El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha apuntado este jueves que la estrategia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero respecto a las joyas "apunta a la prescripción de los posibles delitos fiscales y de contrabando", lo que "imposibilitaría" al juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional continuar la investigación sobre este aspecto.
Zapatero ha asegurado este jueves durante una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' (TVE) que las joyas objeto de investigación judicial fueron "un regalo de cortesía personal de hace muchos años" y que las guardaba en una caja fuerte en su despacho sin tener "afán patrimonial" ni "intención de defraudar".
Al respecto, los técnicos de Hacienda han señalado en un comunicado que la investigación de cualquier posible infracción tributaria o delito fiscal "estaría condicionada por los plazos de prescripción". De esta manera, han indicado que esta investigación penal debería cerrarse si el expresidente "puede demostrar el origen y la antigüedad en su posesión", recalcando a su vez que la responsabilidad penal "estaría prescrita si las fechas de los regalos de las joyas son anteriores al 11 de mayo de 2021".
"Tampoco podría exigirse la cuota tributaria si han pasado más de cuatro años del final del plazo de declaración del Impuesto sobre Donaciones antes de que la Hacienda de la Comunidad de Madrid le inicie una inspección", han añadido. Por otro lado, los técnicos del Ministerio de Hacienda han recordado que "debe declararse cada regalo recibido de cada persona diferente, valorando las joyas en la fecha de cada regalo, por lo que la tributación podría reducirse bastante": "Con independencia de lo que pueda probarse, Gestha considera que Rodríguez Zapatero debería ceder ese regalo al Patrimonio del Estado si se demuestra que lo recibió durante su presidencia, y después de que aprobara su código ético", han subrayado desde el sindicato.
Gestha reclama la Ley de Transparencia
En su comunicado, Gestha ha vuelto a reclamar la aprobación del Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés para "garantizar que las decisiones públicas respondan exclusivamente al interés general".
Según el sindicato, "la insuficiente transparencia de las relaciones de ex responsables públicos con los grandes sectores económicos erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, por lo que ve necesario regular de la actividad de influencia, la incompatibilidad, la transparencia y el fortalecimiento de la integridad institucional".
De hecho, los técnicos del Ministerio de Hacienda consideran que el principal problema no reside únicamente en la existencia de "actividades de representación de intereses mediante lobby" -que consideran que deberían estar prohibidas a quienes han sido altos cargos, altos funcionarios y a quienes han ejercido puestos de representación públicas-, sino en "la insuficiente transparencia que rodea determinadas relaciones entre responsables públicos y grandes intereses económicos".
Hacienda abre por primera vez con Zapatero una inspección a investigados por delitos fiscales
También desde el sindicato de Hacienda, cabe recordar que a principios de julio la Agencia Tributaria abrió por primera vez una inspección a quienes están encausados en un procedimiento penal que investiga, entre otros, supuestos delitos fiscales. Lo que se encuadra como una posibilidad que los técnicos siempre han reclamado, en especial, en determinadas investigaciones fiscales o judiciales que afectaban a personas de gran notoriedad pública, como es el caso del expresidente socialista.
Esta posibilidad de abrir inspecciones para interrumpir la prescripción tributaria y exigir los tributos aunque la sentencia firme tarde años en ser dictada, encendió un debate en el que algunas personas, incluso algún exdiputado, o portavoces de alguna organización profesional, negaron en su día el criterio de los técnicos de Hacienda. "Sin embargo, hoy la AEAT ha demostrado que es posible abrir las inspecciones con investigaciones judiciales en curso", apuntaron entonces los técnicos, tras recordar que esta posibilidad se incluye expresamente en la ley general tributaria desde 2015.
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