El Tribunal Supremo ha asestado un nuevo varapalo al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y rechaza paralizar la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de migrantes aprobada por el Ejecutivo central el pasado mes de abril. La decisión se ha comunicado después de las cinco vistas que ha acogido este viernes la Sala de los Contencioso-Administrativo, después de que tanto el Gobierno regional, como Vox y otras asociaciones ultraderechistas -entre ellas Hazte Oír- solicitaran la suspensión cautelar de la medida.
Según ha avanzado elDiario.es, el Alto Tribunal concluye que las tres asociaciones que lo solicitaron, Hazte Oír, Verdad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, no están legitimadas para recurrir la medida aprobada por el Gobierno central; sí lo están Vox y la Comunidad de Madrid, pero el Supremo ha rechazado su petición. En su argumentario en las vistas celebradas este viernes, los recurrentes han puesto de manifiesto que, en caso de que el Alto Tribunal dictara una sentencia para anular el decreto en un futuro, no se podrían revertir las autorizaciones, a la vez que han vuelto a alentar los bulos difundidos en las últimas semanas, como los referentes a un supuesto colapso de los servicios o la alteración del censo electoral.
Frente a estos argumentos, la Abogacía del Estado y la Asociación Pro Derechos Humanos, la Coordinadora de Barrios y el Servicio Jesuita a Migrantes recuerdan la seguridad jurídica del texto y han tumbado los bulos que han puesto de nuevo sobre la mesa tanto la extrema derecha como el Ejecutivo de Ayuso. Así, subrayan que esta regularización se aplica en términos de empleo y residencia, no conlleva la nacionalización, por lo que no es cierto que la medida vaya a alterar el censo electoral ya que, tal y como ha aclarado el abogado del Estado, ninguna de las personas que se acojan a la regularización podrán votar en las próximas elecciones generales.
Entre otras cosas, a la medida únicamente se pueden acoger aquellas personas en situación irregular que no tengan antecedentes penales, que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que lleven residiendo en el país mínimo cinco meses.
En otro orden de cosas, en estas vistas la Abogacía ha informado que desde que el Ejecutivo central dio luz verde a la medida y hasta este viernes 22 de mayo, un total de 549.596 migrantes ya han presentado la solicitud. De estas, 91.905 han sido ya admitidas a trámite, y las cifras podrían registrar todavía cierto aumento ya que el plazo para presentar solicitudes concluye el próximo 30 de junio. El Gobierno ha argumentado ante el Tribunal Supremo que suspender de forma cautelar el proceso que ha impulsado supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general". "Existe una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general, ya que estas personas quedarían en una situación de vacío legal a la espera de que se resolviera el recurso interpuesto", defendió en un escrito la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Migraciones niega "caos" en el proceso
En líneas similares, este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, garantizó que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes "va según lo previsto", a la vez que negó que se haya generado ningún caos: "Efectivamente, ha habido alguna cola para esta tramitación, pero eso no es un caos".
En este orden de cosas, Saiz confirmó que existe "una importante legitimidad" entre las entidades sociales con este procedimiento "que saca de la invisibilidad a miles de personas". "Una legitimidad social, una legitimidad económica y una legitimidad política", ha zanjado. "Estamos hablando de crecimiento, de convivencia, de poner en el centro los Derechos Humanos y de reconocer a personas que ya están aquí, que tienen que tener derechos y lo importante de su aporte para que no se pierda ni una oportunidad Aragón de prosperidad y de desarrollo", sostuvo.
Asimismo, la responsable de Migraciones puso de relieve que se ha trabajado "mucho" en un procedimiento que "está muy dimensionado" y reivindicó las "historias de vida que van detrás de cada una de estas personas que van a tener documentación y que indudablemente van a tener proyectos de vida y que van a aportar".
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