Es llamativo cómo en el histórico día en el que se ha impuesto la mayor condena a un exministro en democracia, este lunes, la persona sobre la que más se ha debatido –y se sigue debatiendo- no es José Luis Ábalos. Los 24 años de prisión que el Tribunal Supremo le impuso al ex número dos del PSOE han sido opacados por un nombre, del que se hablará durante mucho tiempo por el significado de la pena que ha recibido por el ‘caso Mascarillas’.
Se trata de Víctor de Aldama, el comisionista, al que el Alto Tribunal sitúa como el máximo beneficiario de la trama. La sentencia da por probado que el empresario cobró una comisión de 3,7 millones de euros por la adjudicación fraudulenta de contratos de mascarillas, y que era la pieza clave para garantizar la corrupción que llevó a cabo la organización mediante el pago de dádivas. En ese mismo texto, los magistrados cambian por unanimidad la lucha contra la corrupción política en nuestro país, y sientan un precedente que, sin duda, influirá en otras causas que se juzgan ahora mismo en los tribunales.
El Supremo libra de entrar en prisión a la persona que más se benefició económicamente de la trama. Además, aunque la sentencia da por probado que el dinero del que se lucró Aldama proviene de una actividad delictiva, no le obliga a devolverlo. El motivo, también figura en el texto: los siete jueces del Alto Tribunal consideran que “el Estado de Derecho debe premiar a quienes acreditan delitos graves para el sistema democrático”.
El Supremo reduce la condena que pedían las acusaciones
Los magistrados se apoyan en el Código Penal para premiar la ‘colaboración con la Justicia’ de Aldama, para mandar el mensaje de que ayudar en la lucha contra la corrupción tiene grandes ventajas para quienes, a pesar de haber participado de ella, o incluso de haber sido los artífices, quieran no pagar ninguna consecuencia. Esas ventajas se aplicarán a partir de ahora, según esta sentencia, aunque la persona que preste el testimonio que ayude a esclarecer hechos no lo haga voluntariamente, como contempla la ley, sino una vez que está investigado y acreditado que cometió hechos delictivos.
También se garantizarán beneficios para corruptores que confiesen, a pesar de que se demuestre en reiteradas ocasiones que parte de esas confesiones son mentira, o que correspondan a hechos que ya figuraban en informes policiales. Los magistrados han valorado también que Aldama “ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos seguidos en distintos Juzgados”.
Las ventajas incluyen, como en el caso de Aldama, convalidar cuatro años y medio de prisión por no delinquir en cinco años, informar sobre el uso que se hace de la libertad –no de esos 3,7 millones de euros- y un año de servicios a la comunidad, todo ello sin que se haya reparado el daño causado por los delitos que la misma sentencia reconoce y da por probados.
La pena que los magistrados han elegido imponer a Aldama es inferior a la que pedía la Fiscalía Anticorrupción, que ya la rebajaba hasta los siete años por su ‘colaboración de la Justicia’ y reclamaba una reparación real del daño con una multa de 3,7 millones de euros. Ni siquiera llega a la condena aún más reducida que pedían las acusaciones populares, coordinadas por el PP, que era de cinco años y dos meses, y que ya le libraba de entrar en la cárcel.
Aldama marca el camino a Leire y ‘Julito’
Pero lo más relevante de la posición en la que deja esta sentencia a Aldama, no está en el ‘caso Mascarillas’. Está en lo que ha dicho el propio corruptor en múltiples ocasiones, que “hay muchos” como él. Está en lo que dijo nada más salir del Supremo este lunes: “Espero que, con esta sentencia, los demás que vienen detrás colaboren”. Y está también en lo que amplió su portavoz unos minutos después: “Es un aviso a navegantes”.
Ambos hicieron un llamamiento claro, ante los micrófonos, a las piezas clave de otras investigaciones que afectan al Gobierno o al Partido Socialista, y que se encuentran en fase de instrucción. El caso de Aldama servirá, por ejemplo, al empresario Julio Martínez Martínez, ‘Julito’, el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, y que según los investigadores actuó como intermediario de Plus Ultra durante el rescate a la aerolínea por 53 millones de euros, a cambio de una comisión de ese dinero.
Si Martínez ayuda a esclarecer algún hecho que incrimine al expresidente del Gobierno socialista, podría incluso quedarse con ese dinero. Esto ocurriría, aunque la Audiencia Nacional llegue a acreditar, como investiga, que el empresario utilizó sociedades de su entorno para canalizar fondos procedentes del rescate. Ahora mismo, Martínez lo niega, pero visto el ejemplo de Aldama, quién sabe.
La sentencia también podría servir de ejemplo a la llamada ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, acusada de haber sido la ejecutora de la organización criminal que buscaba dinamitar causas judiciales que afectan al Gobierno. Ahora mismo, la tesis de la investigación era que el líder de la trama era Santos Cerdán, y que era el ex secretario de Organización socialista el que daba las órdenes y ordenaba los pagos. Ahora se abre un nuevo escenario, en el que si Leire sigue el ejemplo de Aldama, podría librarse de la condena por estos delitos a cambio de incriminar a algún cargo más relevante del Ejecutivo o del PSOE.
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