El Tribunal Constitucional ha dado este jueves un varapalo al PP al desestimar el recurso que los populares presentaron para dejar sin efecto la prohibición a los desahucios que el Gobierno puso en marcha durante la peor etapa de la pandemia. Concretamente, el Ejecutivo impuso, a través de un decreto-ley tramitado durante el estado de alarma, que quedaba expresamente prohibido desahuciar a inquilinos mientras durase esta situación de emergencia, algo que los populares recurrieron justificando que esta medida vulneraba el derecho a la propiedad privada, así como el derecho a la tutela judicial efectiva.

De esta forma, y años más tarde de la aplicación de este decreto-ley destinado a proteger a los colectivos más vulnerables en un momento de máxima tensión derivada de la pandemia, la Corte de Garantías da un rejonazo al recurso del PP dejando sin efecto ninguno de los dos argumentos que los líderes de la oposición pusieron sobre la mesa para frenar la medida: el primero de ellos era que la medida promovida por el Ejecutivo vulneraba los límites materiales de los decretos-leyes; el segundo, que con esta prohibición se iba en contra de la propiedad privada. Para justificar la segunda de las justificaciones del recurso, el PP llegó a dejar patente en su escrito que esta decisión facilitaba la okupación ilegal.

Dos justificaciones que se han saldado con dos negativas del Constitucional. El encargado de presentar la sentencia ha sido el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y en su ponencia ha justificado que el objeto del recurso queda obsoleto al tratarse de una medida temporal que, por su propia limitación, no puede regular ni directa ni indirectamente el derecho a la vivienda. Además, Pumpido ha esgrimido en su declaración que esta medida se realizó con una motivación social, que no es otro que la protección de las personas en una situación de vulnerabilidad derivada de la covid-19.

Arnaldo y Espejel rompen el quórum

La votación se ha saldado con la desestimación mayoritaria del recurso, algo que ha conseguido el quórum de todos los magistrados salvo dos conservadores: Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Ellos, a diferencia de sus compañeros, han esgrimido que el decreto-ley sobrepasaba y superaba uno de los límites materiales contemplados y recogidos en el artículo 86.1 de la Constitución. Concretamente, los dos magistrados contrarios a la resolución definitiva del TC se refieren a los derechos reconocidos en el Título I de la CE en materia de propiedad privada.

Arnaldo y Espejel, además, han sostenido su voto afirmando que con esta medida se obligó a los propietarios a soportar que disfrutasen de su vivienda incluso aquellos que tenían una causa abierta por haber okupado el inmueble.

El Real Decreto-ley

Publicado el 1 de abril de 2020, en medio del estado de alarma y cuando los españoles aún tenían coartados sus movimientos y estaban obligados a la cuarentena en sus hogares, el “Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19” hizo efectiva la “suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional” (artículo 1 de la sección 1ª de las medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables).

La medida, anunciada y defendida tanto por el Gobierno como por los socios parlamentarios de la coalición, contemplaba en su exposición de motivos un mensaje social y plagado de referencias a la situación de emergencia que provocaba la pandemia: “En estas circunstancias excepcionales, la política económica debe estar orientada a proteger el empleo, ayudar a los más vulnerables y mantener el tejido productivo”.

“Todas estas actuaciones están alineadas con las medidas que están adoptando los países de nuestro entorno y de acuerdo con las recomendaciones de los organismos de la Unión Europea e internacionales. En las últimas semanas, y atendiendo a la evolución de la crisis sanitaria a nivel europeo e internacional, se están empezando a adoptar medidas económicas y sociales de amplio alcance por parte de los distintos países, dirigidas a reforzar los sistemas sanitarios, proporcionar liquidez a la economía, mantener el empleo, así como proteger a las familias y a los más vulnerables”, prosigue la ley.

La guerra parlamentaria por este tema fue dura, crispada y con acusaciones de alto voltaje. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, acusó el 4 de febrero de 2022 al presidente del Gobierno de dejar “al descubierto” con esta medida que lo que realmente buscaba era “dar protección y amparar” a los okupas. Pese a que el recurso fue presentado por el PP, Vox y Ciudadanos tampoco se quedaron atrás en sus críticas a la medida, mientras que, por su parte, el PSOE acusó a las tres derechas de aprovechar la delicada situación que atravesaban los españoles para “meterles miedo” y generar caos.