El inicio del juicio de la operación Kitchen, dilatado durante más de una década, se esperaba con ansia. Los protagonistas estaban claros y, pese a la instrucción exculpatoria del juez Manuel García-Castellón, el desfile por los tribunales de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, Luis Bárcenas o José Manuel Villarejo, entre otros muchos, parecía que iba a copar todos los focos. Sin embargo, el sorprendente devenir de las jornadas ha colocado a otra magistrada, Teresa Palacios, en el centro de la polémica.
La togada, presidenta de la sala de la Audiencia Nacional donde se está desarrollando el juicio de la Kitchen, está poniendo múltiples trabas a las acusaciones, que han llegado a derivar en enfrentamientos con los letrados. Palacios ha impedido la formulación de un gran número de preguntas, ha respondido a algunas de ellas en nombre de los interrogados, ha prohibido la visualización de pruebas y la escucha de audios, ha acotado a su interpretación los interrogatorios y ha despreciado las protestas de los abogados.
Una actitud que ha sorprendido a unos pocos, pero no a los que habitualmente siguen la actualidad de los tribunales. Palacios es conocida por su ascendencia y procedencia, pero sobre todo por los casos en los que ha participado, casi siempre polémicos. El caso del Yak-42 o la causa contra Rodrigo Rato por el caso Bankia son algunos de los más famosos. Además, también ha estado presente en otros relacionados con la limitación de la libertad de expresión (Cassandra, La Insurgencia o Strawberry).
¿Quién es Teresa Palacios?
Palacios nació en 1960 en una familia vinculada a la judicatura. Hija de Diego Palacios, magistrado y fundador de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la que ahora forma parte su descendiente, es el ejemplo perfecto de la endogamia que impera en el Poder Judicial y a la que quiere poner fin el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, no sin encontrarse con la oposición furibunda de asociaciones como la APM. De sobra conocida es también su relación íntima con Angela ‘Titi’ Muñoz, compañera de colegio y alcaldesa de Marbella relacionada, a través de su difunto marido y su hijastro, con el narcotráfico.
En el plano profesional, Palacios tomó posesión, en 1997, como titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y, en 2006, fue designada para dar el salto a la sala de lo Penal. Ubicada en la Sección 4ª, ha sido una de las encargadas a lo largo de los años de resolver los recursos de las partes contra las resoluciones judiciales de, casualmente, García Castellón, instructor de la Kitchen que se negó a indagar en los indicios que señalaban a Rajoy como participe y rechazó los audios de Cospedal y Villarejo que incriminan a la ex secretaria general del Partido Popular.
Casos más polémicos
Palacios ha estado al frente de múltiples casos controvertidos, pero quizá el más famoso es el del accidente aéreo del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles que iban a bordo de una aeronave con condiciones de seguridad deplorables. La jueza se negó, pese a la petición de las familias, a citar a Federico Trillo, exministro de Defensa, y archivó la causa hasta en tres ocasiones, pese a que la propia Audiencia Nacional le ordenó que investigará las irregularidades. Finalmente, cuando dio el salto a la sala de lo Penal, abandonó la instrucción del caso.
Poco después, protagonizó otro caso de gran revuelo judicial. La causa investigaba las irregularidades de la salida de Bankia a bolsa, que terminó propiciando el rescate bancario que arruinó al país y pagaron todos los españoles de su bolsillo, sin que este fuese devuelto. Como suele suceder con caso que afectan a personalidades como Rodrigo Rato, se ha visto también con la Kitchen o el caso Montoro, el juicio se celebró nueves años más tarde y el tribunal absolvió a los 34 acusados, entre ellos al exvicepresidente ex ministro de Economía de Aznar, llegando a defender la salida fraudulenta a bolsa.
Libertad de expresión: contra músicos y tuiteros
La jueza también es conocida por los movimientos de defensa de la libertad de expresión y contra la represión. Uno de los casos en los que participó fue el del cantante Cesar Strawberry, cuya causa por enaltecimiento del terrorismo fue archivada por José de la Mata, pero fue reabierta por la sala de lo Penal, de la que formaba parte Palacios, tras un recurso de la fiscalía. La Audiencia Nacional absolvió al cantante, pero finalmente fue condenado por Manuel Marchena desde el Tribunal Supremo.
Esta no fue la última causa de este estilo que pasó por las manos de Palacios. En 2016, el grupo trece músicos del grupo La Insurgencia, de entre 18 y 27 años, fue detenido y juzgado por enaltecimiento del terrorismo, delito contra las instituciones del Estado y asociación ilícita. Fueron condenados a dos años y un día de prisión, multa de 4800 euros y nueve años de inhabilitación absoluta con el voto favorable de Palacios y otra compañera, pese al voto contrario de Ángela Murillo.
Palacios también participó de la condena contra Cassandra Vera por la publicación de trece tuits entre 2013 y 2016 en los que se reía de la muerte de Carrero Blanco, en el marco de una redada de la Operación Araña que fue impulsada desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, quien, casualmente, se enfrenta ahora a la petición de 15 años de prisión por la Kitchen que juzga Palacios. La Audiencia Nacional condenó a Cassandra a un año de prisión y siete de inhabilitación, condena que fue revocada por el Supremo.
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