El Supremo pide al Parlamento Europeo que levante la inmunidad a Alvise para llevarlo al banquillo por financiación irregular

El juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha comunicado este martes su petición al Parlamento Europeo para que levante la inmunidad a Alvise Pérez con el fin de poder investigarlo por financión irregular de su partido -Se Acabó La Fiesta- en los últimos comicios europeos. Ello se suma a la causa abierta contra él por acusar a la fiscal para delitos de odio de Valencia Susana Gisbert, por promover el acoso a dos de sus propios eurodiputados y por difundir una falsa prueba PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante la pandemia.

En este sentido, el magistrado del Alto Tribunal señala los delitos de financiación ilegal y delito electoral y considera que el argumento sostenido por Alvise es "poco verosímil" cuando defiende que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo -'CryptoSpain'- le pagó en efectivo funcionaban como contraprestación por participar en un acto de su plataforma de inversiones en el Hipódromo de La Zarzuela y no para financiar su candidatura, pese a que el mismo Romillo lo reconoció en su declaración como investigado el pasado mes de julio.

No obstante, sobre este dinero el juez del Supremo agrega que "no se documenta, se mantiene opaco, y se utiliza para fines electorales, lo que supone una forma de proceder que desequilibra el buen funcionamiento electoral". Asimismo, el magistrado defiende que Romillo obró tratando de aprovechar influencias "ayudando a Alvise a obtener el escaño, rompiendo el bien jurídico protegido que lo es la limpieza y transparencia electoral".

En este orden de cosas, en la resolución Sánchez Melgar explica el motivo de las pesquisas que lo sitúa en que Alvise habría pedido dinero a Romillo "para financiar su partido político, pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad". El empresario, por su parte, habría aceptado, a cambio de "influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo". "Estando ambos de acuerdo, convienen en que la entrega se hará por un tercero, comisionado de Romillo que le llevará una mochila con la cantidad de 100.000 euros", relata el Supremo, aunque precisa que los detalles "se fueron fraguando también mediante mensajería instantánea".

Así, el juez añade que la entrega del dinero "se hizo de forma personal", por lo que el emisario de Romillo le dio el dinero en una mochila, que Alvise se llevó "a su casa sin ingresar tal cantidad, que iba en billetes de diversas clases". En esta línea, el eurodiputado sostuvo que el dinero fue un pago por una charla que dio en el hipódromo de Madrid y que se había gastado la mitad en cosas personales, aunque también reconoció "gastos y necesidades del partido político, como viajes o almuerzos".

Al margen de todo ello, el instructor alega que "este procedimiento judicial no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias". "Los hechos imputados y los delitos que se consideran de aplicación se centran en su actuación anterior en el tiempo a la adquisición de su condición de diputado del Parlamento Europeo", sostiene.

Acoso a sus dos eurodiputados

Con esta nueva causa, ya son cuatro las que se mantienen abiertas contra el eurodiputado. Hace apenas una semana el Supremo incorporaba una nueva investigación por acoso a sus dos eurodiputados Nora Junco y Diego Solier, que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024. Además, también se le atribuye posible delito de revelación de secretos.

Los jueces argumentaron que tras enemistarse con el líder, fueron “víctimas de una continua campaña de hostigamiento” y que llegaron a “temer por su integridad física” tras filtrarse sus direcciones de correo, su teléfono y sus redes sociales. Por su parte, según adelantó el Alto Tribunal instruirá la causa el juez Manuel Marchena.

Con la apertura de diligencias, el Supremo dio respuesta a la querella que presentaron los dos eurodiputados el pasado mes de junio cuando abandonaron el partido después de que Alvise les acusara de venderse al lobby del rearme armamentístico. Con esta nueva causa, abierta tras apreciar indicios de criminalidad, ya son cuatro los procedimientos los que tiene abiertos en el Supremo: la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

Según se desprende del argumentario de los eurodiputados, estos alegan que no solo fueron víctimas de una campaña de acoso y hostigamiento por redes sociales como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado, sino que llegaron incluso a temer por su integridad física al desvelar el lugar donde estaban o al que se dirigían. En ese sentido, denunciaron y acreditaron que, tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibieron una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, hasta el punto de que les generaron "una continua sensación de inseguridad", llegando a modificar "sus hábitos o rutinas".