Este martes, el juez Peinado decidía ir un paso más allá en su instrucción. El magistrado que instruye la causa de investigación sobre la mujer del presidente del Gobierno pedía al Tribunal Supremo que imputara al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, por falso testimonio y malversación de caudales públicos por la declaración que realizó con motivo de la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. La petición de Peinado ha despertado multitud de opiniones, como la de Afra Blanco, que ha divagado sobre una posible prevaricación.
La sindicalista apuntaba en Al Rojo Vivo que "cuando un trabajador se equivoca o la lía parda le cae un empleo y sueldo, cuando un trabajador la lía lo suficientemente parda, lo que le cae es un despido". "¿Qué pasa cuando un juez opera o tiene actuaciones injustas a sabiendas? Todos estamos de acuerdo en que no es normal lo de Peinado, ¿verdad? ¿Qué es lo que le sucede? Prevaricación. ¿Qué es lo que le sucede después? Una posible inhabilitación, te vas para tu casa", comenzaba la colaboradora.
Blanco continuaba haciendo preguntas, en este caso con respecto a lo que implica la edad de Peinado: "¿A qué edad es la jubilación forzosa entre los jueces? A los 70. ¿Qué edad tiene el juez Peinado? 70 y poquitos. Tiene una prórroga de dos años, 72. El que pueda hacer que haga y esto va a durar mientras él esté ahí porque inhabilitado significa irse donde ya tenía que estar".
Los argumentos de Peinado contra Bolaños
En el auto, el magistrado afirma que Bolaños “no contestó a la verdad que conocía” y que, por ese motivo, el Tribunal Supremo debería realizar una serie de diligencias, así como citar al ministro para tomarle declaración como imputado. En sus palabras, el principal indicio en la supuesta malversación del ministro es que la asesora de Begoña Gómez no pasó ningún tipo de proceso de contratación.
En cuanto al falso testimonio, asevera el auto: "Que dicho investigado, Félix Bolaños García, en su declaración el día 16 de abril del año 2025 en calidad de testigo, efectuada en su despacho oficial bajo juramento, tras sucesivas reticencias, manifestó que el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez lo habría realizado la persona que emitió el certificado". Y prosigue aseverando que, "ese hecho fue negado por dicha persona, Raúl Díaz Silva, cuando declaró, en dos ocasiones, como testigo y bajo juramento. Consecuentemente, siendo el investigado, Félix Bolaños García, ministro de Justicia, y por tanto, el Notario Mayor del Reino nos encontramos, ante el paradigma de un oxímoron cuando estando bajo juramento, y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad, lo que debe ser considerado, como un testimonio falso, y lo que constituye el indicio principal, para que, se eleve, esta exposición razonada, por el delito de falso testimonio".
Con respecto a la contratación de la asesora, además de afirmar que no hubo procedimiento de contratación, Peinado asegura que Álvarez, "con independencia de las otras funciones que pudiera realizar, efectuó múltiples trabajos para la actividad privada de la esposa del presidente del Gobierno (...) sin relación alguna con las funciones para las que había sido nombrada, y ajenas a aquellas". Sin embargo, a juicio del juez, la asesora únicamente podía realizar actividades "meramente protocolarias, y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico", y que todo ello se pagó con dinero público.