Un torrente de recursos se avecina después de que el Tribunal Supremo, este lunes, se negase a extender la medida de gracia a aquellos que se aprovechasen de la difícil situación catalana para enriquecerse personalmente o sufragar con dinero público gastos políticos que deberían haber asumido ellos mismos. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no obstante, entiende que no hubo enriquecimiento en primera persona, por lo que la malversación sería amnistiable atendiendo al redactado de la medida de gracia apalabrada por el Gobierno y sus socios de investidura. Misma causa, distintas valoraciones, un destino: el Tribunal Constitucional.
Finalmente, y como era previsible para todos los actores políticos interesados en la puesta en marcha, o no, de la ley de amnistía, será el órgano constitucional, intérprete máximo de la Carta Magna, quien dictamine si Carles Puigdemont, junto a otros muchos, puede caminar tranquilamente por la Barceloneta sin miedo a que un control rutinario de la policía venga acompañado de la lectura de sus derechos y unas esposas.
El rechazo a la aplicación de la amnistía no fue homogéneo, pero sí total. Tanto el juez Llarena, instructor de la causa, como la Sala del Supremo presidida por Manuel Marchena se negaron a asumir que los delitos de malversación tengan cabida en la ley de amnistía. Exclusivamente la magistrada Anna Ferrer rompió el quórum del Alto Tribunal con motivos tajantes, reprochando la actitud de sus compañeros y dejando claro que a su juicio se está cometiendo un intento de boicot a la aplicación de la herramienta: “Podemos discutir la constitucionalidad de la Ley, o su adaptación al derecho comunitario, pero lo que no podemos los jueces es hacer interpretaciones que impidan la vigencia de la norma”.
Con este panorama se abre un tiempo de recursos judiciales difícilmente prosperables ante la Sala del Supremo. La defensa de Carles Puigdemont lo sabe, pero agotará todas las vías necesarias para acabar dejando en manos del Tribunal Constitucional la decisión. No será fácil, y se extenderá en el tiempo más de lo deseable para el líder fugado, que deberá decidir si vuelve Cataluña, como prometió, para presentarse a la investidura sin números que defiende su formación o mantenerse en el extranjero a la espera de una resolución emanada desde la calle Domenico Scarlatti de Madrid, sede del Tribunal de Garantías.
Reacciones políticas
Quienes defienden el fallo del Tribunal Supremo niegan la independencia del Tribunal Constitucional. A la inversa el proceso es el mismo. Este lunes, conocido el fallo que postergaba la amnistía de Puigdemont, Junqueras, Romeva y otros tantos, las reacciones políticas llegaban en cascada: por un lado, el PP se enorgullecía de la justicia, desplegando una retahíla de argumentos que se cimentaban en que la separación de poderes es más fuerte que las voluntades totalitarias que a su juicio tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Este martes, no obstante, y ante la más que probable posibilidad de recurso por parte de la defensa de los encausados, ha sido el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, el primero en sembrar de dudas el correcto funcionamiento de esta separación de poderes de la que presumían 24 horas antes: “Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional”, ha manifestado el líder del PP.
Frente a ellos, desde Ferraz elaboraban un análisis paralelo, en tiempo, y opuesto, en forma: “No entraremos a valorar las consideraciones políticas que ha hecho el TS, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas”, explicaban sobren el fallo del Supremo, dejando claro además que los delitos de malversación de los líderes del procés están recogidos como amnistiables en el artículo 1.4 del redactado de la propia ley.
Lanzado el ataque al Tribunal Supremo, pese a la constante mención al “respeto total a las resoluciones judiciales”, los socialistas presagiaban un mejor destino en el futuro: “La confianza en el Estado de Derecho de nuestro país es absoluta. España es un sistema garantista, que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales, tal y como ya han hecho otros tribunales como el TSJ de Catalunya”, arrancaban estas mismas fuentes. “Por último, es una buena noticia que no se cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE”, sentenciaban.