La jueza que encabeza la investigación sobre la gestión de la crisis causada por la DANA en la Comunitat Valenciana daba un plazo inamovible de cinco días para que la Generalitat identificara al responsable de la orden de alerta a la población el pasado 29 de octubre. Con el contador a cero, la Justicia ya debería contar con la respuesta. No obstante, públicamente, Carlos Mazón sigue resistiéndose a decir quien envió el mensaje a la ciudadanía.
A primera hora de la mañana, uno de los reporteros de La Hora de La 1 abordaba a Carlos Mazón a su llegada al Palau de la Generalitat. Sin embargo, tal y como el periodista le trasladaba posteriormente a Silvia Intxaurrondo, "no nos ha respondido sobre si ya ha aclarado a la jueza quien dio la orden de enviar la alerta masiva a la población a las a las 20:11 horas". "Fuentes judiciales nos aseguran que ayer por la tarde los juzgados aún no habían recibido ninguna comunicación, lo que no sabemos es si hoy a lo algo del día la recibirán", añadía.
El matinal de TVE mostraba las imágenes en las que su reportero seguía apresuradamente a un Mazón que intentaba huir a toda prisa y le preguntaba si ya habían "entregado los nombres" a la Justicia. "Perdonadme, pero voy con prisa", decía en un primer momento el popular. Ante la insistencia del periodista, el president terminaba echando balones fuera una vez más: "La abogacía de la Generalitat es la que lleva estos asuntos procesales. Total respeto a la Justicia", añadía, antes de entrar al Palau.
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, de acuerdo con un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, fijaba este plazo de cinco días para que la Generalitat identifique al funcionario responsable de la orden y también al técnico que la ejecutó el pasado 6 de febrero. La jueza enfatizó que, cuando se recibió el aviso a las 20:11 horas, muchas de las víctimas, en su gran mayoría personas mayores, se encontraban en los pisos inferiores de sus viviendas cuando sucedió la tragedia, mientras que otros caminaban por la vía pública o intentaban sacar sus vehículos de los garajes.
Por otro lado, dicho texto judicial señalaba la existencia de un vacío en las comunicaciones de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ) entre las 16:13 horas y las 18:42 horas sobre el caudal de la Rambla del Poyo. Por ello, y pese a que la Confederación informó en una nota de prensa del 4 de febrero que su Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) operaba correctamente y generaba datos actualizados cada cinco minutos, la jueza solicitó datos detallados sobre el caudal del barranco del Poyo en el tramo horario previamente, así como otras cuestiones sobre cómo se comunicaron estos registros.
A esta información solicitada también se ha referido el reportero de La hora de La 1 en su conexión con plató: "La CHJ ya ha remitido la documentación requerida en un informe muy detallado donde se reflejan los datos cada cinco minutos de las subidas del caudal del Barranco del Poyo y los avisos que remitieron al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. En ellos se observa que aunque entre las 16:00 horas y la 18:45 horas no hubo correos electrónicos, la Generalitat tuvo acceso hasta en 33 ocasiones a los datos, que a las 18:00 horas ya indicaban una subida abrupta del caudal", informaba.
La magistrada considera esencial comprobar si se llevaron a cabo mediciones precisas del caudal y si los responsables de Emergencias podrían haber evaluado visualmente la magnitud del desastre con antelación, ya que los testimonios de familiares y afectados ponen de relieve que muchas de las víctimas no eran conscientes del peligro al que se estaban enfrentando ante el desbordamiento de la Rambla del Poyo y el Barranco de l’Horteta.