Pidió duplicar la fianza y el resultado ha sido que se partiera por la mitad. El novio de Ayuso, Alberto González Amador, vio cómo el Tribunal Supremo rebajaba de 150.000 a 75.000 euros la caución impuesta al fiscal general Álvaro García Ortiz, en un movimiento que desactiva sus aspiraciones de elevar la presión económica en el proceso.
La estrategia de González Amador pasaba por un endurecimiento claro de las medidas cautelares. En un escrito elevado al Alto Tribunal, el empresario solicitaba que la fianza no solo no se mantuviera en los 150.000 euros iniciales, sino que ascendiera al doble, hasta 300.000 euros. A su juicio, la actuación de la Fiscalía había supuesto una “lesión continuada” a su honor y su intimidad, cifrando en esa cantidad los daños morales derivados de la nota de prensa que divulgó los correos electrónicos en los que trataba de pactar con Hacienda una sanción para evitar un procedimiento penal.
El Supremo, sin embargo, no recogió su reclamación. Muy al contrario, el magistrado instructor Ángel Hurtado corrigió de oficio el auto de apertura de juicio oral y redujo la fianza a la mitad, hasta dejarla en 75.000 euros. De hecho, tras la rectificación por parte de Hurtado, González Amador comunicaba al Supremo que retiraba el recurso en el que exigía al fiscal general 300.000 euros como indemnización si finalmente el TS decide condenar a Hurtado.
Un ajuste a la doctrina constitucional
La clave de esta reducción está en la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que la fianza en el trámite de apertura de juicio oral no puede anticipar sanciones penales, pues estas solo corresponden a una eventual condena. Hurtado eliminó de la suma inicial la previsión de multa, quedando la caución desglosada en 50.000 euros por responsabilidad civil y 25.000 por intereses, costas y el tercio legal.
La decisión, además, evita que el caso quede expuesto a un previsible recurso que habría tumbado el cálculo inicial. El Supremo blinda así el procedimiento de futuros reveses jurídicos y acomoda la cifra a los límites que marca la jurisprudencia.
El movimiento no afecta de forma sustancial a la posición patrimonial de García Ortiz, que había consignado los 150.000 euros fijados inicialmente mediante un aval, al no disponer de esa suma en metálico. Con la rectificación, la nueva caución queda plenamente cubierta y, de hecho, sobrepasada. El fiscal general prepara, aun así, un recurso de apelación para discutir la propia exigencia de fianza, al entender que incluso los 75.000 euros resultan desproporcionados en comparación con casos similares.
La acusación, intacta
La reducción de la caución no altera el fondo de la causa. El Supremo mantiene abierto el juicio oral contra García Ortiz por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos en concurso, derivados de la publicación institucional de una nota de prensa sobre los correos de González Amador. La acusación popular de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) sostiene sus imputaciones, mientras que la defensa del fiscal general insiste en que no hubo irregularidad penal en la difusión de la información.
Próximos pasos
El proceso entra ahora en fase de escritos de defensa y calificación definitiva, donde las partes fijarán sus posiciones de cara al juicio. Será entonces cuando se determine el alcance de las acusaciones, las posibles penas y las indemnizaciones reclamadas. La defensa de García Ortiz tiene previsto insistir en la falta de tipicidad de los hechos y en el carácter meramente informativo de la nota de prensa que originó el procedimiento.
Por su parte, González Amador mantendrá la reclamación de daños morales, aunque la reducción de la fianza limita la proyección económica de esa tesis en el ámbito cautelar.
Del estallido mediático al revés del Supremo: un año de recorrido judicial
La batalla judicial entre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se ha ido construyendo a través de una serie de hitos que explican cómo se ha llegado hasta la reciente rebaja de la fianza. Todo comenzó en marzo de 2024, cuando el diario El País desveló que González Amador había intentado pactar con Hacienda el pago de una sanción para evitar un procedimiento penal por fraude fiscal. Aquella información desató un terremoto político en la Comunidad de Madrid y puso el foco sobre la relación personal de la presidenta madrileña.
Un mes después, en abril de 2024, la Fiscalía General emitió una nota de prensa confirmando el contenido de los correos que el empresario había intercambiado con la Agencia Tributaria. La reacción de González Amador fue inmediata: acusó a García Ortiz de revelación de secretos y denunció un ataque a su honor y a su intimidad.
En mayo, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se sumó a la querella como acusación popular y pidió al Tribunal Supremo que investigara al fiscal general no solo por revelación de secretos, sino también por un posible delito de prevaricación. La Sala Segunda admitió la causa en julio de 2024 y designó como instructor al magistrado Ángel Hurtado, que abrió diligencias contra García Ortiz.
El proceso avanzó hasta que, en septiembre de 2024, Hurtado dictó auto de apertura de juicio oral y fijó una fianza de 150.000 euros. El fiscal general la consignó de inmediato mediante aval. No obstante, en octubre de ese año, González Amador recurrió y reclamó que la cantidad se elevara hasta 300.000 euros, alegando un grave perjuicio moral.
El desenlace llegó en septiembre de 2025: el Supremo corrigió de oficio la cifra y la dejó en 75.000 euros, aplicando la doctrina del Constitucional. Un movimiento que, lejos de reforzar la estrategia del novio de Ayuso, se ha traducido en un revés directo a sus aspiraciones.