La Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) ha accedido a la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que se cite a declarar como testigo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Así, corrige la decisión del magistrado instructor Ángel Hurtado, que el 27 de enero rechazó la petición de García Ortiz en el marco de la causa en la que se le investiga por la presunta revelación de secretos que le atribuye González Amador.
El tribunal responde ahora que no ve motivos para denegar la toma de declaración de testifical al querellante cuando quien lo pide es la defensa del propio investigado.
"Siendo la propia defensa quien solicita la declaración del querellante, no vemos motivo para su denegación, pues será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación. Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos", argumenta el tribunal. Al hilo, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el juez instructor practicará las diligencias que le propusieren la Fiscalía o cualquiera de las partes personadas "si no las considera inútiles o perjudiciales".
En el marco de la resolución, que ha sido notificada este mismo viernes, la Sala accede a otra de las peticiones de García Ortiz que el instructor denegó el pasado 27 de enero: la ratificación y aclaración del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dando cuenta de la diligencia pericial relativa al material intervenido en los registros de la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Rechaza pedir el móvil a Miguel Ángel Rodríguez
Por su parte, la Sala de Apelación desestima la petición del fiscal general de citar como testigos a varios periodistas al entender que se han limitado a cumplir "con su misión informativa y, por tanto, han desempeñado su trabajo con la profesionalidad que los caracteriza". Además, recuerda que "están protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes". También ha rechazado requerir el móvil para su volcado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ya declaró como testigo ante instructor.
Para los magistrados, no hay necesidad de que Rodríguez, como testigo, entregue su teléfono. "A dicha persona no le afecta deber alguno de confidencialidad con respecto a actuaciones", señalan e inciden en que dicha petición debería estar "dotada de alguna razón especial" que la defensa, a su juicio, no detalla.
En este sentido, la Sala recuerda que lo que se trata de investigar es "si se quebrantó la confidencialidad propia de la función pública que ostentan" el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, "en relación con elementos documentales bajo su control, no de la actuación de terceras personas, aspectos que podrían hipotéticamente interesar a la investigación, motivo por el cual este punto del recurso de apelación será desestimado".
5.000 euros al mes por el ático
Por otra parte, Alberto González Amador declaró este jueves ante la juez de Madrid que le investiga que paga 5.000 euros mensuales a la sociedad Babia Capital S.L por el ático de lujo situado encima de otro piso que también adquirió él mismo en 2022 con una hipoteca de 500.000 euros, según avanzó 'ElDiario'.
Más de un año después de que se conociera que la pareja disfruta de este inmueble, cabe destacar que el administrador de la sociedad dueña del ático es Javier Gómez Fidalgo, fiscalista que representó a González Amador en su inspección de Hacienda y que ha sido recientemente imputado por la jueza Inmaculada Iglesias por haber ayudado, indiciariamente, a que González Amador defraudase 350.951 euros al fisco.
Por otra parte, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid negío ante la magistrada que haya cobrado ninguna comisión encubierta tras la adquisición en 2020 de la empresa Círculo Belleza SL, dedicada a la estética, por un monto cercano a los 500.000 euros. El empresario defendió que la compra se realizó porque esta empresa tenía un "canal y unos contratos de distribución" que le interesaban, y que la inspección no le preguntó por este extremo en ningún momento cuando se realizó la inspección de Hacienda. De hecho, argumentó que dicho canal de distribución es lo que justifica el precio que pagó.
González Amador, que estuvo ante la juez cerca de dos horas y media, declaró que esta empresa carecía de empleados y activos significativos, lo que motivó las sospechas de que la transacción pudo haber sido una simulación para encubrir una comisión ilícita relacionada con los contratos adjudicados a sus empresas. La declaración de este jueves del novio de Ayuso se centró en presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Estos cargos se suman a las acusaciones previas de fraude fiscal y falsedad documental que pesaban previamente sobre él.
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