El presidente en funciones del Tribunal Supremo Francisco Marín Castán ha leído un durísimo discurso ante el rey Felipe VI durante la apertura del año judicial. Así, el sucesor de Carlos Lesmes no ha dudado en cargar contra los políticos por su incapacidad para legar a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ha recordado que la falta de magistrados ha dejado al Tribunal Supremo en una situación crítica.
"Así, si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida" decía Marín Castán en referencia al bloqueo de cinco años del CGPJ.
Sobre la falta de jueces en el Supremo, ha explicado que, "esta situación, sostenida en el tiempo, está dando lugar a una disminución de las cifras de resolución de recursos mediante sentencia, y la solución a este problema no puede pasar sin más por la asignación de un mayor número de ponencias a los magistrados y magistradas que aún permanecen en las salas afectadas, que ya soportan una carga de trabajo altísima cuyo incremento resultaría del todo incompatible con el estudio sosegado que es inherente a la creación de la jurisprudencia".
Y apostillado que, el escenario es especialmente crítico en las Salas Tercera y Cuarta, hasta el punto de que se hizo imprescindible proponer al Ministerio de Justicia un plan de refuerzo con letrados que, como medida de absoluta emergencia, servirá para paliar la situación y evitar que se cumplan las peores previsiones, que estimaban hasta mil sentencias menos al año, pero que en modo alguno solucionará el colapso en la fase de decisión que se está produciendo por la falta de magistrados.
Y sobre ese retraso ha sido tajante, y muy crítico con los políticos: "La primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable: ciudadanos y ciudadanas, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela efectiva de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible. Un justiciable que contempla con perplejidad cómo los actores políticos, los representantes políticos elegidos en las urnas, se muestran incapaces de alcanzar los acuerdos necesarios para poner fin a esta situación".
La democracia
En un discurso absolutamente demoledor, el presidente en funciones del Supremo ha hablado incluso de cómo peligra la democracia debido a la polarización política. "En la obra “Cómo mueren las democracias”, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advierten de que, en nuestros días, la democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales", ha afirmado.
Marín Castán ha proseguido diciendo que, "en un contexto fuertemente polarizado decae la visión de Estado y se impone con radicalidad la de partido. La destrucción del adversario, como objetivo político, es la antesala de un proceso de degradación democrática. Así lo constató 500 años antes de Cristo el historiador ateniense Tucídides, para quien la descomposición de la sociedad derivaba de ridiculizar la moderación, considerándola un disfraz de cobardía. No es casualidad, por tanto, que el Poder Judicial, cuyo principio y símbolo es el equilibrio y la mesura, representado por la balanza de la Justicia, sea el poder del Estado más expuesto a la influencia de los otros poderes, que tienden, cada día más, a la polarización".
Al acto han asistido la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente del Senado, Pedro Rollán; del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; de la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop; de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio; de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, así como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
