Así es el proceso para designar al sucesor de García Ortiz tras su condena

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Además, también deberá pagar a una multa de 7.200 euros (20 euros diarios durante 12 meses). La sentencia está todavía pendiente de redacción y se prevé que surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma. Tras los acontecimientos de este día el Gobierno ya ha anunciado que activará el proceso para designar a su sucesor.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha anunciado este jueves que el próximo jefe del Ministerio Público será "una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función".

Es así como esta establecido en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF): "El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión".

El texto legal establece que "no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico".

Este apartado formó parte del acuerdo que el PSOE y el Partido Popular suscribieron en junio de 2024 cuando renovaron el CGPJ, ante la polémica que desató que el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2020 nombrara a Dolores Delgado jefa del Ministerio Público un mes después de su salida del Ministerio de Justicia.

Además, según refleja el Estatuto aquel "quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma", tampoco podrá ser elegido para ocupar el cargo de fiscal general.

La comparecencia ante el congreso

Una vez que el Gobierno haya recibido el informe del CGPJ podrá comunicar su propuesta al Congreso de los Diputados. En ese momento, la Cámara podrá fijar la comparecencia de la persona elegida ante la comisión correspondiente para valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.

Más tarde, cuando el Ejecutivo nombre al nuevo fiscal general del Estado, este deberá prestar juramento o promesa ante el Rey sobre que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El propio Estatuto Fiscal es el encargado de determinar que el mandato del jefe del Ministerio Público tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho periodo únicamente podrá cesar por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

Asimismo, el mandato del fiscal general no podrá ser renovado, excepto en el caso de que hubiese estado en el cargo durante un periodo inferior a dos años.