existido la utilización de fondos europeos en la operación bajo sospecha.
Finalmente, ambos organismos dictaron no haber encontrado indicios de que la compra de mascarillas por casi el triple del valor original incluyera sobrecostes para que Tomás Díaz Ayuso se beneficiara, a pesar de lo suculento de la cantidad de la mordida.
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