Lo pide Bruselas, lo piden los partidos políticos, empresarios y sindicatos porque es de sentido común: toca reformar la Administración del Estado porque la España de hoy no tiene nada que ver con la de 1975 y porque, en muchos casos, perviven estructuras pre-constitucionales. El Gobierno anunció con todo boato que tenía lista la reforma y ha diseñado un plan de 'venta' en los medios de comunicación sin precedentes, el miércoles lo presentó Rajoy en la Moncloa, este jueves insisten el ministro Cristóbal Montoro y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y mañana se aprueba en el Consejo de Ministros. Tal despliegue es necesario porque venden humo. No hay reforma, es un catálogo de propiedades, de empleados, de cuentas bancarias. Son 217 medidas contables, elaboradas al estilo de 'mentalidad de opositor', en las que se propone ahorrar en alquileres, vender 15.00o inmuebles del Estado y reducir burocracia, pero eso no es una auténtica reforma de la Administración.
No se reforma nada
Reformar la Administración supone adecuar el mapa de ayuntamientos, diputaciones , mancomunidades y dejar claras las competencias entre las tres administraciones, la local, la autonómica y la estatal. No hay nada de eso. La reforma local lleva desde el principio de la Legislatura debatiéndose en la Federación Española de Municipios y Provincias y ni siquiera le gusta a los alcaldes del PP. No hay acuerdo.
En cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas, requiere de una negociación que el Gobierno del PP ni ha puesto en marcha ni hará, porque sus ideas chocan con los Estatutos de Autonomía, sus propuestas acabarían recurridas en el Tribunal Constitucional y, casi seguro perderían. Tocar las competencias autonómicas es tocar la Constitución, y eso son palabras mayores, así que el Estado autonómico no se reforma. Es más, la mayoría de las propuestas de Rajoy para "modernizar" y "ahorrar", como la ventanilla única o reducir burocracia, solo se harán si las Comunidades Autónomas quieren. No se suprimen las diputaciones provinciales (Rajoy ya dijo en campaña electoral que estaba en contra de esa propuesta de Rubalcaba), no se sabe nada de las mancomunidades de municipios, de las comarcas (donde las hay), de organismos y empresas municipales, provinciales y autonómicas.
De lo que se habla
El Gobierno dice que quiere suprimir empresas y entes públicos y evitar servicios duplicados, pero como se ha dicho anteriormente, para eso debe poner de acuerdo a las Comunidades. Así que la 'reforma' se queda, incluso en la prensa más amable con Rajoy como el diario El País, en los siguientes puntos: venta de 15.000 inmuebles propiedad del Estado (eso no es una reforma, es una operación mercantil), propuesta para suprimir empresas o fundaciones autonómicas (se hará si las Comunidades quieren), reducir el número de cuentas bancarias con las que opera el estado (¿Esto es una reforma o una decisión contable?), no se suprimirán más puesto de trabajo en el sector público de los 377.000 que ya se ha cargado el Gobierno (tampoco es una reforma, es una decisión empresarial), poner en marcha la administración electrónica (no es una reforma, es un cambio en el método de trabajo), menos coches oficiales y menos conductores (no es un reforma, es una medida de ahorro).En definitiva, una cosa es reformar y otra cosa proponer una serie de medidas para reducir gastos y burocracia. La reforma de la Administración que necesita España y que exige Bruselas ni está ni se le espera porque no hay nada nuevo. Se reducirán empresas y fundaciones públicas solo si las comunidades autónomas quieren. Lea y analice la propuesta, es un catálogo, un listado hecho con la mentalidad de registrador de la propiedad, pero en ningún caso una reforma de la Administración española.
No se reforma nada
Reformar la Administración supone adecuar el mapa de ayuntamientos, diputaciones , mancomunidades y dejar claras las competencias entre las tres administraciones, la local, la autonómica y la estatal. No hay nada de eso. La reforma local lleva desde el principio de la Legislatura debatiéndose en la Federación Española de Municipios y Provincias y ni siquiera le gusta a los alcaldes del PP. No hay acuerdo.
En cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas, requiere de una negociación que el Gobierno del PP ni ha puesto en marcha ni hará, porque sus ideas chocan con los Estatutos de Autonomía, sus propuestas acabarían recurridas en el Tribunal Constitucional y, casi seguro perderían. Tocar las competencias autonómicas es tocar la Constitución, y eso son palabras mayores, así que el Estado autonómico no se reforma. Es más, la mayoría de las propuestas de Rajoy para "modernizar" y "ahorrar", como la ventanilla única o reducir burocracia, solo se harán si las Comunidades Autónomas quieren. No se suprimen las diputaciones provinciales (Rajoy ya dijo en campaña electoral que estaba en contra de esa propuesta de Rubalcaba), no se sabe nada de las mancomunidades de municipios, de las comarcas (donde las hay), de organismos y empresas municipales, provinciales y autonómicas.
De lo que se habla
El Gobierno dice que quiere suprimir empresas y entes públicos y evitar servicios duplicados, pero como se ha dicho anteriormente, para eso debe poner de acuerdo a las Comunidades. Así que la 'reforma' se queda, incluso en la prensa más amable con Rajoy como el diario El País, en los siguientes puntos: venta de 15.000 inmuebles propiedad del Estado (eso no es una reforma, es una operación mercantil), propuesta para suprimir empresas o fundaciones autonómicas (se hará si las Comunidades quieren), reducir el número de cuentas bancarias con las que opera el estado (¿Esto es una reforma o una decisión contable?), no se suprimirán más puesto de trabajo en el sector público de los 377.000 que ya se ha cargado el Gobierno (tampoco es una reforma, es una decisión empresarial), poner en marcha la administración electrónica (no es una reforma, es un cambio en el método de trabajo), menos coches oficiales y menos conductores (no es un reforma, es una medida de ahorro).En definitiva, una cosa es reformar y otra cosa proponer una serie de medidas para reducir gastos y burocracia. La reforma de la Administración que necesita España y que exige Bruselas ni está ni se le espera porque no hay nada nuevo. Se reducirán empresas y fundaciones públicas solo si las comunidades autónomas quieren. Lea y analice la propuesta, es un catálogo, un listado hecho con la mentalidad de registrador de la propiedad, pero en ningún caso una reforma de la Administración española.
