La situación legal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se agrava significativamente tras el último movimiento de las acusaciones populares. Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes del caso, el escrito presentado por Más Madrid y PSOE complica la posibilidad de un acuerdo entre las partes implicadas, abriendo la puerta a un proceso judicial más largo y, por ende, más complejo.
Los nuevos delitos
Para ser más precisos, las acusaciones populares han solicitado la ampliación del número de delitos imputados a González Amador, añadiendo cinco nuevas presuntas infracciones a la lista inicial. Estos son los cinco nuevos delitos por los que se investiga al novio de Ayuso:
1. Dos delitos de Administración Desleal: Se acusa a González Amador de haber gestionado de manera desleal los recursos de las empresas con las que tenía relaciones comerciales, perjudicando los intereses de las mismas en beneficio propio.
2. Delito de falsedad contable: Se le imputa la manipulación de los registros contables para ocultar las operaciones reales de la empresa y evitar la detección de irregularidades fiscales.
3. Delito de corrupción en los negocios: Se investiga su presunta implicación en prácticas corruptas dentro de sus actividades empresariales, posiblemente involucrando sobornos o pagos indebidos para obtener ventajas comerciales.
4. Delito contable: Este se refiere a la alteración de documentos contables para disfrazar la verdadera situación financiera de la empresa, afectando así la veracidad de las declaraciones fiscales.
Contexto de la investigación
Inicialmente, la defensa de González Amador había propuesto un acuerdo con la Fiscalía, aceptando reconocer dos delitos de fraude fiscal a cambio de ocho meses de prisión y una multa de 515.000 euros. Sin embargo, la inclusión de estos nuevos delitos por parte de las acusaciones populares ha complicado la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad.
Desde Más Madrid han señalado que la declaración debe ser aplazada para permitir una investigación más exhaustiva de estos nuevos delitos. Además, solicitan una averiguación patrimonial detallada de González Amador, incluyendo un análisis de sus cuentas entre 2019 y 2022 y la presentación de las escrituras de compraventa de sus propiedades.
Por su parte, la magistrada del caso ha decidido suspender las declaraciones previstas para este lunes, aunque no ha mencionado explícitamente la posibilidad de aumentar el número de delitos imputados a González Amador. Las investigaciones se centran en las actuaciones relativas al Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, donde supuestamente se habrían presentado facturas falsas para reducir la cuota tributaria. Las conductas descritas están tipificadas como delitos según el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del mismo código.
Así, con la suspensión de las declaraciones y la inclusión de nuevos delitos en la investigación, el caso del novio de la presidenta Díaz Ayuso parece encaminado a un largo proceso judicial. Las defensas consultadas indican que, si no se llega a un acuerdo de conformidad, podría producirse un juicio en el que se diriman todas las acusaciones, siguiendo un ejemplo similar al caso Tándem.
Qué dice el informe de la Agencia Tributaria
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
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