Portazo al Partido Popular. El Tribunal Constitucional neutraliza la maniobra de los conservadores al rechazar la recusación contra el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, por lo que podrá participar en las deliberaciones sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo contra la ley de amnistía. Desde el organismo precisan que la decisión ha sido adoptada por siete votos a favor y uno en contra. Un camino que se interpreta como preámbulo de las otras ocho recusaciones formuladas por las comunidades autónomas del Partido Popular.

Tan sólo un voto emitido en contra frente a los siete a favor. Ese ha sido el resultado de la votación de este martes, según trasladan desde el órgano constitucional. Una diferencia que a primera vista se antoja pacífica, aunque todo el debate sobre Conde Pumpido ha capitalizado el grueso de la jornada, especialmente por el malestar del sector conservador por su proceder en cuestiones relativas a la amnistía. No obstante, en el Pleno sólo han participado 8 de los 12 integrantes que lo componen, habida cuenta de que el protagonista de la jornada pidió a la magistrada progresista Laura Díez y al conservador, José María Macías, que no intervinieran en la deliberación sobre la recusación, dado que ellos están también recusados en este ámbito por parte del PP, Fiscalía y Abogacía del Estado.

Por su parte, el sector conservador respaldaba la resolución de las recusaciones formuladas contra los tres magistrados del mismo modo que se hizo con las abstenciones del progresista Juan Carlos Campo, que se apartó voluntariamente de los debates sobre la amnistía debido a que, cuando ostentaba la cartera de Justicia, aseguró que era “claramente inconstitucional” en los informes favorables a indultar a los condenados por el procés separatista.

Resultado neutro

Así, con Campo a la cabeza, el Constitucional ratificó su abstención en la primera cuestión que llegó a Pleno, relativa a la inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo y, en un Pleno posterior, aplicó idéntico criterio a las otras 19 abstenciones. En un escrito remitido a Conde Pumpido, Macías le pidió que no fraccionara la deliberación sobre las recusaciones para garantizar el resultado “neutra”. Expone que, de rechazarse las formuladas contra él y Díez, los progresistas podrán decidir sobre la emitida contra él mismo sin que él pudiera hacerlo con las de ellos.

En consecuencia, Macías abogaba por la aplicación de la ‘pauta Campo’ a las 54 recusaciones a magistrados que acompañan a las impugnaciones a la ley de amnistía. Especialmente al que fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acumula 27, mientras que el presidente del Constitucional, Díez y Campo acumulan 9 cada uno. En este sentido, cabe recordar que las que registradas contra el que fuera ministro de Justicia decayeron al ser aceptadas sus abstenciones.

La reclamación de Macías, sin embargo, confronta con otras voces del tribunal de garantías, que argumentan que, precisamente, se transita hacia el modelo que el bloque conservador defendió durante el Pleno del pasado 24 de septiembre, donde se avaló el cómputo global de las abstenciones de Campo.

Momento clave

De tal modo, toda vez rechazada la recusación de Conde Pumpido, se espera que en el siguiente Pleno se discuta la de Díez, también sobre la amnistía. Después, el plan inicial contempla la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular, cuya ponencia recae sobre el propio Macías, antes de tratar la recusación pendiente contra este último. Ambos sectores, no obstante, convergen en identificar la lucha por el control de los tiempos como motivo real del nuevo enfrentamiento entre los bloques.

Mientras los progresistas abogan por “agilizar” la tramitación de la ley de amnistía para sentenciarla en un plazo de entre seis meses y un año, los conservadores buscan un debate más sosegado que respetara la individualización de cada incidente, dilatando la primera sentencia sobre la amnistía. Según barruntan voces expertas en la materia, esta confrontación de espíritus se explica por la sensación de que el fallo final del Constitucional podría ser clave en el devenir de la legislatura.