El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado este viernes al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, Álvaro Romillo, también conocido como CrytoSpain, como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acuerda el procesamiento de Romillo y de otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, imponiendo a todos ellos una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Calama ha ordenado a los diez procesados el pago de una fianza solidaria de 247.349.230 euros. El objetivo de esta fianza es poder hacer frente a las posibles responsabilidades económicas a las que en caso de ser condenados tendrían que hacer frente.
El magistrado, que aprecia la comisión de delitos de estafa y organización criminal, ha abierto además una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Según el juez, Romillo, alias 'Cryptospain', "movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo".
Dicha organización estaba integrada por el propio Romillo y por el resto de investigados que, "bajo las instrucciones de su líder, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos".
El objeto de la organización consistía en la “apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas en el portal digital Madeirainvest.com”, la cual parecía ser una plataforma de inversión segura y rentable. Asimismo, el auto ha explicado que a través de la web se ofrecían productos financieros ficticios, como relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales, cuya finalidad era atraer a potenciales inversores.
La fiable apariencia de la web y la solvencia que prometían - aseguraban rentabilidades mínimas del 20% - ha generado que los inversores realizarán aportaciones económicas, las cuales fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión. El magistrado ha asegurado que 3.062 inversores han resultado perjudicados llegando a sufrir grandes pérdidas económicas cuantificadas en 185.511.947,76 euros, debido a la conducta fraudulenta de los acusados.
A la misma vez, el juzgado ha abierto una pieza separada para investigar el desvío de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo. El entramado societario consta de 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones. Finalmente, el magistrado ha decidido mantener en prisión provisional a Romillo por los riesgos de fuga.