El productor musical y empresario P. Diddy ha sido sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión federal (exactamente 50 meses), tras ser hallado culpable de transportar personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución. La condena, dictada el viernes 3 de octubre, marca el cierre de un proceso judicial que puso en evidencia los abusos de poder en la industria del entretenimiento.
Si bien fue absuelto de los cargos más graves de conspiración de crimen organizado y trata sexual —que podrían haberle valido cadena perpetua—, el juez Arun Subramanian subrayó la gravedad de los hechos por los que sí fue condenado, incluyendo el testimonio de su ex pareja Cassie Ventura. “El abuso contra las mujeres debe enfrentar consecuencias reales”, afirmó el magistrado durante la audiencia.
La sentencia se ampara en la conocida Ley Mann, una norma federal que penaliza el traslado de personas con fines de prostitución. El juez describió la conducta de P. Diddy como “ofensas graves que dañaron irreparablemente a dos mujeres”, haciendo referencia a los episodios de violencia denunciados por las víctimas. También agregó: “La violencia detrás de puertas cerradas no tiene por qué permanecer oculta”.
P. Diddy, que ya lleva más de un año en custodia federal, recibirá crédito por tiempo cumplido, por lo que podría pasar poco más de tres años más en prisión. Además, se le impuso una multa de 500.000 dólares y cinco años de libertad supervisada tras su liberación. En su declaración final ante el tribunal, el artista se disculpó por sus actos, calificándolos de “asquerosos, vergonzosos y enfermos”, aunque los fiscales señalaron que sus planes posteriores reflejaban “una absoluta falta de remordimiento”.
La sentencia se sitúa entre los once años solicitados por la fiscalía y la liberación inmediata pedida por su defensa. Con esta resolución, la justicia lanza un mensaje claro: ni la fama ni el poder eximen a nadie de rendir cuentas.
