El PP procesado por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas, mientras que el extesorero y Francisco Correa, el conseguidor que dio nombre a la trama la Gürtel, se enfrentan a peticiones de penas de 42 y 109 años de prisión solo por una de las múltiples causas que tienen abiertas. La parte política de la trama pasa apuros, los 'conseguidores' más todavía pero los corruptores, los empresarios que presuntamente ponían el dinero para conseguir las concesiones, también afrontan un sombrío panorama en lo judicial y en lo económico.

Empresarios acorralados por la Justicia...
Uno de los empresarios paradigmáticos vinculados a la trama e imputados por sus negocios con ella es José Luis Ulibarri. En torno a los negocios inmobiliarios este constructor construyó un amplio grupo, Begar, que incluía también jugosas concesiones con la administraciones públicas (sobre todo las dirigidas por el PP) y medios de comunicación, especialmente en Castilla y León (Diario de León, El Correo de Burgos, Diario de Soria, Diario de Valladolid, varios suplementos regionales de El Mundo en aquella comunidad, el digital Esdiario y RTVCyL). La Fiscalía Anticorrupción pide más de 7 años de cárcel para él acusándole de amañar contratos con la Gürtel para conseguir contratos del PP a cambio de comisiones para cargos populares y para los mediadores de Correa, por ejemplo la adjudicación a su empresa UFC de una parcela en Boadilla del Monte (Madrid).

... y por las deudas
La corrupción también pasa factura a los empresarios porque el grupo Begar de Ulibarri entró en concurso de acreedores en 2009 y salió en 2011, aunque no consiguió recuperarse y de las cenizas de aquel imperio ladrillero nació Elodea S.A., que siguió trabajando como si tal cosa con administraciones en manos del PP, de hecho en el Gobierno de Madrid Esperanza Aguirre le concedieron la explotación del Hospital de Vallecas y la construcción y explotación también del Hospital Infanta Leonor. María Dolores de Cospedal también le concedió la explotación de residencias en Castilla-La Mancha. Pero la empresa es inviable, según su propio dueño. 

Elodea ha solicitado el concurso voluntario de acreedores "invocando la insolvencia actual" de la compañía y presentando para ello este balance: activos por valor de 34,8 millones de euros y en el pasivo una deuda de 189,6 millones. El juez ha aceptado la petición y ha nombrado un administrador concursal. Parece un punto y final para este empresario, aunque ahí está el reciente precedente de la construcción de Elodea sobre los escombros de Begar (sus webs son iguales de hecho) y amigos en el PP no le faltan aún.