La revelación del sumario completo del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso ElPlural.com, y la afectación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado y citado a declarar los días 17 y 18 de junio, ha generado muchas dudas. Muchas de ellas se centran en las condiciones de acceso, la aprobación y la utilización de los 53 millones de euros que recibió la aerolínea como rescate. Partidas similares se destinaron a otras grandes empresas, pero la Audiencia Nacional sospecha que en este caso pudieron interceder personalidades relevantes e intermediar información privilegiada.

Así lo apunta el juez de la Audiencia Nacional al cargo del caso, José Luis Calama. Una de las tesis que sustentan esta acusación es, para el magistrado, que Plus Ultra tuvo “acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda”. Si bien la investigación sigue abierta, es posible señalar que la afirmación es totalmente correcta, dado que todas las empresas que se vieron involucradas en estos procesos fueron recibiendo actualizaciones sobre su estado. Es decir, el privilegio de acceso a esta información era, en realidad, un proceder habitual.

El conjunto de empresas fue informado antes de la decisión oficial

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) fue creado en 2020 por el Gobierno de coalición para auxiliar a empresas clave de España durante la pandemia de la Covid-19 y salvaguardar, a la par, su influencia en la economía nacional y en el mercado laboral. La herramienta aprobó 30 operaciones, todas ellas autorizadas por el Consejo de Ministros, por valor de en torno a 3.000 millones de euros y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue el organismo encargado de gestionarlas.

Entre las empresas beneficiadas se encontraban algunas cotizadas, por lo que la transparencia en el proceso era indispensable. Es más, algunas de ellas trasladaron a organismos oficiales e hicieron público el punto en el que se encontraba el proceso, llegando incluso a adelantar que iban a recibir unos fondos que no se aprobarían hasta meses más tarde, tal y como registraron la SEPI o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La razón era anticipar a los supervisores de mercado la situación, evitando alteraciones.

La lógica del proceso también evidencia la razón por la que las compañías conocían el estado de la tramitación, pues participaban técnicos de la SEPI, expertos externos y las propias solicitantes de los fondos. El periódico ElPaís ha ofrecido, este miércoles, detalles más concretos sobre aquellas comunicaciones que demuestran que lo comunicado a Plus Ultra no suponía un trato de favor con respecto a otras empresas o una facilitación de información privilegiada.

En el caso de las cuatro cotizadas, todo quedó patente. Técnicas Reunidas conoció y trasladó en noviembre de 2021 los detalles sobre el fondo que recibirían, pese a que la SEPI no lo comunicó hasta febrero de 2022 y aún faltaba la aprobación del Consejo Gestor y, posteriormente, del Consejo de Ministros. En lo referido a Tubos Reunidos, su propio presidente, Francisco Irazusta, se lo anunció a los accionistas 15 días antes de llegar al Consejo Gestor y casi un mes antes de que lo validase el Consejo de Ministros.

Duro Felguera fue remitiéndole todo avance a la CNMV debido a su complicada situación, desde agosto de 2020, pese a que la aprobación definitiva no llegó hasta el 9 de marzo de 2021. Airtificial, por su parte, adelantó que su capital se ampliaría en mayo de 2021, aunque no se autorizaría la concesión de fondo hasta noviembre de ese mismo año. El grupo turístico Hotusa y la aerolínea Air Europa también conocieron con antelación sus rescates, realidad de la que quedó constancia.

¿Cuándo lo supo Plus Ultra?

En lo que atañe a Plus Ultra, el informe realizado por la UDEF señala que “el mismo día que se presentó el informe del asesor jurídico contratado por la SEPI (26 de febrero de 2021), esto es Deloitte, en una conversación que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Martínez, este último le felicita y le da la enhorabuena por haber obtenido el préstamo”. La Policía considera esto un indicio de tráfico de influencias, al tener “conocimiento previo y extra procedimental del sentido de la resolución”.

Si bien este conocimiento previo no parece muy diferente al del resto de empresas. La aerolínea habría conocido la concesión el 26 de febrero, después del visto bueno de los técnicos (23 de febrero), de Aviación Civil y la Agencia Estatal de la Seguridad Aérea (24 de febrero) y de Deloitte (mismo 26 de febrero). Cuatro días después lo aprobaría el Consejo Gestor, día en el que consta que lo celebró el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y once días después el Consejo de Ministros.

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