Los tribunales se han convertido en el principal escenario del juego de la política en nuestro país. Los casos con los que la oposición trata de ensombrecer al Ejecutivo, han hecho aparecer dos nuevos nombres en el primer plano mediático: Juan Carlos Peinado, juez de la Audiencia de Madrid que dirige la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y Ángel Hurtado, quien instruye en el Supremo el caso de las filtraciones de información del novio de Isabel Díaz Ayuso, por el que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Existen muchas similitudes entre ellos. A lo largo de los procesos, ambos magistrados han incurrido en contradicciones, la mayoría en beneficio de los intereses políticos del Partido Popular. Este lunes, el juez Hurtado publicó un auto, en el que, a pesar de las evidencias, consideraba que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, no es “un defraudador confeso”. El magistrado, por encima de los dos delitos fiscales reconocidos por el novio de Ayuso, ponía el foco en el “daño reputacional” que este está sufriendo por la publicación por la Fiscalía de una nota de prensa desmontando un bulo difundido por el propio jefe de Gabinete del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.
La “reputación” de los miembros del PP es una preocupación que establece un nexo entre el Alto Tribunal y los juzgados de Plaza de Castilla, más allá de que tanto Hurtado como Peinado tienen bajo su instrucción causas en las que el punto de mira está fijado en el Gobierno de España. En el pasado, ambos han tenido casos en los que el objeto de investigación eran las acciones de miembros del Partido Popular. Estos sirven para observar cómo cambian las varas de medir.
Peinado evitó la imagen de Almeida entrando a un juzgado, pero si fue a Moncloa
Cuatro años antes de citar a Begoña Gómez como investigada a raíz de una denuncia de la ultraderecha con ocho recortes de prensa, Juan Carlos Peinado tuvo entre manos un caso que involucraba a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. El letrado José Luis Mazón interpuso en 2020 una querella contra el primer edil y uno de sus concejales, acusándoles de prevaricación por cerrar los parques de la capital durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19. El sábado 23 de mayo de aquel año, Almeida estaba citado a declarar en Plaza de Castilla, pero a falta de un día el juez Peinado sacó la famosa “reputación” a la palestra.
Una querella “debe ser objeto de cuidado por el órgano judicial antes de citar caprichosamente a cualquier ciudadano”, alegaba el magistrado, quien anuló la declaración del alcalde para el día siguiente. La defensa de Almeida había dado la voz de alarma por que este fuese sometido a la “pena de banquillo”, a lo que Peinado consideró que el objetivo de la denuncia era simplemente tomar una fotografía del primer edil madrileño entrando y saliendo del juzgado.
Entonces, el magistrado llegó a una conclusión a la que no ha llegado en el caso de Begoña Gómez. En 2024, a Peinado no le parece mal la fotografía de un juez entrando por la puerta del Palacio de la Moncloa. Sin embargo, en su auto de 2020, alegó que citar a un cargo público para declarar en el juzgado podía suponer un “inconveniente”, ya que “puede comportar una estigmatización adicional”. Esta, decía, era la intención “perseguida por los denunciantes”, consideración que no hizo sobre Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha que presentó la querella contra Begoña Gómez. El juez Peinado evitó sentar a Almeida en el banquillo por ser una “desconsideración de su imagen”, para tan solo unos días más tarde, archivar la causa.
El juez Hurtado y su preocupación por la reputación del PP
En el caso de Ángel Hurtado, su hoja de servicios deja clara que la conveniencia de la causa contra Álvaro García Ortiz para el Partido Popular, no es ninguna sorpresa, como bien resumió Los Genoveses en este medio, recordando las causas dirigidas por este juez en su amplia trayectoria.
En 2018, Hurtado dirigió la primera macro causa sobre corrupción generalizada por parte del PP. El magistrado, quizás preocupado por su reputación, emitió el único voto en contra de que M. Rajoy se sentase a declarar como testigo. En el transcurso del juicio, fueron constantes sus interrupciones y llamadas al orden a las acusaciones populares. Finalmente, votó en contra de la sentencia condenatoria por entender que sus colegas de tribunal se habían excedido en sus conclusiones por las que, entre otras cosas, acabaron condenando como participe a título lucrativo al propio PP y la ex ministra de Sanidad de Rajoy, Ana Mato.
Otras causas dirigidas por Hurtado que han acabado favoreciendo al partido de Génova incluyen la absolución de Luis Gutiérrez García, militante del PP de Majadahonda, en 2023 por sus insultos a Pilar Manjón, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M. La sentencia, firmada por Hurtado, considera irrelevante la condición de Manjón como familiar de una víctima del terrorismo en los insultos vertidos por el popular. Del mismo modo, en 2009 Hurtado fue ponente en el caso que consideró que el asesinato de José Couso -fotoperiodista asesinado en la invasión estadounidense de Irak- no puede ser achacable a las fuerzas norteamericanas, defendidas por el entonces presidente José María Aznar.
Sobre reputación de miembros del PP, también se incluye su voto en contra de la recusación contra el juez Enrique López López. En 2015, Hurtado y otros tres magistrados negaron la vinculación de este juez con el PP, apuntando a una presunta "campaña mediática orquestada por un determinado sector de la prensa en torno a la presente recusación". Que López participara en numerosos actos organizados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), think tank del Partido Popular, no parece un hecho relevante para Hurtado.