El mes de septiembre devolverá a los tribunales algunos de los procedimientos con mayor repercusión pública y política de los últimos meses. La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Constitucional concentran en las próximas semanas actuaciones relacionadas con investigaciones que afectan a dirigentes, antiguos cargos públicos, empresarios y personas vinculadas a los principales partidos del arco parlamentario. La agenda judicial incluye nuevas declaraciones en el caso Plus Ultra y en la investigación abierta sobre una supuesta estructura destinada a interferir en procedimientos judiciales, y continúan abiertas causas como la que afecta a Begoña Gómez o la investigación sobre presuntos amaños de contratos de obra pública vinculada al denominado caso Koldo, entre otros asuntos judiciales.
La concentración de actuaciones convierte el inicio del curso judicial en un periodo especialmente relevante para seguir la evolución de varios procedimientos que, pese a su repercusión política, se encuentran en fases procesales diferentes. En algunos casos se celebrarán declaraciones de investigados; en otros, la instrucción continúa abierta y todavía deben practicarse diligencias antes de que pueda determinarse si existen elementos suficientes para avanzar hacia juicio.
Plus Ultra abre la agenda
Los primeros movimientos previstos llegarán los días 7 y 8 de septiembre en relación con la investigación sobre el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, está citado para declarar el día 7. Un día después, el 8 de septiembre, será el turno del consejero delegado, Roberto Roselli. Ambos ya figuran como investigados en el procedimiento. Estas declaraciones adquieren especial relevancia por los escritos presentados previamente por ambos directivos, en los que situaron al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en determinadas gestiones relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros recibido por la compañía.
Zapatero, sin embargo, no está citado para declarar en estas fechas. Las comparecencias previstas corresponden exclusivamente a los dos directivos de la aerolínea que realizaron esas manifestaciones. La diferencia no es menor desde el punto de vista procesal. La existencia de alusiones a una persona en escritos o declaraciones no implica automáticamente que esa persona esté investigada ni que exista contra ella una imputación formal. La investigación deberá determinar, en su caso, qué relevancia tienen las manifestaciones realizadas por los directivos y si existen elementos adicionales que permitan avanzar en alguna dirección.
La gerente del PSOE, ante el juez Pedraz
La agenda continuará el 9 de septiembre con una declaración en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha citado como investigada a Ana María Fuentes, gerente del PSOE. Su comparecencia se enmarca en una investigación sobre una supuesta estructura destinada a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno. También está citado ese mismo día Ismael Oliver, exabogado de Koldo García.
La condición de investigado permite a una persona conocer los hechos que se le atribuyen y ejercer su derecho de defensa durante la instrucción. No supone, por sí misma, que exista una acusación formal ni anticipa una eventual condena. La declaración de Fuentes, además, puede servir para delimitar la participación y el conocimiento que pudieron tener las distintas personas relacionadas con los hechos que se investigan. Será el desarrollo de las diligencias y la posterior valoración judicial lo que determine si el procedimiento continúa respecto de los investigados o si, por el contrario, se archivan total o parcialmente las actuaciones.
Begoña Gómez y la reordenación de la causa
A su vez, la investigación que afecta a Begoña Gómez continúa abierta en Madrid. La Audiencia Provincial ha ordenado reordenar el procedimiento de cara a la eventual celebración de un juicio con jurado por los delitos que permanecen vivos en la causa. La decisión obliga a reorganizar la tramitación de una investigación que ha acumulado distintas líneas y actuaciones desde su inicio. Este movimiento procesal tampoco supone que exista una sentencia ni que se haya establecido responsabilidad penal alguna. La causa continúa en fase de investigación y serán las resoluciones que se adopten durante su tramitación las que determinen qué hechos, si alguno, pueden acabar siendo enjuiciados.
La evolución del procedimiento seguirá siendo relevante por su impacto político y por la posición institucional de la persona investigada, al ser la esposa del presidente del Gobierno. Precisamente por esa repercusión, el desarrollo de la causa exige distinguir entre las diligencias judiciales confirmadas y las interpretaciones políticas que puedan realizar partidos y actores públicos.
El caso Koldo y las adjudicaciones de obra pública
También continúa abierta la investigación sobre presuntos amaños de contratos de obra pública vinculada al caso Koldo. Entre las personas bajo investigación se encuentran el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, Koldo García y varios empresarios.
El procedimiento sigue en fase de instrucción y se centra en determinar si existió una red de actuaciones irregulares en la adjudicación de contratos públicos. La investigación deberá establecer el grado de participación que, en su caso, correspondió a cada una de las personas investigadas y si existen pruebas suficientes para sostener eventuales acusaciones.
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