El Tribunal Supremo ha reclamado a Se Acabó la Fiesta (SALF), la agrupación por la que fue elegido eurodiputado Luis Alvise Pérez, sus movimientos bancarios, en el marco de la causa abierta por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de partidos.
Mediante un auto, el magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, accede a diligencias solicitadas por la acusación que ejerce el PSOE y relacionadas con los 100.000 euros que dio a Alvise el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, también investigado junto con el político.
El magistrado requiere al representante legal de SALF la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo en 2024.
Asimismo, emplaza a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional a que investigue y elabore un informe sobre el tráfico de 'wallets' creadas por los investigados.
También insta al Tribunal de Cuentas a que realice un informe y aporte la documentación presentada por SALF sobre la fiscalización de la agrupación de electores en aquellas elecciones.
Seis causas abiertas
Alvise Pérez cuenta con seis causas abiertas en el Tribunal Supremo, la última abierta hace una semana para que el eurodiputado ultra sea investigado por un presunto delito de desorden público por unas publicaciones realizadas en su canal de Telegram en relación con las protestas agrícolas en febrero de 2024.
Para la Sala de lo Penal del Supremo, dichas publicaciones no aparecen en este momento procesal como simples manifestaciones de crítica política, protesta social o adhesiones a una movilización sectorial. Su contenido, explica el tribunal, “valorado de forma conjunta y en su contexto temporal, incorpora llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación, acceso urbanos, centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución; propone la utilización de vehículos propios para apoyar cortes circulatorios; alude a la necesidad de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales; y asocia la movilización a fórmulas de coordinación colectiva con aptitud para afectar de modo grave al orden público”.
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