Con motivo del frenético arranque de esta semana judicial, con el foco situado en la primera vista judicial de la trama Kitchen, el escenario en los tribunales y en el ámbito político se ha volcado en reacciones y en asentar un terreno de debate que se extenderá de cara a los próximos meses. Una decena de personas, entre ellas cargos de la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y de la Policía Nacional, se han sentado y se sentarán a lo largo de todo el juicio en el banquillo acusados de haber participado en una operación parapolicial que espiaba a Luis Bárcenas.
Pasadas las 10:00 horas de esta mañana del lunes en San Fernando de Henares (Madrid), ha dado comienzo esta primera sesión en el banquillo con la fase de cuestiones previas, en la que las defensas de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y su mano derecha y exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, los dos principales acusados –que enfrentan penas de 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación-, han solicitado que se invaliden algunas de las pruebas determinantes del sumario, además de que se suspenda el proceso judicial aduciendo falta de competencia de la Audiencia Nacional (AN).
El juicio en su conjunto se estima que finalice en torno al 30 de junio, por lo que las cuatro primeras sesiones de las cuestiones previas se han reservado para esta misma semana, y serán seguidas por las declaraciones de más de 100 testigos, entre ellos, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, quien llegó a estar un mes imputada en la causa, pero el juez Manuel García Castellón lo terminó rechazando.
Claves del juicio de la Kitchen
La Fiscalía Anticorrupción sitúa el germen de la supuesta operación de espionaje en la primera mitad de 2013: “Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia”, expone.
Anticorrupción detalla que la misma operación secreta estaba “dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes” en el 'caso Gürtel' que investigaba la Audiencia Nacional. En concreto, el objetivo era hacerse con los archivos que “pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa”.
Puntos de vista dispares en Génova y Ferraz
Desde el plano íntegramente político, las reacciones de Génova y Ferraz han estado este lunes a la orden del día. Esencialmente, desde las filas del PP de Alberto Núñez Feijóo, han apostado por “dejar trabajar a la justicia”, distanciando la época de los hechos con el presente de los tiempos que corren. En palabras del vicesecretario general de Economía, Juan Bravo, el partido mantiene una “posición clara” con respecto a esta cuestión: “Que paguen los actos los que los hayan realizado sin ningún tipo de matiz”.
Al tiempo, ha precisado que el PP de 2023 “no es Kitchen ni Gürtel”, además de que en la cúpula de Feijóo “no hay nadie implicado en causas de corrupción”, mientras ha entrado en críticas contra el mandato de Pedro Sánchez. No obstante, y preguntado así por si desde Génova confían en la inocencia de Rajoy y Cospedal sobre la Kitchen, ha asegurado que “no es juez ni responsable” para determinar una cuestión de tal calibre, pero ha apostado por “no insultarles, no llamarles rojos con toga o no hablar de lawfare –en referencia a los jueces-, sino respetar su trabajo y a partir de ahí cada uno deberá asumir sus responsabilidades”.
Otras voces de peso del PP, como ha entonado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado que la actual Génova “no tiene nada que ver” con esta trama de corrupción, cargando contra el PSOE por pretender “empatar” con el caso de Ábalos y Koldo que llegará este martes a los juzgados. “Creo que estos casos unos y otros no tienen comparación, porque en el primero estamos hablando de algo de hace 13 años. Creo que, además, actualmente el Partido Popular y quienes lo dirigen no tienen nada que ver en esta historia”, ha precisado en declaraciones a medios desde Parla.
En la otra cara de la moneda, los socialistas han solicitado la suspensión del inicio del juicio para investigar a Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos citados como testigos, aunque estuvieron un mes imputados en 2021 bajo la instrucción del juez Manuel García Castellón, que terminó rechazando esta vía.
La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, en el caso ha defendido la necesidad de ahondar en la “conexión política” de la trama: “Tiene que haber aquí otras personas”, ha indicado en esta primera vista, precisando que Cospedal, en su caso concreto, “fue informada directamente por el entonces presidente del Gobierno del éxito de la operación de destrucción de pruebas”.
Al tiempo, la parte socialista ha pedido al tribunal que llame al PP como partícipe de la pieza judicial a título lucrativo, argumentando así que es un partido “beneficiario de la actividad objeto de juicio” o, en detrimento de esta vía, que se presente como responsable civil subsidiario.