El chalet que el juez Juan Carlos Peinado, magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, disfruta en La Adrada (Ávila), sigue siendo polémico a pesar del dictamen de la Fiscalía que daba por prescrito lo relativo a la vivienda.
Tal y como pudo saber ElPlural.com, hace días que el denunciante respondió al órgano jurídico. En el momento de redacción de estas líneas, este periódico ha podido confirmar que éste aún no le ha llegado contestación y que tampoco ha recibido un informe del SEPRONA (perteneciente a la Guardia Civil) que contiene el documento respecto de las posibles irregularidades de la vivienda. “No me ha llegado nada. Lo pregunté, pero todavía no he recibido ninguna nota”, confirma.
“No me responden y, seguramente, no me van a responder (como él considera que debería ser). Me dirán que lo único que tienen obligación de contestar es la resolución del decreto que cierra el tema”, sitúa. En este sentido, recuerda que su denuncia no iba contra el juez, sino contra la actuación del Ayuntamiento de La Adrada. “Y lo que a mí me responden es colateral a ello”, refrenda.
“Yo denuncié a la alcaldesa del municipio porque habiendo una acción pública mía registrada y habiendo pasado más de seis meses no se ha hecho nada”, dictamina en declaraciones a este periódico mientras lamenta que “habiendo pasado más de seis meses no se ha hecho nada”. “Esto, bajo mi punto de vista constituye un delito de prevaricación por omisión del artículo 320 del Código Penal”, emite en conversaciones con este medio de comunicación.
Además, vuelve a destacar las actuaciones del arquitecto. En ese sentido, el firmante de la denuncia cuenta que las labores las llevó a cabo un arquitecto externo cuando “la incoación de un expediente sancionador lo tiene que llevar a cabo el alcalde o alcaldesa de turno y depositarlo en un funcionario”. “Esto es ilegal y prevaricación”, subraya. “Cuando la Fiscalía me diga algo, veremos”
El escrito de la Fiscalía
En el escrito de la Fiscalía de Ávila, al que ha tenido acceso ElPlural.com, se percibe indicios de “criminalidad urbanística”. El Ministerio Público considera que el Consistorio del municipio, bajo mandato del Partido Popular, pudo haber cometido prevaricación al permitir la construcción del inmueble de manera irregular. Si bien el caso ha terminado archivándose por la prescripción de los hechos.
El organismo jurídico aduce a “irregularidades apreciadas en la tramitación del expediente”, las cuales serían pruebas de “conductas con indicios de criminalidad urbanística”. “Pero serían delitos prescritos”, define. En cualquier caso, habla de “uso no permitido”.
En lo que respecta a la actuación del ‘popular’, el texto menciona que no se pusieron en marcha actuaciones algunas para cumplir la normativa urbanística pese al informe del arquitecto local que ya vino advirtiendo de las irregularidades.
A pesar de los indicios que probarían un delito de prevaricación urbanística, debido precisamente a la prescripción, el Ministerio terminó por archivar la causa exponiendo que “no contamos con indicios de que las sucesivas corporaciones municipales hayan tenido conocimientos de las irregularidades descritas, al no constar nuevas comunicaciones del promotor al ayuntamiento hasta 2021”.
La Fiscalía recibió la denuncia sobre la construcción del chalet situando el foco en que el juez Peinado llegó a pedir una primera licencia de obra mayor a finales de 2004, la cual se le fue concedida como suelo urbanizable. Eso no es lo mismo que urbano. Es decir, previamente debería haber desarrollado un plan parcial que hubiese obligado a la parcela a hacer cesiones para dotaciones comunes. En ese sentido, la calificación de suelo urbano no llegó hasta 13 años después, en 2017, con el domicilio ya terminado y el Ejecutivo municipal del PP al mando
Inacción del ayuntamiento
El inmueble se levantó en 2004 sobre lo que se conoce como suelo urbanizable -que, en ningún caso es apto para la edificación-. No es hasta el momento mencionado unas líneas arriba cuando se reclasifica como urbano, pero para entonces el chalet ya estaba levantado.
El informe del arquitecto municipal puso en entredicho la legalidad del proyecto, pero no se ejecutaron medidas correctivas a pesar de que las obras se encontraban en curso y había imágenes aéreas como prueba de ello. La Fiscalía menciona que el Consistorio podría haber entrado en prevaricación al consentir una “obra no permitida”.
El chalet estuvo en una especie de limbo legal durante 13 años. En 2004 se concedió la licencia como suelo urbanizable, lo cual exigía previamente la aprobación de un plan parcial que analizara el entorno, posibles daños… pero nada de esto se hizo. Hasta que en 2017 se levanta la vivienda, coincidiendo el año con el de recalificación de la parcela como suelo urbano.